La recuperación del ex Cuartel Borgoño como sitio de memoria tendrá este jueves un hito clave: el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) entregará el permiso de ocupación provisorio del inmueble a la Corporación Memoria Borgoño, organización que por años ha demandado su uso como espacio de conmemoración de los derechos humanos.

Con esto, desde la llegada de esta administración en 2022, Bienes Nacionales ha gestionado 26 sitios de memoria de propiedad fiscal en distintas regiones del país para recuperar espacios asociados a la dictadura.

Del total, más de la mitad corresponde a nuevas concesiones, y el resto a renovaciones de inmuebles ya entregados a organizaciones sociales de derechos humanos. Entre los casos más emblemáticos está la expropiación del ex centro de detención Irán 3037 (ex Venda Sexy); la habilitación de la ex Clínica Santa Lucía, entregada en marzo pasado con una concesión de corto plazo; la gestión de largo plazo de los Hornos de Lonquén, y la entrega por etapas del sitio de memoria 3 y 4 Álamos, ubicado en la comuna de San Joaquín.

El catastro incluye también espacios en regiones como la Casa de Piedra en La Serena, donde se realiza un estudio con georradar en el marco del Plan Nacional de Búsqueda; la fosa de Pisagua en Tarapacá; el Parque Cultural Cerro Cárcel en Valparaíso; y la Casa de los Derechos Humanos Colón 636, en Punta Arenas, donde se ejecutan obras de emergencia para su restauración.

El caso de Borgoño

El ex Cuartel Borgoño, ubicado en la comuna de Independencia, fue utilizado entre 1977 y 1988 por la Central Nacional de Informaciones (CNI) como centro clandestino de detención y tortura. Previamente, había albergado el Instituto de Higiene, institución creada a fines del siglo XIX y precursora del actual Ministerio de Salud. El inmueble fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico en 1984.

Durante los años de dictadura, diversos informes registraron que en el lugar se perpetraron operativos como la Operación Albania, Operación Alfa Carbón y Operación Machete, entre otros. Según testimonios de gente que pasó por ahí, el subterráneo del edificio era el escenario utilizado para ello.

En este caso particular fue en 2024 que se logró la firma de un protocolo de acuerdo entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio del Interior y BB.NN., lo que permitió avanzar en la desafectación del Lote 2 del terreno, correspondiente al inmueble reclamado por la Corporación Memoria Borgoño.

El permiso de ocupación que se entrega este jueves tiene carácter provisorio, mientras se tramita una concesión de largo plazo por 15 años. La organización cuenta con un plan de gestión desarrollado junto a la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, con apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre otras instituciones.

El plan

El objetivo del ministerio, junto con las organizaciones involucradas, es transformar el conjunto en un sitio de memoria abierto a la comunidad, con un parque conmemorativo y espacios públicos. La iniciativa también contempla la coordinación con otras instituciones, como la Municipalidad de Independencia, que ha proyectado un centro cívico y cultural en el mismo terreno como parte del plan de recuperación del barrio Las Carmelitas y la zona de la Chimba.

El ministro de BB.NN., Francisco Figueroa, asegura que el 50% de los sitios de memoria que hoy funcionan en Chile fueron gestionados durante los tres primeros años del gobierno. “Este gran salto es fruto tanto de voluntad política como de capacidad de gestión”.

Agrega que los sitios de memoria son una medida de reparación para las víctimas, pero también una garantía de no repetición.

La restauración de Londres 38

En medio de la recuperación y entrega de sitios de memoria, la restauración de estos también es parte del proceso. El pasado 22 de mayo, el sitio de memoria Londres 38 anunció el cierre de sus puertas para dar inicio a un proceso de renovación luego de más de dos décadas de funcionamiento como espacio de memoria, educación y activismo en derechos humanos.

La decisión se tomó ante evidentes fallas estructurales, como grietas, filtraciones y riesgo de colapso en algunas zonas del inmueble, lo que hacía inviable su uso seguro para trabajadores y visitantes.

Fue así que el Ministerio de Obras Públicas lanzó el 30 de mayo una licitación para concretar las obras, que contemplan una inversión pública superior a los $ 2.833 millones, financiados por el Gobierno Regional Metropolitano y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). El proyecto incluye la recuperación de 458 metros cuadrados del inmueble, la reconstrucción del tercer piso, la ampliación de la terraza y la incorporación de un ascensor y escaleras de emergencia, con el objetivo de mejorar tanto la accesibilidad como las condiciones de evacuación.

Ese concurso público cerrará el próximo 27 de julio.