Iban dieciséis minutos de audiencia cuando el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra escuchó el primer misil en su contra de parte del juez del Cuarto Juzgado de Garantía Guillermo Rodríguez.

“El imputado, como fiscal regional, asumió la dirección del caso Penta en noviembre de 2015. Y desde 2016 sostuvo comunicaciones con Luis Hermosilla para conocer la postura de la UDI y tomar decisiones de fondo”, señaló el magistrado.

Al oír esa parte de la resolución, Guerra se encogió de hombros y movió la cabeza en señal de negación. Fue esa misma postura la que sostuvo a lo largo de la formalización. En las dos jornadas donde prestó su testimonio en extenso, negó que los hechos que se le imputaban eran constitutivos de delitos.

Este jueves, luego de nueve jornadas de audiencias de formalización, el tribunal resolvió dejar en prisión preventiva a Guerra, quien es investigado por los delitos de cohecho, revelación de secreto y prevaricación. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, imputó a Guerra 13 hechos entre 2016 y 2021. Entre ese período, sostuvo varios diálogos, la mayoría de ellos por WhatsApp con Luis Hermosilla donde fue consultando y comentando el devenir de causas que involucraban a políticos vinculados a la UDI.

Pese a que el juez consideró que la mayoría de los delitos de prevaricación y revelación de secreto estaban prescritos, debido a que sus penas son de simple delito (menos de cinco años) y se agotan con esa misma temporalidad, puso el acento en el cohecho donde acreditó la mayoría de las acciones imputadas por la Fiscalía. Fue en ese marco que el juez realizó duros reproches a las acciones que ejecutó Guerra.

Resolución lapidaria

“El Whastapp del 21 de septiembre de 2016 acredita que Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI, infringiendo el principio de objetividad del artículo 3 la Ley Orgánica del Ministerio Público”, dijo el juez al abordar el hecho 1, relativo al caso Penta.

Fue en esa conversación, donde Guerra le escribió a Hermosilla para manifestar que estaba “preocupado” por “los escasos avances” para ir terminando el caso en relación a los militantes de la UDI y también en la causa relacionada a Santiago Valdés, cercano al expresidente Sebastián Piñera. “En el fondo, saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo”, le escribió Guerra a Hermosilla en ese entonces.

Luego, el magistrado también lanzó dardos respecto al hecho 3, relativo a la investigación por Exalmar y Dominga, que involucró a Piñera y que se inició en noviembre de 2016, pero que se cerró en julio de 2017 con el sobreseimiento del exmandatario. “Guerra prescindió deliberadamente de antecedentes disponibles en la carpeta para solicitar el sobreseimiento de una causa políticamente sensible para el sector que eventualmente lo contrataría”, leyó el juez.

Más adelante, el magistrado dio por acreditado que Guerra reveló la estrategia del Ministerio Público con Hermosilla, quien representaba al gobierno en causas del estallido social. En ese contexto, también se acogió que Guerra actuó como una suerte de “asesor” del exministro Andrés Chadwick quien por esas fechas había renunciado al cargo de ministro del Interior y comenzaba a ser perseguido por otra Fiscalía por hechos derivados del estallido.

El juez señaló que con las comunicaciones entre los imputados se podía describir que se originó una estructura triangular conformada por Guerra, Hermosilla y Chadwick.

Guerra recibió el contrato de la Universidad San Sebastián, donde ingresó con un sueldo superior a los $6 millones y donde Chadwick era decano, un día antes de que presentara su renuncia al Ministerio Público. Eso fue en agosto de 2021.

El tribunal consideró que Guerra era un peligro para la seguridad de la sociedad y que su irreprochable conducta anterior no era suficiente para rebajar el umbral punitivo. Tampoco consideró que su declaración haya sido una colaboración con la investigación porque negó que haya habido delitos.

“Se debe tener presente la gravedad de los delitos (…) El Ministerio Público no es una agencia estatal ordinaria. El imputado Guerra no era un subalterno, era el fiscal regional metropolitano Oriente con competencia sobre una fracción significativa de la actividad jurisdiccional de la Región Metropolitana. La gravedad de los delitos funcionarios se intensifica en razón directa de la jerarquía del cargo que ostenta el imputado”, dijo el magistrado.

“A diferencia de los delitos comunes, los delitos que se imputan generan un daño sistemático a la confianza institucional de carácter irreversible. El mensaje que el conjunto de conductas envía a la ciudadanía es que la persecución penal no es igual para todos”, añadió el juez.

Apenas el juez pronunció la palabra prisión preventiva, un gendarme se instaló al lado de Guerra, quien alcanzó a darse vuelta y entregar su billetera a su hermana, la también abogada María Paz Guerra. Minutos antes, su hermana lo había recibido con un abrazo en el Centro de Justicia de camino a la sala donde Guerra escuchó la resolución.

Conocedores de la causa dicen que para el Ministerio Público la novedad del cohecho que se le imputó a Guerra fue que el exfiscal fue elaborando una suerte de “crédito” que luego podría cobrar. No era el típico delito funcionario donde el imputado recibió un “maletín con dinero” al instante por una prestación, sino que fueron acciones en vista de peticiones futuras, como fue el trabajo que obtuvo en la universidad San Sebastián y la frustrada intención que tenía el expersecutor de ingresar como consejero del CDE. Justamente, esa era la parte más difícil de acreditar en este estadio procesal, comentan fuentes de la indagatoria, y lo que habría llevado al fiscal Carrera a explorar todos los escenarios procesales para la causa.

Así fue como quien hace más de dos décadas se encargara de perseguir delincuentes en varias jurisdicciones del país, ingresó a cumplir prisión preventiva al Anexo Capitán Yáber, un hecho inédito en la historia del Ministerio Público dado su rol de fiscal regional.

Reacciones a la prisión preventiva

El fiscal Carrera se mostró conforme con la resolución. “Es primera vez que un fiscal regional está en prisión preventiva. Más allá de que esta sea una etapa más, porque lo que importa es el juicio oral que vamos a tener en su oportunidad, estamos conformes porque en cada una de las instancias se ha dado por acreditada la investigación del Ministerio Público”.

Consultado por cuál podría ser el futuro de Chadwick, quien sigue en calidad de imputado, Carrera, dijo que aún no se han tomado decisiones para formalizarlo.

Por su lado, uno de los abogados de Guerra, Carlos Mora Jano, dijo que estudiarán la resolución para recurrir. “La verdad es que fue una resolución bastante larga, resolución que evidentemente nosotros no compartimos como defensores. Tenemos que estudiar la resolución porque echamos de menos nuestra argumentación. Tenemos plazo de cinco días para ver qué acción vamos a interponer”.

“Nuestro representado llegó caminando a la audiencia y colaboró durante toda la investigación”, agregó.