La Corporación Administrativa del Poder Judicial realizó una evaluación de los daños generados en la infraestructura de los tribunales del país por ataques y manifestaciones de corte violento en sus dependencias desde Arica a Punta Arenas, entre el lunes 21 de octubre y el martes 10 de diciembre.

De acuerdo al reporte, se registró un total de 97 tribunales con diferentes tipos de daño.

El proceso de restauración y reparación durará al menos dos años y requerirá de una inversión aproximada de $ 3.000 millones.

La institución detalló que los tribunales más afectados fueron el Juzgado de Letras de Colina, que fue incendiado en un 80% de su infraestrutura, por lo que jueces y funcionarios tuvieron que ser trasladados a nuevas dependencias facilitadas por el municipio; el Palacio de Justicia de Concepción, que se ubica en la Plaza de la Independencia de la ciudad penquista y que ha concentrado diferentes marchas, manifestaciones y enfrentamientos violentos; el Centro de Justicia de Puente Alto, que fue atacado y apedreado en varias oportunidades por manifestantes; además, del Juzgado de Letras y Garantía de Caldera, que fue atacado por un grupo de personas, que ocasionó diversos daños en sus accesos, vidrios, caseta de guardias, puertas y artefactos como televisores ubicados en su interior.

El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, explicó que, además de rayados exteriores, los daños a instalaciones judiciales fueron generados principalmente por apedreos, lo que ocasionó destrozos en fachadas y rompimiento de vidrios y mamparas.

"Esta situación nos obligó a reforzar la seguridad de las instalaciones y a tomar las medidas de seguridad que permitieran mantener la continuidad del servicio otorgado", puntualizó.

El Poder Judicial precisó que la inversión aproximada de $ 3.000 millones para refaccionar los tribunales dañados, no incorpora el proceso de reconstrucción del Juzgado de Letras de Colina.

Para ello se estima un presupuesto que podría alcanzar los $ 5.000 millones, aunque se baraja también la posibilidad de construir un nuevo centro de justicia en la comuna, lo que requerirá de una inversión mayor de $21.000 millones, dependiendo del tipo de construcción, tiempos y competencias que se incorporen.