Luego de casi cuatro meses sin ver ni conversar con su pareja, Gonzalo Migueles, uno de los principales imputados en la trama bielorrusa requirió por intermedio de su abogado, Álex Carocca, que se le permitiera tener contacto periódico con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La situación de ambos, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en distintos penales de la capital, había hecho imposible que se comunicaran, por lo que Migueles apostó a que Gendarmería les autorizara y habilitara una forma para volver a verse.

“Considerando que mantienen una relación de convivencia de muy larga data, y de acuerdo con la reglamentación de Gendarmería, habiendo hecho ellos mismos las consultas sobre la viabilidad de esta petición, solicito se les autorice para mantener comunicación por videoconferencia una vez a la semana o con la periodicidad, en los días y en las horas que permita la reglamentación de sus respectivos lugares de reclusión, oficiando a ambos centros de detención para ello”, se leía en el requerimiento de la defensa de Migueles que publicó hace unos días este medio.

Sin embargo, la petición se realizó sin coordinación previa con Vivanco o su abogado, Jorge Valladares, por lo que en primera instancia desde el círculo de la exjueza se mencionaba que probablemente ella rechazaría la conexión.

Pese a ello y en atención al requerimiento, que quedó plasmado en el expediente judicial de la causa, Valladares conversó con su representada para abordar el asunto. Tras ello, el penalista comunicó su postura formalmente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Y claro, tomó cierta distancia.

Porque aunque Vivanco no declinó sostener la comunicación solicitada por Migueles, sí fijó de inmediato cuáles serían sus condiciones.

“Que, en conocimiento de la resolución de fecha 25 de febrero del año en curso que, proveyendo solicitud de la defensa del señor Migueles, ordena oficiar Gendarmería de Chile Unidad Capitán Yáber y CPF San Joaquín para evaluar la factibilidad técnica de forma de comunicación, he puesto en conocimiento de doña Ángela Vivanco la solicitud y su proveído con esta misma fecha”, dice en primer punto el escrito presentado por Valladares.

Y continuó: “Que, cumpliendo expresas instrucciones de mi representada, vengo en solicitar tener presente que no se opone a la referida videoconferencia o comunicación telemática, en el evento de contar con la disponibilidad técnica para aquello, y solicita que, en caso de autorizarse, la comunicación se circunscriba a una sola oportunidad y al preciso objeto de atender y/o resolver asuntos de los hijos de cada uno".

De igual forma, hicieron presente que la referida videoconferencia “en caso alguno se extenderá a los hechos relativos a la investigación que motiva el presente proceso y se realice sin la presencia de las defensas de las partes”.

El punto, aseguran intervinientes en el proceso, no es menor considerando que el requerimiento se presentó justo en la antesala de la reformalización agendada para el próximo 17 de marzo, donde a ambos, además de Mario Vargas y Eduardo Lagos, se les imputará por nuevos hechos.

Asimismo, se produjo en circunstancias que Migueles y su abogado coordinaban con el Ministerio Público el día y hora en que el imputado prestará declaración por primera vez, lo que se programó para este jueves 5 de marzo.

Por ambas situaciones, como señalan cercanos a Vivanco, era de vital importancia que se dejara en claro que, de existir comunicación entre ella y Migueles, sería únicamente por cuestiones ligadas a su relación y no por asuntos vinculadas a la causa que lleva la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.