Un total de 11.506 investigaciones por violencia estatal abrió el Ministerio Público desde el comienzo del estallido social en 2019 y hasta marzo de 2020. Desde ese entonces fue que el ente persecutor comenzó a indagar delitos de tortura y apremios ilegítimos cometidos por funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante el periodo que se abrió luego del 18-O.

El rol de los agentes estatales durante el estallido, así como también el escenario judicial de estas causas, volvió a entrar el debate este viernes, luego de que el jueves el Presidente José Antonio Kast, en entrevista con T13, afirmara que estudiarán caso a caso posibles indultos de los agentes condenados por los hechos ocurridos en 2019.

“Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, afirmó el Mandatario quien sostuvo que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, dijo el Jefe de Estado.

La Tercera analizó el número de casos en los que agentes estatales fueron condenados, para poder determinar el universo de casos desde los cuales el Jefe de Estado selecciones a los posibles beneficiarios. Según cifras de la Fiscalía Nacional, el número de condenas contra funcionarios de Carabineros o las FF.AA. asciende a 219, las cuales representan el 14,3% del total de causas por estos ilícitos.

Sin embargo, la gran mayoría de las condenas a funcionarios estatales fueron remitidas o bien rebajadas, y por lo tanto fueron cumplidas en libertad o bien bajo otro tipo de salidas judiciales. Solo en contados hechos la pena fue de cárcel efectiva.

A esto se suma que otro alto porcentaje de los casos, incluso, ni siquiera llegaron a un juicio. En el 31,6% de las causas, se decretó la “decisión de no perseverar” por parte del Ministerio Público. El 26,6% de los casos se archivó y en otro 11% se absolvió a los imputados.

Los funcionarios tras las rejas

Actualmente son 14 los funcionarios de Carabineros y las FF.AA. que cumplen condena en la cárcel, la gran mayoría de ellos tras ser condenados por la justicia por apremios ilegítimos y/o tortura. En todos los casos, además del tribunal de primera instancia, las condenas fueron confirmadas por tribunales de alzada o bien la misma Corte Suprema.

Uno de esos es el caso del capitán de Ejército, José Santiago Faúndez Sepúlveda, nombre que suena como el primer agente que sería indultado por el Mandatario. Faúndez fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de violencia innecesario, por su rol en la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, un manifestante que murió luego de recibir un impacto de bala el 20 de octubre de 2019 en La Serena.

El militar estaba a cargo de la patrulla desde donde se ejecutaron los disparos que le quitaron la vida al joven, cuyo caso fue confirmado por la Corte Suprema. Por esa misma causa también se condenó a los soldados Carlos Javier Robledo Olguin, a 10 años de cárcel, y al cabo José Andrés Arenas Macilla a cinco años. En el caso de Olguin, diputados del Partido Republicano ya habían pedido el indulto durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Otro de los candidatos que surgen como posibles indultados es el caso de Patricio Maturana, excapitán de Carabineros condenado por cegar a la ahora senadora Fabiola Campillai. Maturana, quien accedió al beneficio de salida dominical, fue condenado a 12 años de cárcel. Parlamentarios de Chile Vamos, previamente, han pedido que el condenado sea indultado.

En la misma situación de condena se encuentran los funcionarios de Carabineros Gustavo Ferrada Vásquez y Nicolás Neira Durán, quienes fueron condenados en noviembre de 2025 a cuatro y cinco años de cárcel por el delito de tortura. Según confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago, ambos carabineros sometieron a agresiones reiteradas a un detenido durante el estallido, a quien torcieron sus dedos y brazos, golpearon con un bastón, ahorcaron secuencialmente y lo balancearon para azotarlo contra un portón.

Una niña herida

Entre los condenados también figura el caso del exsuboficial de Carabineros Luis Castillo Fernández, quien fue declarado culpable por los delitos de apremios ilegítimos y condenado a 11 años de cárcel. La sentencia fue confirmada en febrero recién pasado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Según consta en la causa, en noviembre del 2019, Castillo golpeó con su luma la cabeza de una niña de 14 años, quien según se pudo constatar ni siquiera participaba en las manifestaciones en La Cisterna. La agresión del suboficial, quien ya ingresó a la cárcel, derivó en que la menor de edad perdiera la visión de un ojo.

El octavo caso corresponde al del carabinero, Hugo Raúl Navarro Corvalán, quien en 2022 fue condenado a seis años de cárcel, declarado culpable por los delitos de homicidio frustrado en Ovalle. Navarro, según la condena, redujo e inmovilizó a un manifestante, en contra de quien después disparó su arma, causando una herida en la pelvis de la víctima.

También están los casos de los excarabineros Henry Giovanny Cuellar Vega y Victor Antonio Lastra Marguirott, quienes fueron condenados a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves gravísimas. Este corresponde al caso de Mario Acuña, agresión que ocurrió en Buin el 2019.

El cabo primero del Ejército, Pedro Gonzalo Lavín Villalobos fue condenado a siete años de cárcel por apremios ilegítimos por hechos ocurridos en octubre del 2019 en Colina.

En la misma situación se encuentra el cabo Belisario Alexis Morales Martínez, quien fue condenado a ocho años de cárcel por lesiones graves y disparos injustificados en las manifestaciones del 2019 en La Cisterna.

El 2023 también se condenó a seis año de cárcel a los carabineros Franco García Castillo y Juan Ernesto Avaria Olguin, quienes fueron acusados por los delitos de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público, tras agredir a un niño de 13 años durante las manifestaciones en La Serena. Pese a eso, Avaria permanece prófugo de la justicia y no ha cumplido su pena.