El gobierno anunció la presentación de una querella por el delito de atentado contra la autoridad tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en Valdivia, en un episodio que tensionó la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile y que abrió un amplio flanco político.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue el encargado de comunicar la decisión. “Hemos dispuesto la presentación de querella criminal por atentado contra la autoridad que patrocinará el Ministerio de Seguridad Pública”, señaló, junto con calificar los hechos como “absolutamente inaceptables”. La autoridad enfatizó que la secretaria de Estado fue “amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones”, advirtiendo que el Ejecutivo no se “va a amedrentar” frente a este tipo de acciones.

La acción judicial se suma a la investigación ya iniciada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. La causa quedó además bajo seguimiento de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit).

Al final del día, fue el propio Presidente Kast quien se refirió a lo ocurrido en Valdivia. “Nuestro objetivo es y será recuperar el orden y la libertad en Chile. Esta noche me reuniré con la Ministra Lincolao a su regreso de Valdivia para manifestarle mi apoyo y el Gobierno en estos difíciles momentos”, expresó. Junto a eso, expresó que “a los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones”.

Protestas que escalaron a agresión

La visita de Lincolao a Valdivia formaba parte de una gira por el sur del país, que incluía actividades en la Universidad Austral y posteriormente en la Universidad de La Frontera. La agenda comenzó temprano, con reuniones protocolares y un desayuno con académicos, en un ambiente inicialmente sin sobresaltos.

Sin embargo, el escenario cambió a medida que se acercaba su participación en la inauguración oficial del año académico, programada para las 11.30 en el Aula Magna del campus Isla Teja. En el exterior del recinto, un grupo de estudiantes comenzó a congregarse con pancartas y consignas críticas al gobierno del Presidente José Antonio Kast, en particular por recortes a becas de posgrado en el extranjero y al financiamiento de la educación superior.

Aunque en un inicio la manifestación se desarrolló de manera pacífica, la tensión fue en aumento. A la llegada de la ministra, una decena de manifestantes la esperaba en el acceso al Aula Magna, obligándola a ingresar rápidamente al recinto para iniciar su exposición.

Durante la actividad, la universidad permitió el ingreso de más estudiantes, algunos incluso por puertas de emergencia, lo que incrementó la presión en el interior. Finalizada la charla, cerca de las 12.30 horas, la situación se tornó crítica y las salidas del recinto fueron bloqueadas por manifestantes, impidiendo la salida de la ministra.

Lincolao permaneció retenida en el interior del Aula Magna durante cerca de tres horas, acompañada por personal de la PDI, autoridades universitarias y su equipo. En ese lapso, sostuvo un diálogo de aproximadamente 20 minutos con tres estudiantes, quienes plantearon sus demandas relacionadas con financiamiento y condiciones académicas. Aunque la conversación permitió bajar momentáneamente la tensión, el acuerdo para facilitar su salida no se concretó.

Cerca de las 15.00 de la tarde, cuando finalmente se disponía a abandonar el recinto, la ministra fue objeto de agresiones físicas por parte de algunos manifestantes mientras se dirigía a su vehículo. Según distintos testimonios, también fue insultada y rociada con agua en medio de empujones.

Pero la historia se enreda en el rescate. Fuentes policiales aseguran que solicitaron ingresar a los campos de la universidad para rescatar a la ministra y restaurar el orden público, sin embargo, esa solicitud fue negada por parte de la casa de estudios. En cambio, desde rectoría niegan estas acusaciones y afirman que no recibieron solicitudes para ingresar al recinto.

Desde el Ministerio de Ciencia informaron que la ministra se encuentra en buen estado de salud, y que seguirán desplegados en regiones, “promoviendo instancias de encuentro y trabajando con convicción para fortalecer la ciencia, la innovación y el conocimiento en todo Chile”.

Cabe destacar que la ministra Lincolao no cuenta con contingente de Carabineros para su protección (PPI).

Asimismo, en dicho lugar también estuvo la delegada regional de Los Ríos, Vicky Carrasco, quien también debió ser escoltada para salir del recinto entre manifestantes. El hecho recuerda otra agresión a una ministra. En 2008, en medio de protestas estudiantiles, la alumna María Música Sepúlveda, de 14 años, lanzó un jarro de agua a la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez, durante una actividad en Santiago.

Reacciones transversales y condena institucional

Los hechos generaron una rápida ola de reacciones desde el mundo político y académico. Desde el propio gobierno, la ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó lo ocurrido como “inaceptable”, señalando que la secretaria de Estado “tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave”.

En la misma línea, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que “en democracia, las diferencias se enfrentan con diálogo, ideas y respeto, nunca con violencia”, mientras que la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, afirmó que los hechos “no son formas de manifestación, son actos de amedrentamiento que no tienen cabida en nuestra democracia”.

Desde la oposición y el oficialismo también hubo condenas. La exalcaldesa y excandidata presidencial Evelyn Matthei aseguró que “la violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país”, mientras que el diputado Daniel Manouchehri (PS) enfatizó que “nada justifica la violencia en contra de una autoridad y mucho menos en una universidad”.

La senadora Camila Flores (RN) apuntó a la necesidad de sanciones, advirtiendo que estos hechos “no pueden quedar en impunidad”, postura que fue reforzada por el diputado Eduardo Cretton (UDI), quien vinculó el episodio con el debate sobre eventuales sanciones a estudiantes que cometan actos de violencia y reciban beneficios estatales.

Desde el mundo universitario, la rectoría de la Universidad Austral de Chile condenó “categóricamente” lo ocurrido y anunció el inicio de una investigación interna para determinar responsabilidades. “No toleraremos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas”, señaló la institución, subrayando su compromiso con el diálogo y la convivencia. Además enfatizaron que pondrán todo a disposición de las autoridades para que logren identificar a los responsables de la agresión.

Incluso la exministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, se sumó a las condenas, señalando que “la violencia nunca es el camino” y que lo ocurrido es “simplemente inaceptable”.

En paralelo, el ministro del Interior abrió el debate sobre posibles sanciones futuras, señalando que actualmente no existen herramientas legales para retirar beneficios estatales a estudiantes involucrados en hechos de este tipo, pero que se espera avanzar en esa discusión en el Congreso.