Poco más de un mes ha pasado desde que los consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI anunciaron su arremetida judicial en contra del gobernador, Claudio Orrego, recurriendo al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la remoción de la máxima autoridad regional.

El anuncio de los consejeros surgió luego de que la Contraloría emitiera dos contundentes informes en los que daba cuenta que el Gobierno Regional Metropolitano contrató servicios de coaching para la campaña de Orrego, además de irregularidades administrativas en una corporación.

Pero el proceso que comenzará en la justicia electoral, ahora que los Cores ingresaron el requerimiento, se prevé especialmente complejo principalmente por dos factores. El primero, por la integración adversa del Tricel y, en segundo lugar, los antecedentes previos de otros casos que podrían marcar el destino de Orrego.

La integración del Tricel

La máxima instancia de la justicia electoral está integrada por cuatro ministros de la Corte Suprema y por un expresidente de alguna de las dos cámaras del Congreso.

Actualmente, quien preside el Tricel es el ministro Arturo Prado. El magistrado es de los cupos externos de la Suprema y es un juez que tradicionalmente ha sido de sensibilidad de derecha. Durante varios años estuvo integrando la Tercera Sala del máximo tribunal y ahora integra la sala dedicada a asuntos civiles.

A Prado se suma el ministro Mauricio Silva, quien tiene un perfil distinto al de Prado, es de carrera judicial, de bajo perfil y es de los ministros que son cercanos a la magistrada Gloria Ana Chevesich, quien en el último tiempo se ha caracterizado por ser implacable ante cualquier atisbo de irregularidad o corrupción al interior de la judicatura.

El tercer puesto corresponde a la ministra Adelita Ravanales. La magistrada cuando llegó al máximo tribunal lo hizo como un cupo reivindicado por la derecha. De hecho en el mundo político es sabido de lo que fue su cercanía con la exministra Ángela Vivanco o con la senadora UDI Luz Ebensperger. Actualmente es la encargada de la magistratura para trabajar en la redacción del futuro Código de Ética judicial.

La cuarta ministra es la magistrada de la Suprema Cristina Gajardo. La jueza, al igual que Prado, es de los cupos externos del máximo tribunal y es una reconocida abogada de derecha. Es especialista en derecho laboral, pero actualmente integra la sala dedicada a los asuntos penales, lugar al que llegó luego de pedir traslado de la Cuarta Sala debido a su evidente lejanía con ministras como Chevesich o Andrea Muñoz. Gajardo fue asesora del Ministerio del Trabajo durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

El quinto ministro, en la integración actual, es el expresidente de la Cámara el exdiputado Gabriel Ascencio. El exparlamentario que renunció a la DC podría generar ruido durante la tramitación del requerimiento en caso de que los requierentes pidan su implicancia. Esto debido a su exmilitancia en la decé, mismo partido en el que militó Orrego y respecto del cual el gobernador aún mantiene una importante ascendencia.

Precedentes riesgosos

El requerimiento de los consejeros recurre a las sentencias que cesaron de sus cargos a la exalcaldesa Karen Rojo y a la exgobernadora de Coquimbo Krist Naranjo, indicando que los servidores públicos que llegan a sus cargos por elección popular tienen que tener un mayor estándar en materia de control.

Además el escrito recuerda que las causales de falta a la probidad, de acuerdo a la propia jurisprudencia del Tricel, son objetivas. Por eso, cuentan quienes saben del requerimiento, es que el problema que tiene Orrego apunta a que los hechos están acreditados por informes de la Contraloría, lo que provocaría un panorama aciago para la máxima autoridad regional.

El caso de Rojo, si bien fue en sede penal y no en la justicia electoral, es relevante porque a la exautoridad se le condenó por haber contratado a la empresa Main Comunicación Estratégica, con recursos municipales, para levantar una encuesta para su campaña. Dicho caso se relaciona, precisamente, con lo que se acusa al gobernador de la Región Metropolitana, quien según Contraloría está cuestionado por contratar el coaching, presuntamente, para su reelección.

En ese caso, el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta determinó que la alcaldesa usó indebidamente los recursos públicos al contratar la empresa para realizar la medición con fines electorales propios, lo que se realizó simulando una asesoría institucional, cuando en realidad sólo se usó para fines electorales.

Aún más relevante para el futuro de Orrego es la jurisprudencia que se dejó luego de que el Tricel destituyera a la exgobernadora Naranjo. En ese caso, los consejeros de la Región de Coquimbo también apuntaron a la que la ahora exautoridad habría incurrido en faltas a la probidad por llevar a cabo una serie de hechos que comprometieron el funcionamiento de dicha gobernación y de los recursos públicos, así como de la transparencia institucional.

“Se demuestra que el mal uso que le ha dado la gobernadora al vehículo fiscal deja en evidencia que se incurrió en faltas graves a la probidad, al llevar una conducta reprochable que no va acorde con la dignidad del cargo, habiendo sido consciente de dicho acto y habiéndose apartado deliberadamente de la conducta intachable, honesta y leal que se le exige al cargo, haciendo primar sus intereses propios, y de sus familiares, por sobre el interés general”, se lee en la sentencia que la destituyó de su cargo.