El fiscal regional de la Fiscalía Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en la Región Metropolitana, Héctor Barros, insistió en que el homicidio del disidente venezolano Ronald Ojeda constituyó un crimen político que habría sido orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro y ejecutado por el Tren de Aragua.

“Tiene una connotación distinta, porque además el perfil de la víctima en este caso es un perfil político, él estaba como refugiado político en Chile, participó en un intento golpista al gobierno de turno en Venezuela, y dos meses antes de ser secuestrado y asesinado, nuevamente había regresado a Venezuela con la finalidad de intentar otro golpe de Estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro”, indicó Barros en entrevista con 24 Horas este jueves.

Barros precisó que “han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno y particularmente que quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello”.

Testigos de la investigación mencionan al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como la persona que habría negociado con el jefe del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, para que uno de sus brazos concretara el secuestro y posterior homicidio del exmilitar en febrero de 2024.

“Esos son antecedentes que se han ido incorporando en la carpeta investigativa, lo que pasa es que lo que se requiere para efecto de poder formalizar y pedir una extradición es un estándar superior, nosotros estamos trabajando siempre en estas causas con un estándar de juicio oral, no solo para efecto de formalizar o conseguir una extradición. Por ello es que los antecedentes que necesitamos tienen que ser antecedentes un poco más fuertes para efecto de poder ir por esa vía”, aseguró el fiscal Barros.

Respecto a cómo deberían proceder, el persecutor no descartó que se busque extraditar a Cabello.

“Se podría pedir respecto de él en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación, o sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para el efecto de llegar a esa situación y como ha señalado siempre el fiscal nacional (Ángel Valencia), nosotros vamos a perseguir a quien corresponda perseguir y en el país en que esté en este caso en particular”, recalcó.

El fiscal explicó que “en este caso en particular lo que corresponde es hacer una formalización, pedir una orden de detención y posteriormente iniciar un proceso de extradición”.

“Ahora, tenemos que tener claro que de acuerdo a la Constitución venezolana la extradición no existe en su país, vale decir, los sujetos que están en Venezuela no son extraditables a ningún país”, puntualizó.

Consultado por su convicción de que el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela es uno de los autores intelectuales del crimen, Barros insistió en que deben poder probarlo en un juicio.

“Yo prefiero siempre asegurarme, o sea, la verdad que uno pueda decir de la investigación es una y lo que podemos probar en este momento con los antecedentes otra. En este caso existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello, lo que pasa que lo que requerimos es un estándar superior para efecto de poder formalizar”, sostuvo.

Tras esto, dijo que no tiene dudas de que se trató de un crimen con una motivación política.

“Este caso claramente tiene un perfil político”, indicó, recordando la forma en que fue ejecutado y el hecho de que el Tren de Aragua nunca había secuestrado y asesinado a una persona ajena a su organización sin pedir rescate.