Nacional

Contraloría desestima solicitud de reevaluación que hizo Orrego ante informe que detectó irregularidades por coaching

El ente fiscalizador ratificó la "constatación de servicios que no se encuentran contemplados en los objetivos y actividades de la contratación en estudio, como tampoco se relacionan con la naturaleza y finalidades del Gobierno Regional".

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La Contraloría General de la República (CGR) desestimó la solicitud de reevaluación que hizo el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano de Santiago por el informe en que se reprochó el gasto en asesorías de coaching que coincidieron con la campaña de Claudio Orrego de fines de 2024.

La asesoría significó un pago de $31 millones a la empresa Vera y Asociados S.A., vía trato directo.

“Considerando los argumentos expuestos, se desestima la solicitud de reevaluación presentada por el Gobierno Regional Metropolitano, manteniéndose lo observado y las acciones requeridas", indicó el organismo, ratificando las disposiciones del Informe Final N° 873, de 2024.

En el oficio emitido por el ente fiscalizador, a propósito de esta ratificación, se precisa que la observación formulada no se refirió a señalar que el coaching contratado fue un coaching político.

“La observación en análisis se refiere a la constatación de servicios que no se encuentran contemplados en los objetivos y actividades de la contratación en estudio, como tampoco se relacionan con la naturaleza y finalidades del Gobierno Regional, en las cuales se analizaron materias relacionadas con la campaña electoral de don Claudio Orrego Larraín y contingencia política”, se aclara.

La Contraloría explicó que del análisis efectuado a los antecedentes que fueron proporcionados por el GORE y que respaldaron el pago por ese servicio y “que no correspondió a la totalidad de los antecedentes solicitados durante la fiscalización”, identificaron “minutas con alusiones y contenidos que no se encontraban contemplados en los objetivos y actividades de la contratación en estudio, y tampoco se avenían con la naturaleza y finalidades del Gobierno Regional como institución”.

El razonamiento de la Contraloría

“Dichas alusiones eran en torno a materias relacionadas con la campaña electoral de don Claudio Orrego Larraín y contingencia política”, plantea el oficio.

Asimismo, detalla que la auditoría realizada constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo sostenidas con diversos funcionarios y servidores a honorarios del GORE, y con el gerente general de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana.

Según indica la entidad que encabeza Dorothy Pérez, fueron proporcionadas “únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones, en las cuales se verificó que, en 16 de estas, se abordaron materias que no se relacionan con las funciones que el ordenamiento jurídico le ha encomendado a esa entidad regional”.

Esto, frente a la alegación que hizo el Gobierno de Santiago respecto a que resumen de las sesiones de coaching responde a la ejecución de 194 sesiones en 3 años y medio, a funcionarios, tanto de dependencia del órgano ejecutivo del GORE como del Consejo Regional.

La defensa que hizo el GORE, según consigna el oficio de Contraloría, planteó que Orrego asistió a ocho de las 194 sesiones y, por ello, no se podría catalogar esta actividad que se desarrolló por más de tres años como una asesoría destinada a beneficiarlo solo a él.

Causa penal y acción de cores

En marzo, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente comunicó su decisión de no perseverar ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en la causa penal que se abrió luego de que la Contraloría remitiera al Ministerio Público los hallazgos.

La determinación fue tomada por la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el fiscal Cristóbal Salazar luego de ejecutar una serie de diligencias para indagar la eventual existencia de hechos constitutivos de delitos.

Fuentes del caso dieron cuenta que el Ministerio Público desplegó una serie de pericias y ninguna arrojó resultados para continuar la indagatoria.

El escrito de reconsideración, hoy desestimado, fue presentado luego que, en junio de 2025, se conocieran las conclusiones del informe del ente fiscalizador.

Consejeros regionales (cores) de la UDI y el Partido Republicano utilizaron los reproches de Contraloría a las asesorías para sustentar una reclamación en la justicia electoral e ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), usando estos mismos antecedentes, para pedir la remoción de Orrego.

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