Fue en junio de 2023 cuando la Comisión por la Paz y el Entendimiento (CPE) comenzó a sesionar, con el objetivo de entregar una serie de sugerencias para solucionar, a largo plazo, la problemática territorial entre el Estado y el pueblo mapuche en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Tras ser anunciada por el Presidente Gabriel Boric, fueron 18 meses donde se realizaron 63 sesiones y encuentros con comunidades mapuche, donde participaron ministros, diputados, senadores, dirigentes, abogados, entre otros. En esas sesiones el Estado desembolsó la cifra de $1.558 millones en honorarios, traslados, producción, estadía, alimentación, arriendo de salas y material de difusión.

En mayo, por siete votos contra uno, la comisión aprobó un acuerdo que incluyó 21 recomendaciones, que incluyeron un cambio constitucional para dar reconocimiento a los pueblos originarios, la creación de un fondo económico y una ley de reparación a víctimas.

Tal como todos los años, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) publicó la edición 2025 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. Esta edición cuenta con 10 capítulos temáticos, y uno de ellos analizó lo que fue la Comisión por la Paz.

El trabajo

El trabajo –titulado La Comisión para la Paz y el Entendimiento y sus límites ente el desafío de la reparación territorial mapuche– está firmado por los académicos Felipe Guerra y Constanza Gumucio.

El análisis de los autores se realizó “a través de un enfoque basado en el derecho internacional de los derechos humanos, se centra en los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas, su acceso a procedimientos justos y equitativos, y el derecho a una reparación efectiva frente a la vulneración de sus derechos colectivos”.

Este acápite repasa de manera histórica lo acontecido en la zona sur del país, comenzando por “la ocupación militar de La Araucanía en el siglo XIX”, para luego continuar con los años de dictadura, desde 1973, donde hubo una “imposición de políticas neoliberales que disolvieron la tenencia colectiva”. Por último, el trabajo recuerda que desde 2022 en la Macrozona Sur se ha mantenido un estado de excepción constitucional.

“La ausencia de respuestas institucionales eficaces a las demandas de autonomía y restitución territorial, junto con la criminalización persistente de la protesta mapuche, ha generado un clima de represión, desconfianza y radicalización”, expone el capítulo.

El estudio aborda los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que se hacen cargo de la materia indígena. En ese sentido, dice el texto, en informes de ese tenor hay un reconocimiento entre la “estrecha relación espiritual y cultural de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos naturales". “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado este estándar, al sostener que la pérdida involuntaria de posesión no extingue el derecho de propiedad indígena, siempre que persistan los vínculos culturales y espirituales”, dice el texto.

En otro punto se afirma que “los órganos de control de la OIT han reiterado que la ocupación tradicional es suficiente para generar derechos sobre la tierra, incluso sin reconocimiento legal formal de propiedad”.

Ya sobre la Comisión por la Paz y el Entendimiento, donde se hace una reseña general de su funcionamiento, el trabajo realiza un “análisis crítico” de la política pública emblema de la administración de Boric. “Su creación generó importantes expectativas”, se señala.

Por ejemplo, en sus críticas se afirma que, “aunque se reconoce la participación de destacadas personalidades mapuche, la composición de la comisión respondió principalmente a criterios de representación político-partidaria, en contraste con otras comisiones de verdad y paz centradas en pueblos indígenas –como las establecidas en Canadá, Australia o Nueva Zelanda, entre otras–, que privilegiaron la incorporación de referentes de esos pueblos con legitimidad comunitaria”.

Otro de los reparos planteados por los autores es “la ausencia de una consulta indígena previa al cierre del proceso y su realización ex post bajo un reglamento ampliamente cuestionado, lo que socava la validez participativa del mecanismo”.

De hecho, este es uno de los grandes fracasos de La Moneda ya que las propuestas de la comisión más relevantes necesitan de esta consulta para traducirse en proyectos de ley. Sin embargo, el gobierno suspendió la consulta a fines de septiembre.

Por otro lado, el capítulo cuestiona la falta de consenso: “La ausencia de consenso final entre sus miembros, sumada a la decisión de que los pueblos y organizaciones no pudieran elegir sus representantes, limitó la legitimidad de la comisión para operar como una instancia de diálogo intercultural y de reparación culturalmente adecuada y representativa”.

“La exclusión de los sectores mapuche que reivindican el uso de la fuerza como forma de acción política no solo redujo el alcance del proceso, sino que también impidió abordar una de las expresiones más complejas de la violencia en las regiones del sur, dificultando avanzar hacia la construcción de una solución de largo plazo al conflicto territorial del Estado de Chile con el pueblo mapuche”, se agrega sobre la composición del grupo de trabajo.

“Tanto la estructura como la estrategia de la CPE no lograron adecuarse, plenamente, a los estándares internacionales que exigen la participación sustantiva de los pueblos indígenas”, se añade.

Eso sí, los autores también reconocen “aciertos” del Ejecutivo. Uno de ellos es la recomendación sobre el “reconocimiento a las formas propias de organización mapuche” y la propuesta sobre la “ampliación con base en el principio de autogobernanza”.

Ya en las conclusiones se señala que, “aunque la comisión reconoce la necesidad de justicia y reconocimiento, sus recomendaciones se mantienen dentro de un enfoque estatal monocultural, sin asumir compromisos claros con derechos fundamentales como la libre determinación o la autonomía territorial”.