La fiscal que negocia la liberación del alcaide y de otros 20 funcionarios penitenciarios que permanecen desde hace cinco días como rehenes de los presos de una cárcel cerca de Caracas dijo hoy que la negociación para poner fin a esta situación está "en la recta final".

"Estamos en unas conversaciones serias con los internos; estamos en la recta final", declaró a la emisora VTV de la red estatal de televisión la fiscal María Berté, directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

La funcionaria mostró a las cámaras un documento que dijo que está firmado "por la población penal" de la cárcel El Rodeo II, ubicada en la ciudad de Guatire, vecina a Caracas, donde estos reclaman, entre otras cosas, una investigación oficial sobre las razones de la acción, exámenes médicos y una biblioteca.

"Les he cedido la palabra, porque nosotros ya hemos cumplido nuestros compromisos (...); estoy con los teléfonos prendidos, dispuesta a la hora que dispongan a recibir la respuesta" de que liberarán a los rehenes, señaló.

Berté declaró que existe el "compromiso del Ministerio del Interior y Justicia de permitir visitas inmediatamente de que egresen los rehenes".

La funcionaria se felicitó de que los reclusos liberaran hoy a la funcionaria penitenciaria Carmen Sánchez, de 60 años, y dijo que lo hicieron por presentar una deficiencia cardíaca.

Previamente el director de la cárcel, Luis Aranguren, pidió a través de un vídeo difundido por el canal de televisión privado Globovisión la intervención del ministro de Interior, Tareck El Aissami, para buscar una solución al asunto.

"Hacemos un llamado al señor ministro porque el viceministro (Edwin Rojas) no ha escuchado ni ha solucionado nada", dice en el vídeo Aranguren.

En el vídeo, de unos diez minutos de duración y colgado en el portal Youtube, aparecen los rehenes sentados de forma ordenada en uno de los cuartos donde están recluidos desde la tarde del miércoles, inicialmente como medida de presión para atención médica ante un brote de tuberculosis que, aseguran, hay en el internado.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG que supervisa la situación de las cárceles en este país, dijo hoy en un comunicado que "es alarmante que esta situación ocurra a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dictado medidas provisionales" en 2008 para que el Gobierno actuara en esa misma cárcel.

Agregó que esa ONG había informado a la Corte de San José y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la situación actual en la prisión.

La población reclusa venezolana, según cifras oficiales, es de 44.520 personas repartidas por una treintena de prisiones, donde se reportan altas tasas de violencia.

Entre 2005 y 2009 murieron 1.865 presos y 4.358 resultaron heridos en hechos de violencia en prácticamente la totalidad de las penitenciarías, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.