El pasado viernes, el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel discutió y tomó el acuerdo respecto de los sumarios que abrió esta jurisdicción en contra de notarios y conservadores. Fueron cuatro investigaciones administrativas, activadas tras la trama bielorrusa, que fueron llevadas por la fiscal judicial Carla Troncoso.

Fue hace algunas semanas que el pleno de San Miguel hizo la vista de la causa y tras una relación de cerca de una hora, optaron por dejar la causa en estudio. Luego de eso fue el viernes de la semana pasada que tomaron el acuerdo y la resolución fue firmada este lunes. La sentencia será redactada por la relatora de pleno Nicole Kemp, a quien el pleno le encargó hacerlo en 10 días.

Según publicó el medio Reportea, el pleno de la Corte de San Miguel de forma unánime acogió la sugerencia de la fiscal Troncoso y abrió un cuaderno de remoción en contra de Yáber, uno de los principales imputados en la trama bielorrusa.

De hecho en sede penal Yáber fue formalizado por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos, ente persecutor que le imputó el delito de lavado de activos y tras lo cual quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Lo anterior, porque según los antecedentes del Ministerio Público, el conservador de Puente Alto habría blanqueado el dinero con que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec habría pagado coimas a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quien transfería los recursos a Yáber, el conservador de Chillán Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro. Dinero que posteriormente retornaba a la cuenta de Migueles.

Con esta decisión, Yáber queda al borde de la remoción. Esto será un segundo proceso, adicional al sumario, que deberá ser instruido por un juez en base a los antecedentes del sumario. Luego el pleno votará su expulsión. Esa decisión será recurrible ante la Corte Suprema en caso de que la defensa así lo estime conveniente.

El pleno de San Miguel también tomó decisiones respecto de los otros sumarios. En el caso del notario Rodrigo Ortúzar, la instructora de la indagatoria administrativa lo sancionó con censura por escrito y lo absolvió del cargo que hacía referencia al intercambio de plata que tuvo con Migueles. La razón apuntaba a que eso ocurrió antes de que ingresara como auxiliar de la justicia al Poder Judicial. Respecto del notario Claudio Barrera, la fiscal también lo absolvió debido a que el contrato respecto del auto de Vivanco fue elaborado en otra notaría y él solo autorizó la firma. Finalmente respecto del exnotario interino Fernando Martel, solo fue multado, ya que no forma parte del Poder Judicial.

Tras la publicación de la resolución, y que se conociera la apertura del cuaderno de remoción, la defensa del conservador -representada por los abogados Guillermo Chahuán y Sebastián Contreras- presentaron un recurso de nulidad del acuerdo del pleno. Lo anterior, afirman en su escrito, apuntando a que se violó el secreto de la resolución, “además de transgredir los principios de reserva, imparcialidad y debido proceso que deben regir en todo procedimiento”.

Junto con eso, los abogados de Yáber también pidieron la apertura de una investigación disciplinaria para determinar el origen de la filtración del caso. Por otro lado, también requirieron que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para que se indaguen presuntos delitos en lo sucedido.