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Tras liberación de sicario de comerciante de Meiggs: Fiscalía Nacional abre investigación por eventual falsificación de orden judicial

Ministerio Público emitió una nueva orden de captura contra el ciudadano venezolano Osmar Ferrer, imputado por su presunta participación en el crimen del comerciante de Meiggs José Felipe Reyes Ossa.

El crimen se cometió el 19 de junio en calle Quirihue, de Ñuñoa. Foto: Fiscalía.

Esta tarde se conoció que el ciudadano venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, quien estaba en prisión preventiva por el homicidio de un comerciante del barrio Meiggs, registrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa, fue liberado por Gendarmería tras recibir una presunta orden del 8° Juzgado de Garantía.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Fiscalía, los detenidos tendrían vínculos con el Tren de Aragua en el país.

Desde Gendarmería informaron a este medio que la orden llegó desde el citado tribunal, por lo que procedieron a cumplirla y descartaron que sus servidores hayan sido víctimas de un “hackeo”.

Así las cosas, mediante un comunicado la Fiscalía Nacional informó que, en horas de esta tarde, tomó conocimiento de la liberación del sujeto, quien fue formalizado el pasado 9 de julio junto a otros dos sujetos por su participación en el crimen.

Aunque en esa ocasión, los tres imputados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, desde la Fiscalía se indicó que “el imputado Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el día 10 de julio, desde el Complejo Penitenciario Santiago I, en virtud de una resolución presuntamente emanada del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que dejaba sin efecto su prisión preventiva”.

Ante esta situación, el Ministerio Público adoptó una serie de medidas, incluyendo la solicitud de una nueva orden de detención en contra del imputado. Para esto, “se coordinó con las policías especializadas la activación de equipos destinados a ubicar al imputado, dada la gravedad del delito por el cual fue formalizado”.

Asimismo, indicaron que “se abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento judicial que permitió la excarcelación, incluyendo la eventual falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos”.

Finalmente, tras reiterar su compromiso con la persecución penal efectiva y con la protección de la seguridad pública, desde el Ministerio Público indicaron que “este grave incidente será investigado hasta sus últimas consecuencias, con el fin de establecer las responsabilidades que correspondan”.

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