La Contraloría Regional de Valparaíso detectó una deuda previsional y de salud que supera los $ 15.700 millones en la Corporación Municipal de Viña del Mar, con pagos atrasados hasta 600 días y un daño patrimonial millonario.

Ante las irregularidades, la alcaldesa, Macarena Ripamonti (FA), se defiende y responsabiliza a la administración anterior de Virginia Reginato (UDI) por haber heredado este complejo problema financiero.

¿Cómo evalúa los resultados del informe de Contraloría sobre las deudas previsionales heredadas de la administración anterior?

Lo primero es que hoy existe evidencia objetiva de un daño patrimonial, que trae consigo responsabilidad administrativa a través de reparos. Sin embargo, también se reconoce que con las medidas tomadas hemos logrado pagar esas deudas. Eso pocas veces pasa en el país, que uno reciba una bola de nieve de esta magnitud y que a la fecha, no habiendo cumplido aún cuatro años, ya esté resuelta. Esto ha significado mejorar la gestión y garantizar la provisión de medicamentos, remuneraciones y nuevas construcciones. El informe ha sido revelador y un reconocimiento al esfuerzo de nuestro equipo.

¿Qué medidas implementaron para resolver estas deudas previsionales?

Lo primero fue implementar medidas inmediatas de control de gestión. La administración corporativa y el municipio son organizaciones interdependientes, pero la corporación depende mucho económicamente del municipio. El municipio solo transfería $ 9.500 millones al año, cuando las necesidades reales eran el doble, lo que provocaba mal uso de los recursos, por ejemplo, dinero destinado a educación se usaba para cubrir otras deudas. Incluso tuvimos que devolver miles de millones de pesos en proyectos ganados que no se ejecutaron ni rindieron, y ese dinero se usaba para otras deudas, una especie de “bicicleta en colapso”.

Para enfrentar esto, lo primero fue reducir todos los costos posibles. Al llegar, el 1 de julio, instalamos una mesa de control financiero de gasto, que por primera vez integró a la Corporación, Unidad de Administración y Finanzas, Dirección Jurídica, Unidad de Control, la Administración y la Alcaldía. Esta mesa tomaba decisiones diarias sobre qué pagar para mantener la gestión funcionando, como insumos o servicios básicos. Este control riguroso duró dos años y medio.

¿Y qué acciones tomaron una vez estabilizada la situación financiera?

Cuando la situación se estabilizó, logramos convenios de pago y negociamos con el Servicio de Impuestos Internos, recuperando la credibilidad financiera necesaria para acceder a un leaseback autorizado por el Ministerio de Hacienda. Aunque la licitación enfrentó obstáculos, finalmente se concretó, permitiendo controlar la deuda y el presupuesto. Actualmente, no hay deuda previsional con trabajadores desde 2016, y el déficit municipal bajó de más de $ 20.000 millones en 2021 a cerca de $ 2.000-$ 3.000 millones. Además, gestionamos convenios con el Ministerio de Educación y apoyo privado para mejorar las escuelas.

El informe menciona falta de mecanismos para controlar pagos parciales en demandas judiciales y cotizaciones impagas. ¿Cómo se hicieron cargo de esa problemática?

En ese tiempo la deuda aumentaba constantemente, pero aumentamos el control. El sistema privado de cobros no permitía pagos parciales y las instituciones financieras aplicaban reajustes que dificultaban el pago. Eso ya está solucionado, los juicios pendientes terminaron y hoy no tenemos deudas ni litigios en la administración corporativa, algo que no sucedía desde 2016.

También se señaló la ausencia de análisis detallados de cotizaciones adeudadas por trabajador o institución. ¿Se resolvió este tema?

Sí, se trataba de un problema normativo complejo, pero con las medidas de control implementadas ya no hay deuda desde 2024. La Contraloría incluso nos eximió de responsabilidad, reconociendo que el trabajo fue serio y confiable.

Usted presentó una querella contra la exalcaldesa Reginato, pero hasta ahora no se la ha formalizado. ¿Cuál es el estado del proceso?

Existen juicios de cuentas con condenas para ella y colaboradores, y la Contraloría ordenó al Consejo de Defensa del Estado investigar responsabilidades por posible comisión de delitos. Entregamos toda la información necesaria, pero el proceso está detenido. Además, la PDI presentó un informe con evidencia de transferencias directas irregulares a la cuenta del gerente general con autorización de la exalcaldesa, que podría configurarse como fraude al Fisco. A pesar de esto, no ha avanzado la investigación penal.

¿Le preocupa la lentitud del sistema judicial en este caso?

Sí, preocupa. La lentitud y burocracia del sistema dificultan la justicia rápida. Es un problema que requiere reformas para mejorar la eficacia y dar respuesta a la ciudadanía.