Hasta la comisión especial investigadora (CEI) sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), llegó la mañana de este miércoles la exdirectora de Junaeb, Camila Rubio, para exponer sobre el funcionamiento del servicio en su periodo (agosto 2022 - marzo 2026), a propósito de las irregularidades detectadas en los precios y raciones de onces y las críticas del actual director Fernando Peña, respecto a la gestión anterior.

La instancia legislativa nace a raíz de los resultados revelados por Junaeb tras una auditoría interna y por otros informes de auditoría de la Contraloría; y tiene por objetivo recabar antecedentes sobre los mecanismos de supervisión, control, licitación, adjudicación, ejecución y pago del PAE durante el período de 2019 a 2024.

Según la auditoría de Contraloría, Junaeb pagó en 2022 más de $3.554 millones a la empresa Soser S.A. en la Región de O’Higgins para la entrega de 796.043 raciones de “once nivel básica”, de las cuáles finalmente solo se entregaron 284 a diversos establecimientos educacionales.

Por otro lado, la auditoría interna de Junaeb de este 2026 detectó que durante el 2023 “el valor pagado por cada ración superó los $8.000, cifra que excede ostensiblemente los montos habituales del organismo y afecta directamente los recursos públicos destinados a la alimentación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad″, según expuso Peña.

En ese marco, este miércoles Camila Rubio defendió su gestión y aseguró que durante su periodo a cargo del servicio se detectó un problema respecto a las bases de licitación, las que se encargaron a la consultora externa Inventia Consultores SpA.

“Uno de los elementos que generó es que no incluía las bandas de precios. Las bandas de precios no solamente implican las onces de 7.000 pesos, que también generó, por ejemplo, que llegaran desayunos a 200 pesos, y un desayuno a 200 pesos también genera un problema, dado que no te asegura la calidad del servicio, entonces no solamente estaba el problema en la banda de precios, el precio alto que es el caso de las onces; sino que también el precio muy bajo (de los desayunos) y el servicio que se podía dar por eso”.

La exdirectora acusó que la licitación “priorizó el precio y no fijó bandas”. De esa forma -señaló- “hubo una concentración del mercado, una falta de competencia”.

Rubio aseguró que ese defecto se corrigió de forma “técnica”. Según explicó, Junaeb realizó su propio estudio “para poder evaluar el impacto de estas modificaciones”.

“No se cambió el precio ni el monto adjudicado y se aplicó a todas las empresas por igual. Y, por sobre todo, corregimos la licitación desde el año 2022, que ya venían los otros tercios de las licitaciones que empezaban a terminar, incorporamos las bandas de precios, solicitamos a la Contraloría a auditar los contratos del PAE y solicitamos las modificaciones a toma de razón”, detalló.

La exdirectora aclaró que las “decisiones que se tomaron en el año 2022-2023 tenían que ver justamente con que recibimos un contrato que estaba muy mal hecho que venía del año 2020″.

“El mismo contrato del año 2020 establecía que no podíamos rebajar el pago a la empresa hasta en un 10%, o sea, teníamos que, máximo pagarle un 90%. Y esta empresa, tal como lo dice Contraloría y el informe externo para evaluar el impacto de esto, señalaba que había un desequilibrio en los contratos que teníamos actualmente (…) y que no nos quedó otra posibilidad”, explicó.

En definitiva, precisó que hubo “un problema de proyección en lo que se iba a entregar. Las empresas licitaron y adjudicaron en función de una proyección que la institución les dio”, sostuvo.

Respecto a los precios de las onces, Rubio aseguró que “no era algo que fuera ilegal, no estaba dentro de las causales de término, tampoco respondía a algo que fuera irregular, sino que más bien, administrativamente, era una mala proyección, era insostenible y el problema que se generaba justamente era por la falta de bandas de precio”, aseveró.