La solicitud de la defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva y expareja de la exdiputada Catalina Pérez, para que se declare incompetente al Juzgado de Garantía de Antofagasta y que los antecedentes del caso sean remitidos al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fue rechazada.

La petición de los abogados del otrora militante de Revolución Democrática fue hecha en la audiencia de preparación de juicio oral, a la que también se había sumado la defensa de la desaforada parlamentaria frenteamplista.

Esto, en el marco de la investigación por delitos de fraude al Fisco en el marco de los convenios que suscribió la fundación -ligada a Revolución Democrática- con la Seremi de Vivienda de Antofagasta y que desató una de las crisis más recordadas del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Luego del traspié, las defensas de ambos imputados anunciaron que apelarán a la decisión del Juzgado, por lo que se fijó una nueva audiencia de preparación de juicio oral para el 30 de junio.

La solicitud de la defensa de Andrade se funda en que, de acuerdo a su argumento y la propia acusación, es que la ejecución del delito imputado se inició en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Así, se apunta, por ejemplo, a la suscripción del contrato de arriendo falso, de julio de 2022, en el inmueble de Exequiel Fernández N°1990, celebrado por Andrade para justificar un domicilio de Democracia Viva; la iniciación de actividades ante el SII a fines de julio de 2022, usando ese mismo domicilio en Ñuñoa y la firma electrónica de los convenios por el exmilitante de RD desde Santiago.

Los abogados del ex-RD también apuntan a la imputación de participación sobre Pérez, al sostener que no es jurídicamente posible atribuirle coautoría, pues no existe cooperación inmediata y directa en la ejecución de un delito que -por la fecha de inicio que señala la Fiscalía- aún no había comenzado.