En la instancia de juicio de cuentas se encuentra la Contraloría Regional de Valparaíso en el proceso que busca determinar la responsabilidad civil de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), la exjefa comunal Eugenia Garrido y 11 exfuncionarios de ese municipio en irregularidades de las platas públicas de la Corporación de dicho municipio.

Particularmente se apunta a omisiones respecto de no pagar oportunamente las cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores, generando dicho incumplimiento el pago de intereses, reajustes, gastos de cobranza y multas que devengaron en un perjuicio fiscal avaluado en cerca de $1.200 millones a junio de 2025.

Fue por ello que el ente dirigido por Dorothy Pérez ingresó un reparo -acción legal en que se detecta perjuicio al patrimonio y se exige restituir esos fondos- y solicitó la devolución de $1.122.359.123 a partir de un examen de cuentas efectuado en la Corporación Municipal en 2024 para el periodo de tiempo entre el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre del 2023. El escrito concluye que “en la referida corporación municipal se efectuaron desembolsos que produjeron un detrimento al patrimonio de esa entidad”.

En esa línea se detalló en el escrito -al que La Tercera tuvo acceso- que la corporación “desembolsó la suma de $3.024.545.004 por concepto de intereses y reajustes y un monto de $571.544.716 por gastos de cobranza producto del pago extemporáneo de las cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores, con el consecuente daño a su patrimonio”.

El ente fiscalizador reiteró que dichos costos adicionales implicaron un perjuicio al patrimonio de la municipalidad, “causado por el no cumplimiento de la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud dentro del plazo establecido en la normativa aplicable”.

Respecto del rol de Reginato, la Contraloría determinó que la exalcaldesa “incurrió en las omisiones culpables que generan sus respectivas responsabilidades para efectos del presente reparo”.

A los exfuncionarios cuestionados “se les imputa la omisión culpable de no haber pagado oportunamente las cotizaciones” y se añade que “así corresponde perseguir la responsabilidad civil extracontractual de las personas anteriormente individualizadas, pues respecto de todos ellos, se constataron omisiones culposas que produjeron directamente el perjuicio ocasionado al patrimonio”.

La exalcaldesa Reginato no contestó los llamados de este medio.

Por su parte, la actual máxima autoridad comunal, Macarena Ripamonti (Frente Amplio), sostuvo a La Tercera que “los antecedentes conocidos dan cuenta de reparos que, en su conjunto, superan los $1.500 millones, una cifra de magnitud extraordinaria que evidencia un daño grave y acumulado a las finanzas municipales. Este perjuicio impacta directamente en la capacidad del municipio para cumplir oportunamente sus funciones, ejecutar obras, sostener servicios esenciales y responder a las necesidades de la comunidad”.

En esa línea, agregó que “el daño al patrimonio público nunca es abstracto: cada peso mal utilizado es un peso menos destinado a salud, educación, seguridad, espacios públicos y calidad de vida para los vecinos y vecinas (...) Nuestra obligación institucional es colaborar activamente con los órganos fiscalizadores, transparentar la información, fortalecer los controles internos y, sobre todo, asegurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”.

Fue en junio del año pasado cuando la Contraloría determinó mediante el Informe Final N° 490/2024 las cotizaciones impagas. En esa oportunidad se hablaba de una deuda previsional nominal de $11.871 millones a diciembre del 2023. En algunos casos el atraso superó los 600 días.

Otros casos más sensibles alertaban que al 30 de septiembre del 2023 la corporación mantenía impagas cotizaciones de salud de 13 personas fallecidas.