La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado, en hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2023, en la capital de O’Higgins.

En un fallo unánime dado a conocer este jueves, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Marcela de Orúe Ríos, Miguel Ángel Santibáñez Artigas y la abogada (i) Claudia Álvarez Sepúlveda, rechazó la apelación de la defensa y confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Que, en relación al tiempo que ha durado la investigación y que el imputado lleva privado de libertad, como ya ha resuelto esta Corte con anterioridad, contrario a lo sostenido por la defensa, el mero transcurso de este, si bien es un elemento a considerar para modificar la cautelar de prisión preventiva, lo cierto es que, en la especie, estamos ante un proceso de alta complejidad y gravedad, por lo que la duración que ha tardado la investigación se condice con ella, enmarcándose, en todo caso, dentro del margen del tiempo establecido en el artículo 247 del Código Procesal Penal”, afirma el fallo.

Godoy, exmilitante del Partido Socialista que fue intendente de O’Higgins en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, fue formalizado en abril de 2024 y entonces se fijó su prisión preventiva. Cuando completó un año con la cautelar, el Juzgado de Garantía de Rancagua optó por mantener su prisión preventiva, pero solo por peligro de fuga y fijó una caución de $70 millones. En la oportunidad, el Ministerio Público apeló y la Corte de Apelaciones de Rancagua revirtió esa decisión.

La Fiscalía de O’Higgins sostiene que la autoridad comunal habría generado una defraudación cercana a los $2.300 millones, al haber favorecido, a cambio de dinero, a una red de empresarios, coimputados en la causa, mediante tratos directos sin justificación, el no cobro de multas y pagos a obras no realizadas.

La resolución de la Corte de Rancagua plantea que, contrario a lo que señalaba la defensa, los nuevos antecedentes del caso y “la reformalización de la investigación de la que ha sido objeto, en realidad, no lo benefician, sino que, por el contrario, agravan su eventual responsabilidad penal”.

“En relación a la necesidad de cautela, atendida la gravedad y naturaleza de los hechos por los que se encuentra formalizado, el carácter y reiteración de los mismos, unido a la gravedad de la pena asignada a dichos ilícitos, cabe concluir que la libertad del imputado aún constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual resulta proporcional mantener la prisión preventiva que se ha dispuesto”, concluye.