El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, calificó como "la más grande reforma al sistema de cumplimiento de condenas en el medio libre de los últimos 30 años", el proyecto que modifica la actual ley  que establece medidas alternativas al encarcelamiento efectivo, luego que la sala del Senado la aprobara y despachara esta tarde por unanimidad.

La iniciativa -que debe ser visada por el Tribunal Constitucional antes de convertirse en ley- contempla la creación de 6 nuevas penas sustitutivas a la cárcel, como son: la remisión condicional de la pena, reclusión parcial (en sus modalidades diurna, nocturna y de fin de semana), libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión de condenados extranjeros con residencia ilegal, y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

"Esta es la reforma más importante en materia de penas alternativas de las últimas tres décadas. Se trata de la columna vertebral de la nueva política penitenciaria impulsada por el Presidente Piñera que conjuga un efectivo control y tratamiento de los condenados, reinserción, protección a las víctimas  y seguridad pública. Agradecemos el amplio apoyo parlamentario a la iniciativa", dijo el ministro Ribera tras la votación en la sala de la cámara alta.

El ministro explicó que las personas que deban cumplir condena en el medio libre, lo podrán hacer a través de alguna de estas modalidades, evitando así el contagio criminógeno (como por ejemplo, en la reclusión nocturna al interior de las cárceles) o el aumento de los niveles de reincidencia de los condenados al no contar con habilidades blandas una vez cumplida la pena.

En los casos de personas condenadas por agresiones sexuales o violencia intrafamiliar, además de las modalidades de reclusión, la pena podrá ser acompañada de un control electrónico, monitoreado las 24 horas por personal de Gendarmería de Chile.

El proyecto contempla recursos por 50 millones de dólares y establece la incorporación de 585 nuevos funcionarios para labores de control de la población sometida a estas medidas. 287 serán delegados de libertad vigilada, 192 funcionarios serán destinados al monitoreo telemático y otros 106 para las prestaciones en servicio de la comunidad.

Se espera que la nueva ley sea puesta en marcha 18 meses después de su publicación, y una vez que estén listos sus respectivos reglamentos.