La mañana de este lunes las oficinas del Gobierno Regional Metropolitano comenzaron por segunda vez consecutiva una semana turbulenta. Ahora en el marco de las diligencias que realizaba el Ministerio Público en el marco de la segunda causa penal que se indaga contra el gobernador Claudio Orrego.

Mientras los agentes policiales del OS7 de Carabineros salían por la puerta principal de Bandera 46, de fondo se asomaban consejeros regionales de distintas colectividades.

Una de las primeras en tomar la palabra fue la jefa de bancada del Partido Comunistas, María Eugenia Puelma, quien expresó una visión que ha causado eco en otras bancadas oficialistas, las mismas que previamente apoyaron al exalcalde para ocupar el cargo.

“Estamos trabajando en tener todos los antecedentes para entregar una información como corresponde, fidedigna”, afirmó, agregando que lo que está ocurriendo en la gobernación “nos perturba en nuestro trabajo con las comunidades, porque están esperando que nosotros sigamos funcionando. Pero con este tipo de situaciones, son precisamente los sectores más vulnerables los que hoy sufren las consecuencias”.

La postura grafica una tensión creciente con Orrego. En distintas instancias los otrora aliados han criticado la falta de información entregada por la autoridad regional respecto al informe de Contraloría que expone las asesorías hechas presuntamente con fines electorales en su beneficio.

Esta visión de Puelma se da en el marco de otra crítica que lanzó en el consejo regional del miércoles pasado en la que expresó una molestia con Orrego “porque estas desprolijidades nos salpican. Nos farreamos momentos importantes cuando pasamos más tiempo en peleas de dónde fueron las platas”, lanzó.

Y aunque por ahora adoptaron la medida de rechazar lo que consideran un “uso político” del mecanismo de destitución a través del Tribunal Calificador de Elecciones que proponen los partidos de oposición, Puelma sí afirmó a La Tercera que como colectividad -que integran cinco militantes- están en la posición de que se investigue. “Que todas las opiniones sean veraces y no inventar cosas para que solo salga en la presa”. En esa línea, afirma que hay que defender la institución, pero que “el gobernador debe responder”.

Esta decisión de la bancada va en la línea de esperar los resultados que contengan las tres instancias formales que hoy se están llevando a cabo. Una es la reconsideración enviada por Orrego a Contraloría. Por otra, las indagatorias a cargo de la fiscal Oriente, Constanza Encina y, finalmente, los resultados de la comisión fiscalizadora que deberá ser ratificada el miércoles en el pleno del Consejo Regional.

La línea discursiva del PC es muy parecida a lo que hoy apunta el Frente Amplio, donde asumen que las entidades deben funcionar, y que si el contenido del requerimiento de la UDI o Republicanos en el Tricel les es presentado, se abrirán a una evaluación. Pero tampoco se la juegan con una defensa inmediata.

La core y jefa de bancada, Ximena Peralta, aseguró: “No nos prestaremos para maniobras políticas ni acusaciones sin base. No haremos defensas apresuradas, pero tampoco condenas anticipadas”.

Aún así, es crítica con la gestión del Gore RM: “No resulta admisible que el Consejo Regional se entere con más sorpresas de su propio Gobierno Regional”. Añade que exigirán acceso completo a los informes que hoy cuestiona el ente fiscalizador.

En la otra vereda, Orrego ha encontrado un respiro en la bancada socialista. Carolina Oteiza, la jefa de esa colectividad en el consejo, afirmó que esta situación “terminó siendo casi un tribunal. Me gustaría que Republicanos y la UDI fueran más rigurosos. Si quieren ejercer control, que lo hagan en las instancias institucionales”.

Así tambien lo señaló, Maricel Donoso, quien si bien recalcó que los gobiernos regionales deben ser “modelos de probidad”, también asevera que las críticas públicas sin información completa “van en contra de la presunción de inocencia y perjudican el Estado de Derecho”.

De momento, ni Republicanos ni la UDI cuentan con los apoyos suficientes por separado para ingresar sus requerimientos al Tricel, considerando que se necesitan 12 firmas y mientras los primeros tienen 11, los segundos cuentan con cuatro, más Karin Luck. Esto ha generado una competencia paralela por buscar las firmas en RN y convencer a unos pocos oficialistas de firmar los requerimientos ante el tribunal. Es eso o hacer lo que la UDI por ahora desestima: ingresar el recurso juntos.