Una serie de eventuales irregularidades expuso un grupo de abogadas integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), en contra del proceso de elección de la nueva Dirección Ejecutiva del organismo, y en el marco de la cual resultaron electas Bárbara Sepúlveda (PC) como presidenta, Macarena Lara como directora ejecutiva y Trinidad de la Paz Poblete como secretaria general.

Y es que a pesar de que las tres profesionales, integrantes de la Lista B, ya fueron proclamadas, las recurrentes que interpusieron una reclamación de nulidad ante el Segundo Tribunal Electoral de Santiago alertaron que durante el proceso existieron una serie de irregularidades y vulneraciones de derechos.

La acción en cuestión fue interpuesta por las abogadas que integraban la Lista A -que resultó perdedora- Natalia Bravo, Claudia Salinas y Constanza Núñez, con el apoyo de la expresidenta Andrea Bluck, quienes no solo solicitan que se anule el proceso en cuestión, y se celebren nuevos comicios, sino que también se incorporen otras profesionales al padrón y se aclaren las normas bajo las cuales se llevarán adelante las definiciones.

Esto último, se explicita, porque habría una serie de inconsistencias entre los estatutos de la organización y, por ejemplo, el Protocolo de Democracia Interna. Además, se habría cambiado la fecha de votación sin aviso y no se habrían transparentado ciertas cuestiones, lo que haría que el procedimiento se encuentre supuestamente viciado.

Las irregularidades

Según se advierte en el documento de 33 carillas, durante el proceso eleccionario en cuestión habrían existido al menos nueve irregularidades que justificarían -a juicio de las requirentes- su anulación.

En primer lugar se advierte falta de claridad e incumplimiento de la normativa interna, ya que según se indica “la normativa que rige las votaciones no fue oportuna ni debidamente comunicada a todas las integrantes de Abofem, especialmente en lo relativo a los requisitos para constituir y completar el padrón electoral, generando confusión y desconocimiento de los procedimientos establecidos”. Eso, dicen, habría llevado a interpretaciones diversas y arbitrarias por parte de la Comisión Electoral.

Segundo, se recalca que se habría vulnerado el derecho al sufragio, dado que en el proceso impugnado “se exigieron requisitos no contemplados en la normativa interna para ejercer el derecho a voto, como la acreditación del pago de cuotas desde el año 2022″. Eso se habría exigido, detallan, “sin que existiera registros de verificación y considerando que a las candidatas se les exigió pago de cuotas al día correspondiente al año inmediatamente anterior, es decir al año 2024″.

Tercero, se hizo presente que existieron problemas con el padrón electoral, “considerando la inclusión de personas no habilitadas para votar si se hubieran mantenido idénticos criterios de exclusión respecto de otras socias por parte de la Comisión Electoral, y la exclusión de otras que sí cumplían con los requisitos, si se hubieran -como se dijo- ocupado idénticos criterios por la Comisión Electoral”.

Como cuarto punto, las requirentes manifestaron que se pasaron a llevar acuerdos básicos que llevaron a la transgresión de una serie de principios que fueron “ungidos como pilares de nuestra institución”, tales como la buena fe, la autonomía de las regionales, la transparencia y la democracia representativa.

Asimismo, plantearon que habría existido “intromisión y ejecución de funciones ajenas al proceso electoral”, toda vez que la Comisión Electoral habría decidido, “de manera unilateral, omitir la difusión de una actividad relevante organizada por la Comisión de Incidencia Legislativa y Políticas Públicas, sin haber informado ni consultado previamente a las directoras responsables”.

Juez y parte

En sexto lugar, sumaron que habría errores en la toma de decisiones respecto a la limitación en la participación de las voluntarias en el proceso eleccionario, ya que “se omitió parte de una pregunta enviada por la presidenta de la asociación, sin informar ni justificar dicha omisión, afectando la participación deliberativa y la transparencia del proceso”.

De igual forma, agregaron que la Comisión Electoral actuó como juez y parte, ya que pese a que se había pedido la inhabilidad de dicha comisión cuando la elección fue impugnada por los canales internos, esta igualmente decidió y desestimó el reclamo.

Aquello, agregaron como punto octavo, supondría desconocimiento de las facultades del directorio, ya que este pudo haber resuelto. Y noveno, se advirtió que se llevaron a cabo actos e hitos electorales sin haber finalizado los plazos de impugnación.

Así las cosas, subrayaron que “el proceso eleccionario impugnado vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a participar en asuntos públicos, el derecho a no ser discriminada arbitrariamente en el acceso a derechos y deberes estatutarios, y el derecho a un debido proceso interno”.

La respuesta de Abofem

Frente a la presentación de la acción, desde Abofem indicaron que “el proceso electoral ha concluido conforme a las disposiciones estatutarias y se encuentra terminado. Mantenemos plena tranquilidad respecto de su desarrollo, transparencia y de los procedimientos aplicados”.

“Como organización feminista, democrática y jurídica, valoramos que existan espacios formales que resguarden el derecho a la participación, la transparencia y el debido proceso en todas las etapas de nuestra vida institucional. Cualquier observación o diferencia respecto del reciente proceso eleccionario se tramita, como corresponde, a través de los canales institucionales previstos tanto en la normativa vigente como en nuestros estatutos internos”, agregaron.

En el mismo sentido, hicieron presente que creen “firmemente que no obstante el derecho de toda persona a ejercer una reclamación por los medios de impugnación correspondientes, creemos que es necesario actuar apegadas a la verdad y no permitir la instalación de mentiras”.

“Abofem sigue firme en su labor jurídica, política y feminista, con la convicción de que construir poder colectivo también implica saber gestionar diferencias con responsabilidad, sin caer en el sensacionalismo ni perder de vista nuestras prioridades: el trabajo por los derechos de mujeres, niñas, disidencias y comunidades que históricamente han sido excluidas del acceso a la justicia", concluyeron.