“A nadie escapa que en los últimos años hemos enfrentado una serie de casos de irregularidades, abusos, fraudes o delitos que han indignado, con razón, a la opinión pública (...) Por eso, desde el inicio del gobierno hemos venido trabajando en una Estrategia Nacional de Integridad Pública, que ha contemplado más de 210 medidas orientadas a mejorar la integridad y la transparencia y prevenir la corrupción”.

De esa manera, en su reciente cuenta pública del domingo, el Presidente Gabriel Boric destacó el avance del paquete anunciado en diciembre de 2023 que contempla medidas variadas: estas van desde la creación de un cuento infantil sobre integridad, la elaboración de estándares para códigos de ética empresariales, sistemas de integridad en las FF.AA. y Estado Mayor, hasta transparencia a través de una ley de datos personales.

Todo lo anterior bajo pilares correspondientes a Transparencia, Transversal, Función Pública, Recursos Públicos, Sector Privado y Política.

Sin embargo, a solo nueves meses de terminar el gobierno, las medidas no han sido cumplidas del todo. Algunas, incluso, ni siquiera se encuentran en marcha.

Al 22 de abril de 2025, solo 66 (31%) de las 210 medidas incluidas en el Plan de Integridad están cumplidas. El promedio de avance de las medidas de la ENIP, que está a cargo de la comisión de Integridad Pública y Transparencia que depende de la Segpres, es de un 54%.

Y hay varias anuncios que a poco de terminar el gobierno presentan cero avance. Ellas en total suman 67.

Función Pública

En el caso de las medidas legislativas para la función pública, 6 de un total de 38 no han sido desarrolladas. Por ejemplo, la que guarda relación con inhabilidades para cónyuges o convivientes civiles de directivos de Corfo; fortalecer el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; dar rango legal a la auditoría interna de gobierno; reforma orgánica al Consejo para la Transparencia; el delito de enriquecimiento ilícito; delito de contabilidad falsa y renuncia a secreto bancario.

Algo similar ocurre con las medidas de gestión para evitar fraudes en la función pública. Ahí, 4 de 22 medidas cuentan con 0%, como, por ejemplo, la que busca incorporar materias de integridad a los cursos institucionales de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto.

En cuanto a medidas por vía administrativa, hay 3 de 10 que no han sido implementadas como, por ejemplo, la que crea oficiales de cumplimiento en el Ministerio Público.

Recursos Públicos

Dentro de las medidas legislativas para resguardar la probidad dentro de los recursos públicos, 1 de las 12 propuestas tiene cero avance. Se trata de la medida que crea un registro centralizado de proveedores para las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto.

Asimismo, en medidas de gestión, 5 de un total de 14 no tienen avance. Por ejemplo, promover uso de bases tipo elaboradas por ChileCompra, análisis de datos de plataforma “Mercado Público” y la creación de una plataforma web con estado de todos los proyectos y programas con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

En lo administrativo, en tanto, 7 de 14 medidas presentan cero avance, como el sistema de detección de conflictos de interés en compras públicas o el monitor de gasto municipal.

Transparencia, Política, Sector Privado y Transversal

En Transparencia, al contrario, presenta mayores niveles de avance. Solo 1 de las 9 medidas administrativas está en 0% de avance: la creación de un portal único de cuentas públicas del Estado.

En el eje de Política, 12 de las 22 medidas comprometidas presentan 0% de avance. El mayor estancamiento se concentra en el componente legislativo, donde 8 de las 14 propuestas no han sido iniciadas, entre ellas iniciativas como la ficha limpia para autoridades de partidos políticos, la ficha limpia de candidatos, la reducción de los topes de gasto y los aportes en campañas electorales, la transparencia de las encuestas electorales, y la investigación y sanción de delitos de financiamiento político.

A estas se suman 2 medidas de gestión sin avance, como la de mejorar la calidad de la información sobre aportes electorales y apoyar la implementación de datos abiertos sobre partidos políticos. Además, las 2 medidas administrativas del eje también están en 0%, como la relativa a la transparencia de los institutos de formación política y la divulgación oportuna de aportes en especie. Aunque hay algunas excepciones con tres medidas legislativas y tres de gestión ya cumplidas.

En el eje de Sector Privado, el panorama es mixto. De las 41 medidas totales, 18 no registran ningún avance. Entre ellas se cuentan propuestas legislativas como la de prohibir directorios cruzados entre empresas públicas y privadas, fortalecer el Sistema de Empresas Públicas, y crear un catastro en línea de multas a empresas, además del fortalecimiento del sistema de integridad y auditoría interna en instituciones privadas sin fines de lucro. En el componente de gestión, 8 medidas también siguen en 0%, incluyendo acciones como perfeccionar la regulación sobre donaciones empresariales, facilitar la identificación de depósitos en efectivo y crear una mesa técnica sobre protección a denunciantes en el sector privado. Por último, la única medida administrativa del eje también permanece sin avances. Aunque el sector privado ha logrado cumplir 2 medidas legislativas y 9 de gestión, el volumen de iniciativas sin ejecutar es significativo, especialmente considerando que al gobierno le restan solo 280 días para cerrar su mandato.

En el eje Transversal, que agrupa medidas orientadas a la cultura de la integridad y la participación ciudadana, el avance es más equilibrado, aunque también presenta brechas. En el componente de gestión, de un total de cinco medidas, una permanece con 0% de avance: la iniciativa que propone realizar jornadas sobre combate a la corrupción e integridad en comunidades educativas, pensada para fortalecer la formación cívica en espacios escolares.

La secretaria de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lübbert, explica a este medio que como poder Ejecutivo “impulsamos desde acá, pero siempre trabajamos en colaboración con el Congreso. Por eso, la Segpres está en constante trabajo colaborativo con los parlamentarios y sus asesores”.

Entre las explicaciones de por qué la aplicación y cumplimiento de las medidas han tomado tanto tiempo, es encuentra que -para definirlas- desde el gobierno se tomaron un año para consultar a cada repartición y sector público y privado por recomendaciones en cuanto a transparencia y probidad, para luego realizar un análisis de unificación y luego la creación de las medidas como tal.

Ante el escenario de que el retraso se deba a una falta de voluntad del Congreso -debido a que gran parte de las medidas deben tener un paso por el Poder Legislativo- Lübbert asegura que “si hay disposición a avanzar en estas materias, porque lo vemos, por ejemplo, en el proyecto de lobby, que se acordó el día de ayer que ese proyecto se discuta prioritariamente”. Además, agregó que “vamos a empezar a ver los frutos prontamente”, respondieron.