El miércoles 8 de abril se marcó un punto de inflexión en la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en el caso denominado “trama bielorrusa”. Una indagatoria que lleva la Fiscalía de Los Lagos y que la tiene cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.

Ese miércoles, su abogado, Jorge Valladares -quien asumió el mismo día que la exjueza fue detenida en su casa en Las Condes, en enero pasado-, renunció a su representación.

“Por motivos estrictamente profesionales, vengo en renunciar al patrocinio y poder que se me ha conferido en estos autos por doña Ángela Francisca Vicanco Martínez”, se lee en el documento que el profesional presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo con quienes conocieron del tenor de la determinación, su salida nada tendría que ver con diferencias en la estrategia de defensa.

Si bien Vivanco podría definir que ahora contará con los servicios de un nuevo abogado privado de confianza, a raíz de la renuncia de Valladares el juez Cristián Azocar le asignó, por el momento, al defensor penal público, Víctor Providel.

De hecho, a raíz de esa resolución y según pudo recabar este medio, este lunes Providel buscará entrevistarse con Vivanco para conocer si pretende seguir con la Defensoría Penal Pública (DPP) o si buscará a otro profesional. En la instancia, además, podrían abordar elementos relacionados con lo que viene en la causa.

En paralelo, los abogados querellantes que representan a Codelco en esta causa -Julián López y Carolina Sepúlveda- emprendieron nuevas acciones y ampliaron la querella interpuesta dirigiéndose en contra de los exdiputados Gabriel Silber y Aldo Cornejo, y de la secretaria de Eduardo Lagos, María Pía Peñaloza, por el delito de soborno y lavado de activos.

Lo anterior, como se detalla en un escrito de 37 páginas, porque los tres sujetos tendrían participación “en los hechos materia de la presente investigación”. O sea, en los supuestos pagos que habrían realizado Lagos y Mario Vargas a Vivanco, a través de Gonzalo Migueles, para que supuestamente ella favoreciera a Belaz Movitec en litigios contra Codelco que se tramitaban en la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Se trata de hechos constitutivos de los eventuales delitos de soborno y cohecho, además de maniobras de lavado de activos, donde también aparecen como imputados los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle y Harold Pizarro, el dueño de una casa de cambio de dinero.

El rol de Silber

Según se detalla en la ampliación de la querella, Silber habría participado en los delitos de soborno en coautoría con los abogados Lagos y Vargas, en el contexto de su calidad de socio del estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada.

“El señor Silber tuvo conocimiento directo y pleno del mecanismo de influencia ilícita sobre la entonces ministra de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco, a través de su pareja Gonzalo Migueles. Participó en la negociación de los pagos destinados a retribuir dicha influencia, compareció personalmente como abogado del Consorcio Belaz Movitec en los recursos judiciales cuyo resultado favorable fue producto del soborno y recibió honorarios millonarios derivados directamente de las ganancias ilícitamente obtenidas”, se lee en la acción penal.

Asimismo, hacen presente que, “si bien declara no haber realizado gestiones para apurar la vista ni haber ofrecido beneficios a miembros del Poder Judicial, el solo hecho de haber comparecido como abogado patrocinante en un recurso cuyo resultado favorable fue obtenido mediante sobornos a la ministra Vivanco –de lo cual tenía pleno conocimiento– configura una contribución esencial a la ejecución del plan delictivo“.

Suman, en línea, que entre otros antecedentes, pudieron constatar que Silber presentó escritos directamente ante Vivanco en su calidad de ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Copiapó, como confirmó en su declaración el exsecretario de la exministra.

Además el escrito añade que el abogado recibió una serie de pagos “como contraprestación por su participación profesional en una causa cuyos resultados favorables –según él mismo reconoció en su declaración– fueron producto de la influencia ilícita ejercida sobre la ministra Vivanco a través de Gonzalo Migueles. Es decir, el señor Silber recibió honorarios a sabiendas de que los fondos que los generaban provenían directamente de resultados judiciales obtenidos mediante sobornos".

La forma en que él habría detallado el funcionamiento de la oficina, los patrones que seguían sus socios y otros detalles, afirmaron los abogados de Codelco, “da cuenta inequívocamente de que el señor Silber participó, a lo menos, de los delitos de soborno y cohecho asociados a la tramitación de las causas judiciales iniciadas por ellos en representación de CBM contra Codelco”.

De acuerdo con lo analizado por los querellantes, Silber también sería “autor del delito de lavado de activos previsto en el artículo 27 letra b) de la Ley N° 19.913, por la recepción consciente de fondos cuyo origen ilícito conocía plenamente".

Sobre Cornejo y Peñaloza

De igual forma, en la acción de Codelco se especifica sobre la relación que tendría Cornejo con los hechos. Sostienen, como se lee, que participó de los delitos de soborno investigados (...) en el contexto de su participación en el estudio jurídico donde Lagos, Vargas y Silber eran socios. Asimismo, recibió cuantiosos pagos a partir de los fondos que el estudio jurídico recibía a título de honorarios profesionales, los que, en realidad, constituían el producto directo de los delitos de soborno cometidos por los abogados imputados".

“Si bien el señor Cornejo no figuraba formalmente como socio del estudio ‘Lagos, Vargas & Silber’, mantenía una relación estrecha con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas desde, al menos, el año 2019, según su propia declaración. De hecho, fue él quien vinculó a Gabriel Silber con Vargas y Lagos, lo que permitió la posterior constitución del estudio. Incluso los abogados asociados lo reconocían como socio. En la práctica, Aldo Cornejo era un socio más del estudio jurídico”, agregan.

Destacan, en ese sentido, que “fue Cornejo quien incorporó al Consorcio Belaz Movitec como cliente del estudio”. Asimismo, relevan que cuando Lagos se enteró de una resolución que los favorecía, de inmediato le pidió a Cornejo tomar contacto con Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Se menciona que también recibió numerosas transferencias desde cuentas asociadas al estudio y de Movitec, por lo que también se busca que se le encause por lavado de activos.

Sobre Peñaloza se especifica que sería cómplice de los delitos de soborno y que habría cometido delitos de lavado de activos, “al ocultar o disimular el origen ilícito de dineros, a sabiendas de que provenían de los sobornos cometidos por los abogados”.

“La señora Peñaloza intervino activamente en las operaciones vinculadas tanto a la entrega de retribuciones económicas a la pareja de la ex Ministra, como al ocultamiento, manejo y circulación de dineros de origen ilícito”, explicitan en la ampliación.