Tras 15 sesiones, la tarde de este martes fue aprobado por unanimidad (11 parlamentarios presentes) el informe de conclusiones y proposiciones de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados, que tuvo como objetivo fiscalizar el otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público, el cumplimiento efectivo del periodo de reposo y la práctica de viajes al extranjero durante su vigencia.

La medida había surgido a raíz de la revelación de los informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) N° 9 y 10, elaborados por la Contraloría General de la República. Posteriormente, y en el mismo tenor se dieron a conocer los CIC N° 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

Entre los más relevantes, el N°9 -fechado en mayo- destapó que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios habrían registrado salidas del país durante períodos compatibles con reposos médicos prescritos, afectando un total aproximado de 35.585 licencias que habrían sido financiadas con recursos públicos.

El N°10 develó que 250 médicos pidieron 440 licencias, atendiendo en ese tiempo 710 partos en clínicas privadas. El N°13 dio a conocer que 10.111 licencias fraudulentas fueron emitidas por médicos extranjeros.

En tanto, en el CIC N°14 se conoció que 2.982 funcionarios afiliados a Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) y Dipreca (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile) habrían abandonado el país mientras se encontraban con licencia médica.

Polémica también ocasionó el CIC N°15, que detalló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juegos existentes en el país, mientras se encontraban con licencia.

Mientras que en el N°16 se informó que 10.805 trabajadores que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional salieron fuera del país durante su reposo médico.

Durante el trabajo de la respectiva comisión, asistieron y expusieron la contralora Dorothy Pérez; la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; la superintendenta (s) de Seguridad Social (Suseso), Patricia Soto; la directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), Valeria Céspedes; la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, entre otras autoridades.

A la postre, concurrieron altos mandos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), Gendarmería, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). En la cita, el tanto el general director de la institución de orden público, Marcelo Araya, como el director general de la policía civil, Eduardo Cerna, admitieron que la situación era “grave y vergonzosa”.

Unanimidad

Durante la instancia, los parlamentarios integrantes de la comisión votaron por unanimidad el informe, aunque también presentaron disensos en torno a aspectos de la redacción y la terminología de ciertos puntos, lo que generó una breve discusión que pudo ser conciliada.

Pese a ello, el informe final sobre las conclusiones no fue leído en la instancia, por lo que se determinó que el presidente de la comisión, diputado Hernán Palma (Ind.) sea quien informe ante la Sala de la Cámara los principales aspectos de lo resuelto.

“Creo que esto es un ejemplo de democracia, que nosotros aquí transversalmente hemos votado a un tema país, que fue de impacto público y creo que, si bien no es vinculante lo que sale de esta comisión, esperamos que vía resolución y ojalá vía algún proyecto de acuerdo que podríamos consensuar en la Sala al momento de la lectura del informe, pudiera tener alguna repercusión mayor en las políticas del Estado”, subrayó.

Asimismo, el diputado Miguel Ángel Becker (RN) remarcó que “la comisión logró llegar a una serie de conclusiones que, aunque no son vinculantes, esperamos que sí la autoridad las tome en cuenta, a propósito del hecho de que la comisión recibió y escuchó a todos los organismos que tienen relación con este tema”.

“Estamos hablando de cerca de 40.000 personas que, haciendo uso de las licencias, se dieron el lujo de salir al extranjero, visitar casinos o recorrer el país. Y en ese sentido esperamos que la autoridad esté disponible a tomar las medidas o sus sanciones más drásticas en contra de estos verdaderos delincuentes del Estado”, señaló.

De igual modo, el diputado Agustín Romero (Rep.) agregó que “los chilenos esperan de nosotros en esto que demos una señal clara al Poder Ejecutivo, que le demos una señal clara también al Poder Judicial, en el sentido de que nosotros estamos alineados con la probidad y que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que nadie se aproveche de nuestro sistema de seguridad social”.

Finalmente, el diputado Héctor Ulloa (Ind.-PPD), sentenció que “fue una comisión donde se escucharon a todas las instituciones, servicios y estamentos que deberían haber aportado en este tema. Tuvimos una muy buena asesoría en esa materia. Escuchamos a los expertos, todos los organismos involucrados y finalmente hay una unanimidad de todos los que estamos aquí. Esto es un tema transversal. De que, efectivamente, a través de las recomendaciones que establecemos en esta comisión, obviamente, fortalecemos el poder de fiscalización”.