Han pasado casi cuatro semanas desde que el Presidente Gabriel Boric anunció la realización de una consulta indígena enfocada exclusivamente en el pueblo mapuche y centrada en la propuesta de un nuevo sistema de tierras, una de las principales recomendaciones del informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Y aunque el despliegue territorial comenzó incluso antes del anuncio oficial el pasado 22 de mayo, según reconocen desde la Unidad de Seguimiento el proceso sigue envuelto en indefiniciones metodológicas.

Desde dicha instancia, liderada por Fabián Salas, explican que tras el anuncio presidencial se iniciaron diversas gestiones para llevar a cabo esta consulta durante el segundo semestre de 2025. El proceso está siendo coordinado con distintas instituciones de gobierno, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Servicios Sociales, la Conadi, el Plan Buen Vivir -que estará a cargo de los aspectos territoriales- y la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes (UCAIA), responsable de la ejecución técnica de la consulta. La coordinación central recae en la propia Unidad de Seguimiento, que fue creada tras el cierre de la comisión.

La consulta estará normada por el Decreto Supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de 2014, y contempla cinco etapas: planificación, información, deliberación interna, diálogo y sistematización. En esta fase preliminar se ha trabajado en el diseño metodológico del proceso, así como en su difusión entre autoridades e instituciones asociadas, tanto a nivel central como en las cuatro regiones de la macrozona convocadas: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. También se han realizado capacitaciones a funcionarios, impartidas por Conadi y UCAIA, y se están constituyendo los espacios de coordinación regional, mandatados por el oficio N° 12.771 del Ministerio del Interior.

Sin embargo, aún no hay una fecha exacta para el inicio de la consulta ya que su ejecución depende de una publicación en el Diario Oficial, aunque fuentes de gobierno sostienen que esta debería comenzar en julio próximo.

En Unidad de Seguimiento entienden que los recursos para llevar adelante la consulta están contemplados en el presupuesto del Midesof, dado que la UCAIA -entidad encargada de su ejecución- depende de esa cartera. No obstante, al ser consultados por el monto exacto destinado al proceso, hasta el cierre de esta edición ni en la UCAIA ni en el ministerio tenían claridad sobre el costo total que implicará su implementación.

Mientras eso ocurre, tampoco se ha definido públicamente el lugar donde se realizarán los encuentros, ni las preguntas que se formularán a las comunidades, ni el mecanismo de sistematización de los resultados. Desde UCAIA reconocen que aún están “en proceso de definición” y que los diálogos se realizarán con representantes convocados a lugares específicos y no mediante visitas a las comunidades.

En paralelo se ha estado levantando información sobre el universo de comunidades que participarán. La convocatoria será amplia y dirigida a todas las instituciones representativas del pueblo mapuche -comunidades, asociaciones y organizaciones tradicionales- de las cuatro regiones mencionadas, siempre que puedan verse directamente afectadas por la medida. Pero hasta ahora tampoco existe un catastro público consolidado.

El resultado de la consulta, si bien no tiene carácter plebiscitario, sí será considerado en el marco de la toma de decisiones. Así lo expresa la senadora Carmen Gloria Aravena, exintegrantea de la Comisión para la Paz: “Lo veo como una iniciativa relevante. Creo que es necesario que esta pueda tomar en cuenta todas las opiniones, que nada quede afuera; y que cuente con un lenguaje comprensible para todos”, señala a La Tercera.

Pero al ser una consulta participativa, sobresale la duda de si esta será vinculante o no con la puesta en marcha de las recomendaciones sobre tierras emanadas del texto oficial de la comisión.

Respecto de lo anterior, la senadora Aravena añade: “En estricto rigor no es vinculante, pero al mismo tiempo sí lo es. De alguna manera, es difícil que si se rechaza la consulta -dado el Convenio 169 de la OIT- esto pueda ser tomado como base para la modificación de la Ley Indígena. Lo complejo sería que algunas cosas de la consulta sean apoyadas y otras no”.

Y continúa: “Mi visión, por lo que me han transmitido muchas comunidades con las que he tenido contacto, es que la mayoría está a favor y tienen una percepción positiva del informe y la consulta. Las comunidades del territorio lo ven como una demanda histórica que no había sido tomada en cuenta y que ahora tendrán una oportunidad”.

Los tiempos

Desde UCAIA explican que, conforme a la normativa vigente, los procesos de consulta indígena tienen una duración aproximada de entre cuatro y seis meses, dependiendo del tipo. Sin embargo, los plazos específicos y la metodología deberán ser definidos en conjunto con las comunidades durante la etapa de planificación, que aún no comienza formalmente.

La Unidad de Seguimiento ha intentado instalar el proceso a través de presentaciones a delegados presidenciales y coordinadores del Plan Buen Vivir, quienes asumirán roles clave en la articulación regional. Por su parte, los excomisionados no tienen actualmente un rol formal en la consulta, por lo que su participación será voluntaria.

Lo que sí está claro es que la consulta será limitada exclusivamente al pueblo mapuche que habita en las regiones convocadas. Ni otros pueblos originarios ni comunidades mapuches fuera de esa zona podrán participar, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la medida, considerando que las políticas indígenas suelen tener impactos a nivel nacional.

Desde la Unidad de Seguimiento y UCAIA expresan que “en esta consulta, de aprobarse una modificación al sistema de tierras, se incluirían normas específicas sólo aplicables el pueblo mapuche en esas regiones, y no a la totalidad del territorio nacional”.