La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encabezó este lunes la cuenta pública sobre la gestión del Poder Judicial durante 2025 e inauguró el año judicial 2026.

En la ceremonia realizada en el Palacio de Tribunales, Chevesich, que asumió hace menos de dos meses como presidenta del máximo tribunal, reflexionó sobre la situación del Poder Judicial ante el caso Audio y la llamada trama bielorrusa.

Autoridades como el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, el presidente electo, José Antonio Kast, la contralora Dorothy Pérez, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, estuvieron entre los asistentes a la actividad.

El discurso de la presidenta de la Suprema

“Hemos atravesado una crisis. Eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente y que han comprometido la imagen y confianza institucional, son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor“, señaló la presidenta de la Corte Suprema, de entrada, en su discurso.

Tras esto, Chevesich destacó que “así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo, tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin y excluir la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad”.

En esa línea, a modo de ejemplo de las medidas ejecutadas para prevenir hechos de esta naturaleza, la ministra resaltó la implementación del nuevo Código de Ética Judicial, la revisión y actualización de la normativa referente a la integración de las salas y la regulación de las preferencias para la vista de las causas en la Corte Suprema.

“Como medida más reciente, se añade el deber de publicación en la página web institucional de las inhabilidades de ministros, fiscales, jueces, abogados integrantes y jueces subrogantes, que por orden de esta Presidencia ha sido reforzada durante el mes pasado”, puntualizó.

Asimismo, la presidenta del máximo tribunal planteó que esta crisis “abre una ventana de oportunidad para abordar la ética profesional con una visión más amplia, en que pueden participar otros actores vinculados con la formación y ejercicio de la profesión jurídica”.

“Esto no puede comprenderse completamente, ni menos superarse, si la abogacía no hace su propia introspección, y revisa los estándares éticos con que ha asumido históricamente su función”, advirtió.

La ministra indicó que “se necesita una mejora al sistema actual, de manera que se pueda garantizar que quienes asuman oficialmente la profesión jurídica, cumplan en forma clara y sin subjetividades los requisitos de fondo y las exigencias morales que la sociedad considere que los hagan merecedores de tal prerrogativa”.

La mandamás del máximo tribunal fijó cuatro focos esenciales para que sean el sello de su gestión en el cargo: fortalecimiento de la probidad y transparencia; recobrar la confianza y credibilidad en la justicia; mejorar la oportunidad de la respuesta jurisdiccional; y el robustecimiento de los vínculos internos e interinstitucionales.