La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó este miércoles la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco.

La querella de capítulos fue ingresada hace un mes por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, buscando que den luz verde a la formalización de la exjueza por su rol en la llamada trama bielorrusa.

Para que se pueda concretar la formalización y solicitar medidas cautelares, la querella de capítulos debe ser acogida. La razón es que los hechos imputados ocurrieron cuando Vivanco tenía una protección especial por ser ministra de la Corte Suprema.

Vivanco fue expulsada del Poder Judicial ante cuestionamientos por sus comunicaciones con Luis Hermosilla, reveladas a partir del teléfono incautado al abogado en el caso Audio.

Entre los cargos que se consideraron en el procedimiento disciplinario en el máximo tribual figuraron las “irregularidades cometidas” en la tramitación y conocimiento de las causas por la disputa entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec y Codelco.

Por su actuación en esa disputa, la pareja de Vivanco Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre.

Coimas por cerca de $70 millones habrían pagado ambos abogados a Migueles, para que la exministra de la Corte Suprema favoreciera al consorcio al que Codelco terminó pagando cerca de 12 mil millones de pesos.

En su alegato ante el tribunal de alzada, la fiscal Wittwer realizó una pormenorizada cronología de las acciones que se le cuestionan a la exjueza.

“Nuestra teoría es que, además de tener esta relación estrechísima de amistad con los abogados que asumieron una de las partes, ella tenía un interés patrimonial y económico en el resultado de estas causas”, sostuvo la fiscal.

Witter afirmó que “la ex ministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general”.

“Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir”, señaló.