“Se perdió el pudor”, exclamó uno de los consejeros presentes en la sesión ordinaria del lunes del Colegio de Abogados cuando el organismo tomó una decisión. Una serie de hechos públicos había colmado la paciencia de los representantes del gremio y provocó que en esa sesión se tomara la decisión de redactar un comunicado público.

Pese a que en el consejo del lunes no se discutió sobre ningún caso particular, hace tiempo que varios consejeros habían visto con preocupación algunas intervenciones de abogados en medios de comunicación.

El exfiscal Carlos Gajardo tratando a las juezas María Teresa Barrientos y Claudia Santos de tener un razonamiento “delirante”. El abogado Mauricio Daza criticando a esas mismas magistradas de “descaro”. El exfiscal Sabas Chahuán en un matinal criticando a la misma institución que dirigió hace algunos años. Ariel Wolfenson autoproclamándose el mejor abogado de Chile. El abogado Cristóbal Eyzaguirre acusando a los árbitros del caso Australis de “mediocres” y de tener “deliclive moral”, un caso en que la contraparte ha usado profusamente los medios. El abogado Carlos Baeza -presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea y representante legal de las cinco casas de apuesta online que operan en Chile- asegurando que la sentencia de la Corte Suprema que falló contra sus representados tiene “razones ilegales”. El abogado Juan Pablo Hermosilla, según comentan en el gremio, “litigando por la prensa” en el marco del caso Audio.

Esa lista fue parte de los elementos que gatillaron la discusión entre algunos consejeros. Pese a la multiplicidad de casos, fuentes del gremio consultadas por este medio comentan que la arremetida del exfiscal Gajardo en contra de los argumentos de las juezas de mayoría que estuvieron por absolver a los acusados del caso SQM fue la gota que rebasó el vaso.

Esos dichos, comentan en el colegio, coronaron una acumulación de frases, vertidas en el debate público y en los medios de comunicación, que los consejeros consideran que atentan contra el respeto a la institucionalidad y las normas mínimas éticas que son exigibles a todo abogado. Un consejero cuenta que la luz amarilla se encendió hace bastante tiempo debido a la que dicen es la mala utilización de medios de comunicación para fines judiciales.

Debido a lo compartida que se transformó la práctica de incendiar el debate con comentarios en los medios de comunicación y redes sociales, sin que nadie se haga cargo, es que la unanimidad del consejo tomó la determinación de redactar una declaración general -sin individualizar ningún caso concreto- en donde se hace un llamado básico: respetar las normas de convivencia ética que rigen a la profesión.

Así lo explica el presidente del gremio, el abogado Ramiro Mendoza. “El Colegio de Abogados está preocupado de que se degrade el respeto a la institucionalidad. Estamos preocupados por el descontrol en los adjetivos, en el trato, en el tipo de acusaciones que se lanzan al voleo. Todos los conflictos terminan en los tribunales, y si no cuidamos los tribunales vamos a tener como opción la mano propia para resolver los conflictos. Eso se llama autotutela y es un deterioro grave del Estado de derecho", afirma Mendoza.

El excontralor explica que el gremio fue cuidadoso en no especificar ningún caso concreto -de abogados colegiados o no colegiados- porque “las señales de este deterioro las vemos en todos lados, es transversal”. Luego remata diciendo: “Al que le venga el sayo, que se lo ponga”.

“El Colegio de Abogados de Chile cree necesario, a la luz de recientes fallos judiciales de alta connotación pública, hacer un llamado a toda la comunidad jurídica para preservar el ‘honor y dignidad de la profesión’, así como el respeto y cuidado de las instituciones, como prescriben los artículos 1° y 2° de nuestro Código de Ética Profesional", se lee en el primer párrafo de la declaración.

El gremio continua de la siguiente forma: “Vemos con profunda preocupación la práctica de algunos abogados -colegiados y no colegiados-, quienes, durante la tramitación de cualquier clase de procedimientos judiciales, utilizan los medios de comunicación y redes sociales para el elogio de sí mismos, de sus causas o de sus intereses, llegando incluso a cuestionar resoluciones y sentencias no desde la perspectiva legal o académica, sino que con expresiones y descalificaciones personales que vulneran el respeto debido (...) Así no se ejerce esta digna profesión. Esa conducta daña la confianza pública, erosiona la legitimidad de las decisiones judiciales, socava el Estado de derecho y afecta nuestra democracia”.

El consejo agregó que “recordamos que, en una de sus vertientes, la abogacía es una función pública orientada a la correcta administración de justicia. Por ello instamos porque todo debate durante la tramitación de una causa y postsentencia se conduzca con veracidad, moderación y respeto, evitando presiones indebidas sobre los tribunales y absteniéndose de declaraciones que pongan en riesgo la imparcialidad o el normal desarrollo de los procesos”.

Los consejeros también hicieron un llamado a “mantener el respeto recíproco entre colegas y la lealtad en la litigación, tanto en sede judicial como en el espacio público. Reiteramos por lo mismo también nuestra condena al tráfico de influencias y las graves conductas contrarias a la ética que se han observado en el último tiempo”.

El duro reproche contra Ulloa

Este pronunciamiento llegó cinco días después de que el consejo publicara un reproche en contra del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

Fue el 24 de octubre, cuando el consejo, luego de que la Suprema -por una votación empatada de siete votos contra siete- no removiera a Ulloa, decidió emitir una opinión.

“Las situaciones que dieron origen a la instrucción de procesos disciplinarios, en este caso particular, dan cuenta de actos que implican conductas de coordinación indebida, ejercicio de influencias en nombramientos judiciales, vulneración del deber de reserva, abstenerse de dar a conocer causales de inhabilidad o intervenir a pesar de la existencia de conflictos de interés, entre otras. Todas ellas son conductas reprochables bajo nuestro Código de Ética, que establece como requisito esencial la lealtad en la litigación, así como la igualdad de armas entre las partes involucradas en un proceso judicial”, plantea el consejo.

Los consejeros agregaron que “actuaciones como las descritas, que ponen en riesgo la imparcialidad del juez, especialmente cuando existen relaciones de amistad o familiaridad con los abogados litigantes, constituyen una infracción grave de los deberes éticos”.

*Esta nota fue actualizada a las 16.40.