“Antes habría sido impensado que se le hiciera algo así al hijo de un excomandante en jefe”.

Así reacciona un conocedor de la “guerra judicial” que mantiene en tribunales uno de los hijos del exgeneral Juan Miguel Fuente-Alba, el abogado Fernando Fuente-Alba Pinochet, quien fue dado de baja en medio de denuncias de actos de corrupción que hizo al interior del Ejército.

“Esto es el fin de lo que algunos llaman ”la familia militar", retruca la misma fuente.

Y es que desde hace unos meses el profesional interpuso una serie de recursos de protección en contra del Ministerio de Defensa y de superiores del Ejército por haber sido marginado, tras 18 años de servicios, con lo que no podrá acceder a la pensión con la que cuentan los militares que son llamados a retiro.

En una de las acciones constitucionales, a las que accedió La Tercera, el hijo del general, que fue absuelto de maniobras de lavado de activos, tras ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte, detalla cómo fue su carrera al interior del Ejército y cómo comenzó a ser blanco de hostigamientos cuando se negó a supuestas peticiones para falsificar información ante Contraloría. Actitud que, según denuncia, le costó la carrera.

La historia

Para librar esta “batalla”, Fuente-Alba fichó al excapitán del Ejército, ahora abogado, y que se ha transformado en un ícono de las denuncias por corrupción castrense, Rafael Harvey.

Así, este último relata los hechos vividos por Fernando Fuente-Alba. “Tras ir ascendiendo durante su carrera militar, a principios del año en curso fue promovido al grado jerárquico de teniente coronel y durante toda su carrera mantuvo un intachable desempeño profesional, al punto de obtener la primera antigüedad de su generación, en el curso de oficiales de los servicios profesionales", sostiene el defensor.

Todo esto, continúa, se vio truncado cuando sus superiores jerárquicos “le ordenaron a mi representado que elaborara un oficio de respuesta frente una auditoría de la Contraloría General de la República, referida a diversas irregularidades en cuantiosas licitaciones que se habían materializado durante el año 2022, esto es, en una época en que mi representado no pertenecía a esa repartición militar. Sin embargo, las precitadas autoridades divisionarias le ordenaron a mi representado que incluyera información mendaz en el oficio de respuesta que sería remitido al citado organismo contralor, a lo cual mi representado se negó”.

Luego de este episodio, se detalla en el escrito, Fuente-Alba hizo una denuncia de estos hechos a la ministra en visita Ana María Osorio, quien abrió una investigación penal por presuntos hechos de corrupción en la división a la cual pertenecía el teniente coronel.

Las terapias y licencias

“Así las cosas, con motivo de su negativa a incluir información falsa en el mentado oficio de respuesta, las precitadas autoridades divisionarias comenzaron a ejercer diversos actos de acoso laboral y discriminación arbitraria en contra de mi representado, por lo cual este último obviamente comenzó a padecer aflicciones emocionales, hasta que el 8 de agosto de 2023 debió consultar asistencia clínica de salud mental, siendo diagnosticado con “trastornos del sueño y de estrés postraumático por hostigamiento laboral”, quedando con licencia médica de reposo mental absoluto desde esa misma fecha y bajo tratamiento farmacológico de inductores del sueño y de psicoterapias", aseguraron.

Una vez presentadas estas licencias, se lee en el recurso, Fuente-Alba fue blanco de hostigamientos y se habría presionado a la comisión de sanidad a que lo declarara “no apto” para continuar en servicio activo poniendo como causal su salud mental.

“Encontrándose aún en plena tramitación los sumarios administrativos por faltas a la probidad denunciadas por esta parte, acoso laboral y origen de la enfermedad de salud mental que había aquejado a mi representado, el Ejército solicitó al Ministerio de Defensa Nacional que se dispusiera el retiro temporal de mi representado, porque supuestamente permanecía aquejado por una enfermedad de salud mental de tipo curable, pero omitiendo la citada entidad castrense que mi representado ya había sido dado de alta clínica, sin secuelas ni alteraciones de ningún tipo”, sostiene el recurso de protección.

Redes de corrupción

En concreto, Fuente-Alba pide que se deje sin efecto su baja, pues esto le impide acceder a la pensión que le correspondía y -en tono de denuncia- asegura en la batería de recursos que ha presentado que todo esto le pasó porque el Ejército quiso tomar represalias por su actitud al momento de no querer entregar información falsa a Contraloría, además de denunciar corrupción.

“Como es sabido, el Ejército de Chile es la entidad estatal que en nuestro país lidera con creces el historial de violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción, comportándose muchos de sus integrantes como una especie de asociación ilícita castrense y existiendo redes de corrupción y redes de protección a la corrupción, destacándose entre las demás instituciones públicas del país por ser la unidad estratégica nacional donde todos quienes nos hemos atrevido a cumplir nuestro deber moral, ético y legal de denunciar hechos de corrupción ocurridos al interior de aquella entidad pública, inmediatamente somos víctimas de diversas represalias”, se lee en el documento.

Finalmente, instala que el objetivo de todo esto “es anularnos y despojarnos de nuestros empleos públicos, a fin no solo de apartarnos de nuestra fuente de ingresos e impedirnos acceder a información que pueda comprometer a los corruptos, sino también enviar un mensaje subliminal intimidante a cualquier otro integrante del propio Ejército de Chile que se encuentre en la disyuntiva de cumplir su obligación de denuncia, para así coaccionarlos y disuadirlos o impedirles que formulen denuncias”.