Una Guía Práctica de Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales dio a conocer este viernes la Superintendencia de Educación, esto ante los episodios críticos de violencia en contextos educativos.

El documento, según explican, busca orientar a sostenedores, directivos y comunidades educativas en la prevención y respuesta ante hechos que comprometan la integridad de estudiantes y equipos docentes.

El texto, por ejemplo, recoge la necesidad de revisar y actualizar los protocolos de convivencia y violencia escolar, así como de fortalecer el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) mediante la creación de Comités de Seguridad, instancias que permitirán coordinar acciones preventivas y de respuesta frente a emergencias, considerando la actual normativa, en espera de que sea aplicable la nueva Ley de Convivencia, Buen trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.

La guía también pone especial énfasis en el refuerzo de medidas psicológicas y de salud mental, reconociendo que el bienestar emocional de estudiantes y funcionarios es clave para prevenir situaciones de riesgo.

Se recomienda implementar acciones de acompañamiento, detección temprana de conductas autolesivas y canales claros de comunicación con las familias, tanto en la prevención como en la contención posterior a un episodio crítico.

El foco del documento también está puesto en medidas más específicas y urgentes, que apuntan a reforzar la seguridad en los establecimientos y a garantizar la protección de toda la comunidad educativa.

Respecto de las anteriores se destaca la adecuada coordinación interinstitucional con Carabineros, municipalidades y redes asistenciales, lo que permitirá prevenir y abordar oportunamente situaciones críticas que afecten la trayectoria educativa de los estudiantes.

En ese mismo sentido, se establece la necesidad de reforzar el control de ingreso y salida de los establecimientos educacionales, regulando procedimientos claros para retiros anticipados y evitando situaciones de riesgo. Estas medidas buscan asegurar que los estudiantes permanezcan en un entorno protegido durante toda la jornada escolar, con protocolos conocidos y respetados por la comunidad educativa.

Otro aspecto relevante es la evaluación de la instalación de sistemas de vigilancia y supervisión preventiva, siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. La utilización de cámaras de seguridad, por ejemplo, debe estar debidamente regulada y limitada a fines de resguardo general del recinto, evitando cualquier forma de vigilancia excesiva o invasiva en espacios pedagógicos.

La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, subrayó: “La seguridad y el bienestar de estudiantes y equipos educativos son una prioridad absoluta. Esta guía entrega herramientas concretas para actuar con rapidez y responsabilidad frente a situaciones extremas, reforzando la cultura de prevención y el trabajo conjunto con las familias y autoridades”.

Asimismo, el documento contempla la definición de dispositivos de alarma que permitan alertar a la comunidad educativa frente a emergencias, diferenciando entre hechos ocurridos dentro o fuera del establecimiento y estableciendo protocolos de evacuación o confinamiento, según corresponda.

La orientación también destaca el deber de denuncia dentro de las 24 horas de cualquier hecho constitutivo de delito que afecte a los alumnos o que ocurra en el recinto educacional. Esta obligación recae en directores, inspectores y profesores, y busca asegurar una respuesta rápida y coordinada con las policías y el Ministerio Público, quienes podrán disponer medidas de protección en favor de los denunciantes.

En el ejercicio de su autonomía y frente a hechos graves que afecten la convivencia, los establecimientos pueden tomar medidas disciplinarias como expulsión y cancelación de matrícula, aplicando la Ley N° 21.128, conocida como “Aula Segura”, y siempre resguardando el debido proceso.

Finalmente, se establece la posibilidad excepcional de reemplazar actividades presenciales por clases telemáticas, en casos de fuerza mayor que impidan la presencialidad.

Si las clases son suspendidas por una amenaza o emergencia crítica, esto debe ser informado a la Dirección Provincial de Educación. La superintendenta (s) Adriazola comentó que “queremos que las comunidades educativas cuenten con protocolos claros y eficaces. De ahí la importancia de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de los establecimientos educacionales frente a escenarios críticos”.

La guía completa está disponible en el sitio oficial de la Superintendencia de Educación: www.supereduc.cl.