El Juzgado de Garantía de Arauco decretó prisión preventiva para un gendarme que se desempeñaba en la cárcel de la zona, esto tras ser formalizado por cohecho e internación de elementos prohibidos a un recinto penal.

El fiscal de Análisis Criminal, Mario Elgueta, explicó que el funcionario fue denunciado por sus propios pares de Gendarmería, en medio de una investigación por delitos en centros penitenciarios.

“Durante el mes de agosto del año 2023 iniciamos un foco, en este caso dirigido específicamente a investigar delitos que se cometieran dentro de los centros penales de la Región del Biobío. Y dentro del contexto de esta investigación se determinó la existencia, en este caso, de funcionarios de Gendarmería que estarían cometiendo ilícitos”, sostuvo.

Cerca de un año duró la investigación, donde se realizaron “interceptaciones telefónicas, de tomas de declaración y una multiplicidad de antecedentes”, explicó Elgueta.

En concreto, la Fiscalía estableció que el funcionario recibió más de $3 millones de pesos de parte de reos, exreos y personas cercanas a estos para ingresar de manera oculta teléfonos móviles y droga al recinto penal araucano.

Según los antecedentes de la investigación, el imputado cobraba entre $100 mil y $300 mil pesos por cada internación, dinero que debía ser pagado mediante transferencia bancaria o en efectivo.

Con esos antecedentes, el imputado fue formalizado “por distintos delitos de cohecho, por recibir dinero de parte de terceros y también de internos y al mismo tiempo por ingresar elementos prohibidos de interés al penal“.

El Juzgado de Garantía de Arauco otorgó a la Fiscalía un plazo de 120 días para concluir la investigación.

Desde Gendarmería recalcaron que el imputado fue desvinculado de la institución en “octubre del presente año con motivo de los hechos indagados”.

Asimismo, señalaron que rechazan “tajantemente cualquier actuar reñido con la probidad administrativa, los principios y valores que son el sustento de la labor de nuestros funcionarios y funcionarias, en miras a evitar conductas que ponen en riesgo la seguridad y el funcionamiento de nuestros establecimientos penitenciarios.”