Durante 2025 uno de los procedimientos más que habituales para la Fiscalía Regional de Antofagasta fueron los referentes a incautación de drogas. Uno de los pilares de la gestión del fiscal regional Juan Castro Bekios -quien asumió en el cargo el 11 de octubre de 2023- ha sido cambiar la estrategia y aumentar progresivamente los operativos para requisar sustancias ilícitas que buscan internarse en territorio nacional y detener a los responsables.

Así, en los últimos 12 meses, de acuerdo con los balances de la institución, se alcanzaron cifras históricas. Hasta el 18 de diciembre de 2025, sólo en la Región de Antofagasta se incautaron 38.866.891 kilos de diferentes drogas, casi el doble de lo requisado durante 2024, cuando se interceptaron 20.196.886 kilos.

De ese total, la mayoría corresponde a marihuana, con 31.022.133 kilos, seguido de ketamina, de la cual se incautaron 3.460.176 kilos en 2025.

Los volúmenes, como recalcan desde la Fiscalía de Antofagasta, superan a los registrados en las demás regiones del país y es fruto, principalmente, de labores que se desarrollaron en coordinación con Carabineros.

¿Por qué aumentaron tanto las incautaciones? Como asegura el fiscal Castro Bekios en conversación con La Tercera, no sólo porque sujetos podrían estar intentando internar mayor cantidad de sustancias ilícitas, sino que también porque el consumo, principalmente de marihuana, se mantiene alto, y también porque la estrategia de persecución de este delito se ha fortalecido.

“Considerando que Antofagasta es una región que tiene 150 kilómetros de frontera, con muchos pasos no habilitados, se comenzaron a identificar, junto a Carabineros, puntos críticos. Pero no sólo de ingreso, sino que también las rutas internas que utilizan. Igualmente, acá no basta con quedarse con la detención del transportista y con la droga que llevaba en ese momento. Hay que instruir diligencias inmediatas para intervenir la estructura completa. Por eso se ha determinado que siempre las causas sobre incautaciones que superan cierta cantidad de kilos, las lleva un fiscal especializado en drogas. Así se han ido fortaleciendo las indagaciones y Carabineros puede ir desarrollando gestiones de inmediato, gracias a muchas instrucciones que se pueden dar verbalmente por parte del fiscal”, dijo el persecutor.

Pese a ello, en la repartición están conscientes de que lo lucrativo del mercado de la droga es un gran factor que incide en que Chile se mantenga como un territorio interesante para quienes buscan comercializarla.

De hecho, de acuerdo con los cálculos que hacen en la Fiscalía de Antofagasta, si lo incautado durante el último año hubiese sido comercializado en sus respectivas dosis, los narcotraficantes habrían obtenido más de $ 236.108 millones, lo que se acerca al presupuesto anual de la totalidad del Ministerio Público para 2025, que ascendió a $ 287.752 millones.

“Es un negocio muy bueno para las bandas criminales. Las organizaciones criminales pueden tener muchos negocios. Pueden recurrir a la extorsión, a la trata de personas, al robo de vehículos, entre otros. Pero igual terminan recurriendo a la droga porque es lo que más les deja. Siempre van a tener esa variante, porque es derechamente de lo que más obtienen”, sostuvo el persecutor.

Los responsables

Con respecto a los imputados que movilizaban la droga incautada durante los últimos años, el fiscal Castro Bekios es enfático en sostener que se han vuelto más violentos y que suelen responder a los controles policiales con armamento. En algunos casos, de guerra.

Gran parte de los sujetos que han logrado condenar son extranjeros. Y se trata de individuos, describe el persecutor, que aplican una logística distinta a la que tenían chilenos que se dedicaban al negocio de la droga.

Narcotraficantes chilenos, en el pasado, solían ocuparse de las distintas etapas de la compraventa de droga. Contactaban al proveedor, ejecutaban el traslado y la distribución. Sin embargo, los extranjeros tercerizan las distintas labores, complejizando en algunos casos su persecución. Pese a ello, hoy el 53,6% de los condenados, desde octubre de 2023 a la fecha, corresponde a migrantes que se dedicaban a esta actividad ilícita.

El 46% (389) son chilenos, el 26,6% (223) son bolivianos, el 15,4% (129) colombianos, el 5,5% (46) venezolanos, el 1,1% (9) ecuatorianos y 42 son de otras nacionalidades o no se especificó su país de origen.

Estos, en suma, han sido condenados a 4.400 años de cárcel. O sea, en promedio, cada uno fue condenado a cinco años y un día de presidio efectivo.

“Esto nos da cuenta de algo muy relevante: parte importante del mercado ilícito de la droga está siendo manejado por extranjeros. Y son las mismas personas que se han ido tomando los campamentos y ejercido el control territorial, y que además han ido generando alianzas con sujetos que están en otros países y que tienen el control de puertos”, manifestó.

Y una de las preocupaciones, como advirtió, es el control que estarían ejerciendo sujetos ecuatorianos, porque a pesar de que son un grupo más reducido en comparación, por ejemplo, a colombianos, son más violentos y han alcanzado con poco mayor control.

El fiscal expuso, en ese sentido, que en un campamento que es controlado por colombianos pudieron incautar un cargamento importante de droga que estaba en manos de ecuatorianos, lo que sólo se explica, como dijo, dados los niveles de violencia que deben aplicar.

En cuanto a los desafíos para 2026, el persecutor aseveró que siempre buscarán disminuir las cifras de droga que no logran incautar y que termina ingresando al país.

Pero también sostuvo que habrá que estar atentos a cómo la situación que vive Venezuela podría generar movimientos en lo referente al tráfico y la movilización de bandas, y a los efectos del progreso del Corredor Bioceánico -proyecto que conectará el océano Pacífico con el Atlántico a través de una carretera que pasará por Chile-, ya que podría traer consigo mayor facilidad para el ingreso de bandas.