La gran apuesta del gobierno y de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento para encauzar el histórico conflicto territorial con el pueblo mapuche se percibe estancada. La consulta indígena recomendada por la instancia, iniciada el 13 de agosto para las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, debía recoger opiniones y acuerdos respecto de un nuevo sistema de tierras. Sin embargo, en sus primeras semanas lo que ha dejado han sido una serie de suspensiones, protestas y comunicados de rechazo en múltiples comunas del sur del país.

Lo anterior comienza a verse como un fracaso político para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien apostó por la instancia presidencial -que tomó casi dos años y costo $1.558 millones- para destrabar un conflicto histórico. Y es que pese a que en rigor las consultas no son vinculantes para llevar adelante las propuestas emanadas de la comisión, las críticas al proceso dejan al descubierto que el tema indígena sigue siendo delicado.

Solo el pasado viernes 22 de agosto, comunidades mapuche en Purén (Araucanía) interrumpieron con lienzos la realización de la primera etapa de la consulta, lanzando sus dardos en contra del senador DC Francisco Huenchumilla, por “politizar el proceso con fines electorales”.

“Comisión para la Paz = Huenchumilla = Huenchamullo”, se leía en uno de los lienzos expuestos en el Salón Cultural Rodolfo Durán de Purén, donde se estaba llevando el proceso.

Incluso, el mismo 13 de agosto comunidades de Melipeuco y Cunco (Araucanía) impidieron que la reunión programada en el Gimnasio Municipal de la comuna se realizara. Además, obligaron a suspender la instalación de los equipos del gobierno.

El proceso, que busca validar la creación de una Agencia de Reparación con autonomía para administrar un fondo de tierras y un tribunal administrativo de integración mixta para resolver conflictos, ha enfrentado resistencia desde el arranque. Aunque fue presentado como el instrumento central para avanzar en la hoja de ruta diseñada por la Comisión Presidencial para la Paz, en el territorio se percibe como una iniciativa impuesta “desde arriba”, sin participación efectiva de las comunidades.

Entendidos en la materia sostienen que esas son parte de las razones que han llevado a que el proceso se haya visto interrumpido estas últimas semanas. Y es que dirigentes mapuche han tachado la instancia como una “consulta de mala fe”, orientada a cerrar las demandas territoriales antes que a repararlas.

En Purén, por ejemplo, las comunidades denunciaron que el proceso busca “poner punto final a la legítima restitución territorial” y que pretende dar por cerrado el conflicto histórico sin atender las demandas pendientes. En Coñaripe, en tanto, dirigentes criticaron que el sistema propuesto reduzca la tierra a una mercancía, con subdivisiones de predios de hasta media hectárea, invisibilizando su carácter espiritual, cultural y comunitario.

Desde Pargua, (Los Lagos), la comunidad Pepiukelén acusó directamente que el nuevo sistema es “otra forma de despojo”, pues según argumentaron se reconoce apenas un 10% del territorio ancestral y deja fuera a la mitad del pueblo mapuche que vive fuera del territorio histórico.

La falta de representación de otras comunidades es también la tónica de la oposición al proceso. Y es que si bien se zanjó que la consulta sería aplicada solo a las cuatro regiones que se ven afectadas por la restitución de tierras (y por consiguiente solo a las comunidades indígenas radicadas ahí), hay quienes argumentan que esta debería extenderse a nivel nacional.

Sebastián Naveillán, excomisionado y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, cuestiona en La Tercera el diseño mismo de la consulta, que por mandato del Convenio 169 se circunscribe al pueblo mapuche. A su juicio, el proceso debería involucrar a todos los ciudadanos de las cuatro regiones donde se aplicaría la nueva política de tierras, ya que -según recalca- sus efectos no se limitan a las comunidades indígenas.

“Esta es una ley que nos afecta a todos, por una u otra razón, y donde todos los ciudadanos deberíamos opinar qué política pública en cuanto a temas indígenas queremos tener como país”, señala, planteando que solo una consulta más amplia permitiría poner “punto final” al conflicto.

El rechazo vino incluso de la expresidenta de la Convención Constitucional y hoy candidata al Senado por La Araucanía en cupo del Partido Comunista, Elisa Loncon, quien pidió derechamente suspender la consulta.

“Se ha cuestionado que no participaron los pueblos en su definición. Fue una comisión técnica. Ahora hay una consulta, y esa consulta ya ha sido rechazada antes de realizarse. El gobierno debiera detener este proceso y abrir un nuevo mecanismo de diálogo permanente, representativo y con base en la historia”, señaló en entrevista con Radio Nuevo Mundo.

A esta idea se sumó también el senador y presidente PPC, Jaime Quintana, quien hizo un llamado al gobierno a detener el proceso argumentando que la metodología empleada “no logró recoger adecuadamente la realidad de las comunidades, especialmente del pueblo mapuche, lo que hace difícil avanzar en este proceso tal como está”.

Si bien reconoció el esfuerzo del Ejecutivo y de los comisionados, sostuvo que el contenido del informe “se percibe distante y genera dudas legítimas, incluidas las mías”. En esa línea, planteó que lo más adecuado es suspender la aplicación de la consulta y “retomar el diálogo con las autoridades ancestrales para evaluar si es posible reconducir este esfuerzo o construir una nueva agenda con los pueblos originarios”.

A la moción se han sumado otros personeros como la consejera de la Corporación Nacional Indígena (Conadi) Ana Llao y el dirigente mapuche Alberto Curamil.

Más cauto fue el senador DC Francisco Huenchumilla, quien integró la Comisión para la Paz, pero recalcó que su tarea terminó con la entrega del informe. “Yo apoyo el proceso en cuanto a que haya una consulta, pero dejo claro que las comunidades son completamente libres de opinar. Los ocho ciudadanos terminamos nuestra tarea, y no nos corresponde pronunciarnos sobre algo en lo que ya no tenemos competencia”, sostuvo en Radio Duna.

El legislador además criticó la reacción de Loncon, señalando que “no podemos tener una actitud paternalista dictándoles pautas de conducta a las comunidades”.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió este lunes el trabajo de la Comisión para la Paz y la continuidad de la consulta indígena, en medio de críticas de Loncon. “Esta comisión tuvo meses de trabajo, con participación transversal y territorial de miles de personas, y elaboró una propuesta que, por el Convenio 169 de la OIT, debe ser sometida a consulta. Vamos a seguir promoviendo el diálogo”, afirmó.

Subrayó que las comunidades tienen miradas diversas, pero recalcó: “Lo importante es que haya consulta, que haya diálogo. Vamos a insistir en ese proceso porque es fundamental para el presente y futuro”.

Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la U Central Sergio Fuenzalida advirtió que cerrar la negociación ahora, adoptando una posición maximalista, “podría significar abortar un proceso que es posible que no se vuelva a abrir en mucho tiempo”. Destacó que la consulta ofrece una “rendija de oportunidad” para que los dirigentes y organizaciones indígenas planteen sus cuestionamientos y posiciones, y enfatizó que, pese a las desconfianzas naturales, es crucial escuchar el planteamiento de la comisión, que incluyó a líderes mapuche reconocidos.

Oposición en regiones

El rechazo se ha hecho sentir en varias localidades. En la Región de La Araucanía, comunas como Melipeuco, Cunco, Purén, Vilcún, Curacautín, Los Sauces, Lonquimay, Toltén, Pucón, Lautaro, Angol, Galvarino, Contulmo, Carahue, Saavedra, Victoria y Alto Biobío frenaron las primeras reuniones, acusando que carecen de legitimidad.

En Los Ríos, encuentros programados en Panguipulli, Coñaripe y la comuna de Los Lagos fueron suspendidos tras la oposición de las comunidades. Lo mismo ocurrió en Los Lagos, en territorios como Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, San Juan de la Costa y Quinchao.

También ha surgido un cuestionamiento desde las comunidades mapuche que viven fuera de las cuatro regiones de la Macrozona Sur. En Valparaíso, O’Higgins y la Región Metropolitana, varias de ellas recurrieron a tribunales acusando ser marginadas del proceso pese a su identidad.

A ello se suma la crítica de autoridades williche en Osorno, quienes advirtieron que la consulta no cumple con los estándares del Convenio 169 de la OIT y que, al carecer de respaldo legislativo, sus resultados serían jurídicamente débiles.