Pese a quedar satisfecho con la resolución del Juzgado de Garantía de La Serena, en el marco del caso denominado Papaya Gate, el abogado Samuel Donoso lanzó el miércoles una bomba contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En el marco de una investigación por presunto fraude al fisco ocurrido en la Región de Coquimbo durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, que mantiene como imputada a la exintendenta regional, Lucía Pinto (UDI), y el exadministrador regional, José Cáceres Rojas, la jueza Carolina Baroncini Gálvez decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para ambos, sepultando así las pretensiones del CDE de que quedaran en prisión preventiva.

Medida cautelar que no había sido solicitada por el Ministerio Público.

“No resulta justificado en ningún caso someter a los imputados a una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva, medida cautelar que de todas maneras es la última a la que el tribunal debe echar mano”, señaló la jueza Carolina Baroncini Gálvez, que, además, estimó que respecto al coimputado por fraude al fisco Pablo Bracchitta, gerente del grupo inmobiliario involucrado en el caso, que no existían suficientes presunciones fundadas de participación en el ilícito. Por lo tanto, no se le impusieron medidas cautelares.

Donoso, que representa a Pinto arguyó que el CDE tenía “sesgo político” al manifestar pretensiones judiciales en esta causa, pero no en otras que involucran al oficialismo, como en el caso ProCultura. Esto, considerando asimismo que el organismo había ido “más allá” de lo que lo hizo la propia fiscalía.

“¿Por qué no con ProCultura?”

En diálogo con el medio local Mi Radio, el abogado Donoso planteó suspicacias respecto a una supuesta relación entre el CDE y el Ejecutivo. “¿Tendrá algo que ver esto que hayan consejeros como la señora Paulina Veloso, que es la madre del ministro Nicolás Grau (Economía), o que hay otro consejero que se llama Daniel Martorell, que es tío o tiene algún vínculo con una persona que recibió pagos de Procultura, no menores?. El país merece una explicación”.

Contactado por La Tercera, Donoso subrayó: “El CDE actúa con un sesgo político a mí modo de ver al pedir la prisión preventiva de mi representada, en circunstancias que ni siquiera el Ministerio Público la pidió. Y no hay antecedentes para una medida así, lo que hay es que el senador comunista Daniel Nuñez había anunciado pedirla. Y a eso uno suma que en el caso ProCultura, un caso gravísimo, el CDE ni siquiera ha presentado querella. Es decir con una exautoridad del gobierno del Presidente Piñera todo el rigor, contra otros nada”.

En efecto, el senador aludido por Donoso, que representa a la Región de Coquimbo, había presentado una querella en la causa, la que no fue acogida.

Eso sí, el CDE sí presentó una querella en el caso que investiga millonarios traspasos de platas públicas a la fundación liderada por Alberto Larraín. Esto fue en febrero del 2024, en medio del caso Convenios. Lo que no ha ocurrido, y el organismo estaba estudiando realizar era una ampliación de la querella, donde se podrían agregar nuevos delitos y hechos conocidos durante el último tiempo. Por esto último, la UDI cuestionó al CDE por “tomarse un tiempo” para tomar esta decisión.

Desde el CDE, no se refirieron a estos cuestionamientos, pero recordaron que son querellantes en ProCultura desde 2024.

Papaya Gate

De acuerdo a la investigación que está realizando la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, entre 2019 y 2020, el GORE de Coquimbo adquirió seis lotes de terreno en el sector de San Ramón, en La Serena, por un total de $9.800 millones. Sin embargo, los terrenos habían sido comprados años antes por mucho menos, por cerca de $485 millones, y su valor de mercado en el momento de la compra por parte del GORE no superaría los $4.000 millones. La intención del Gore era crear un nuevo centro deportivo.

En ese marco, la Contraloría General de la República rechazó en cuatro ocasiones los contratos relacionados con esta compra.

La Fiscalía formalizó por fraude al fisco a Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta, gerente general de la Inmobiliaria Guayacán. No obstante, para este último el tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes para acreditar su participación en el delito de fraude al fisco.

El abogado Gabriel Zaliasnik, quien representa a Bracchiatta, señaló a La Tercera que “todo esto que se ha construido por cinco años, con la sólida resolución del Tribunal de Garantía se desmonora”.

“En la audiencia, el CDE para justificar por qué va más allá que el Ministerio Público dice seguir ‘criterios institucionales’. Si hay ‘criterios institucionales en materia de corrupción o fraude al fisco, ¿qué actitud van a tomar con el caso Sierra Bella, que lo quieren cerrar, o Procultura en que ni siquiera han ejercido acciones penales?”. Evidentemente, un organismo técnico que debe velar por los intereses fiscales pareciera estar obrando con un sesgo por lo menos, o un entusiasmo que no resulta justificado a la luz de la investigación que ha llevado adelante la fiscalía", comento el abogado.

Por último, Zaliasnik dice que evaluará pedir el sobreseimiento de su representado y, además, presentar acciones contra quienes levantaron “cuestionamientos falaces que han afectado la reputación y el buen nombre del señor Bracchitta y de los socios de la inmobiliaria”. “Es inaceptable que en un Estado de Derecho se litigue para la prensa y medios sociales, usando antecedentes que no se sostienen ante el estándar que exige un Tribunal”, afirmó el profesional.