Léo Pinheiro: la llave que abre los aportes de OAS a ME-O y Bachelet

Leo Pinheiro

Léo Pinheiro, ex presidente de OAS.

El ex presidente de la constructora OAS, condenado a 23 años de prisión por actos de corrupción en Brasil, declarará el miércoles 29 como inculpado y testigo clave ante la fiscal Ximena Chong -quien viajará a ese país- por el financiamiento ilegal de campañas políticas en Chile. Fue el empresario que visó la entrega del avión a ME-O y quien podría dar las claves de eventuales aportes a la campaña de Bachelet.




Prometió hablar con la verdad, decirlo todo, aunque "lo incriminara". El ex presidente de la empresa constructora brasileña OAS José Adelmário Pinheiro Filho, más conocido como Léo Pinheiro, tendrá este miércoles 29 la oportunidad de demostrarlo ante la fiscal chilena Ximena Chong.

Ya lo hizo el 13 de septiembre pasado ante la justicia de su país. Ese día, Pinheiro se presentó ante el juez federal Sérgio Moro, en el marco de la investigación Lava Jato, sobre la red de corrupción que involucra a empresarios brasileños y la estatal Petrobras en una red de financiamiento ilegal de campañas políticas en Brasil y varios países de América Latina, que incluye a Chile. "Quiero agradecer a su señoría y al Ministerio Público la posibilidad de declarar aquí, para esclarecer los hechos, hablar con la verdad, aunque esos hechos me incriminen. Yo cometí crímenes y por el bien de la justicia, por el bien del país, voy a hablar con la verdad, voy a contar todo lo que sé", dijo en esa oportunidad el otrora poderoso empresario nacido en el estado de Bahía, desde donde levantó una pequeña empresa constructora, OAS, hasta convertirla en la segunda más grande de Brasil, con operaciones en Africa, Medio Oriente, el sudeste asiático y América Latina.

Hoy, ese imperio está en la quiebra y Pinheiro -condenado en segunda instancia a 23 años de prisión, por los delitos de lavado de activos, sobornos y asociación ilícita- negocia desde su lugar de reclusión preventiva, en el edificio de la Intendencia de la Policía Federal en Curitiba, un nuevo acuerdo de delación premiada con el procurador general de la República, Rodrigo Jato, con la esperanza de rebajar en algunos años su condena.

Desde entonces, el empresario ha guardado silencio, lo que ha alimentado las especulaciones respecto de lo que podría llegar a revelar a Chong.

En febrero pasado, según un reportaje publicado en la revista brasileña Veja, Pinheiro habría incluido en el acuerdo de delación compensada los aportes políticos hechos por la empresa OAS a petición de la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) a campañas políticas en el extranjero, incluidos los pagos en Chile.

Como cabeza de la constructora brasileña, Pinheiro ha aceptado reconocer la donación hecha a Marco Enríquez-Ominami en 2013, que incluyó la cesión por tres meses de un jet privado de OAS, algo que ya ratificó ante la justicia brasileña otro ejecutivo de esa empresa, César Uzeda.

Pero el artículo de Veja fue más allá. La revista, basada en fuentes de la fiscalía brasileña, aseveró que el empresario también daría conocer aportes de OAS a la campaña de Bachelet.

Esto último está en duda. La defensa del empresario, liderada por el abogado José Luis Oliveira Lima, ha estado renegociando los términos del acuerdo entre Pinheiro y el Ministerio Público brasileño desde que el primer pacto de delación premiada fue suspendido en agosto pasado, por decisión de la Procuraduría General de Brasil, a raíz de un quiebre en las confianzas. En los últimos meses, varios ítems que estaban incluidos en el temario de la delación han sido sacados, otros repuestos, en un juego de tira y afloja entre la justicia brasileña y la defensa del ex presidente de OAS.

Al tanto de esta situación, la jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, ha insistido ante sus pares brasileños en que no dejen fuera del acuerdo con Pinheiro todos los aspectos de la arista chilena.

La fiscal ha apelado al compromiso de cooperación y coordinación suscrito el 17 de febrero por todos los persecutores vinculados a las ramificaciones regionales del caso Lava Jato. Ese día, la fiscal Chong, junto al fiscal nacional, Jorge Abbott, estuvieron en Brasilia en una reunión de coordinación convocada por el procurador general de Brasil, Rodrigo Jato, y a la que asistieron representantes de los Ministerios Públicos y jueces de 15 países en los que se están investigando delitos de corrupción, soborno y financiamiento ilegal de la política relacionados con el escándalo Lava Jato.

Interrogatorio a Pinheiro

Esta semana, Chong volverá a Brasil. El miércoles 29, acompañada por un subcomisario de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI, la fiscal asistirá y participará en el segundo interrogatorio a Léo Pinheiro. El primero que da sobre los pagos a políticos chilenos.

La diligencia tendrá lugar en dependencias de la Policía Federal de Curitiba, la capital del sureño estado de Paraná, donde el ex presidente de OAS está recluido en carácter preventivo desde fines del año pasado. En noviembre de 2016, el juez Moro acogió una solicitud de la defensa de Pinheiro para dejarlo allí y no trasladarlo hasta el complejo médico penitenciario de Pinhais, en las afueras de Curitiba, donde están presos la mayoría de los involucrados en el caso Lava Jato, entre ellos Marcelo Obredecht, heredero de la mayor empresa constructora brasileña, y el ex ministro de Finanzas de Lula y ex ministro de la Casa Civil durante el gobierno de Dilma, el petista Antonio Palocci Filho.

Moro fundamentó su decisión de no trasladar a Pinheiro apelando a razones de "prudencia", debido al compromiso del ex presidente de OAS de colaborar con la investigación.

Algo que está por verse esta semana. Desde el entorno de Pinheiro afirman que el objetivo principal de negociar un acuerdo de cooperación eficaz es bajar la condena que tiene el empresario en Brasil y no abrir nuevos flancos judiciales, mucho menos en otros países.

Por su rol en la empresa OAS, Pinheiro es clave para la investigación que lleva adelante la fiscal Chong en contra del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y de quien fuera el coordinador de la campaña presidencial de 2013 del líder del PRO, el periodista Cristián Warner.

Pinheiro fue uno de los miembros del comité directivo de OAS que autorizó la cesión a la campaña presidencial de ME-O del jet Cessna Citation 525, matrícula PR-TAP, que la empresa constructora brasileña arrendaba a la compañía de taxis aéreos Piracicaba. La aeronave operó en Chile entre agosto y noviembre de 2013, lo que implicó un costo, según estimaciones hechas por la PDI, superior a los cinco millones de dólares. Cifra que fue pagada en su totalidad por OAS.

En un primer momento, luego de que Reportajes diera a conocer en marzo del año pasado los vínculos de Enríquez-Ominami con OAS y el uso del avión brasileño en su campaña presidencial, el líder del PRO y los miembros de la directiva de esa colectividad aseguraron que el jet formaba parte de los servicios que había prestado el publicista brasileño Duda Mendonça .

Meses después, en julio pasado, luego de que el ex ejecutivo de OAS Cesar Uzeda revelara en una entrevista con Reportajes que fue la constructora brasileña la que prestó el avión a la campaña de Enríquez-Ominami, el candidato y su entorno cambiaron la versión. El uso de la aeronave, aseguraron esta vez, estaba incluido en la boleta N° 27 por $ 170.800.000 que entregó al comando de ME-O el 2 de diciembre de 2013 la empresa Cono Sur Research, controlada por Warner, brazo derecho de Enríquez-Ominami, para que fuera pagada con la devolución de dineros fiscales.

Por esa razón, en octubre pasado, el CDE presentó una querella en contra de Enríquez-Ominami, Warner y Sergio Novoa (este último figuraba como socio de Cono Sur Research) por el eventual delito de fraude al Fisco.

Durante el interrogatorio del miércoles 29, la fiscal Chong también le pedirá a Léo Pinheiro aclarar por qué OAS contrató a Warner y si el asesor de Enríquez-Ominami hizo realmente los trabajos que supuestamente se le encomendaron.

La fiscal Chong tiene en su poder dos facturas que fueron incautadas en febrero desde las oficinas de OAS Chile y que fueron emitidas por Cristián Warner en octubre y noviembre de 2012, por un monto total de $ 40 millones.

Estos documentos se suman a otras dos facturas de enero y febrero de 2013 por un total de US$ 125.000 (unos $ 59 millones) que Warner, a través de Cono Sur Research, le cobró a OAS. Estas boletas fueron entregadas de manera voluntaria por la empresa brasileña a la fiscalía en junio pasado.

El Ministerio Público sospecha que esas boletas son ideológicamente falsas. En su testimonio ante la fiscalía, el ex gerente de OAS Chile, el catalán Jaume Serret, aseguró que nunca vio un informe o documento elaborado por Warner o Cono Sur Research y que el contrato con el estrecho asesor de Enríquez-Ominami había sido visado directamente desde Brasil por instrucciones de los máximos ejecutivos de OAS, entre ellos Augusto Fonseca, por entonces director para el Cono Sur.

Fonseca también será interrogado por la fiscal Chong este miércoles 29, pocas horas después de que hayan finalizado las declaraciones de Pinheiro. La citación del ex ejecutivo de OAS, señalan fuentes ligadas al caso, fue cursada por la Fiscalía de Brasil y Fonseca dio garantías de que comparecería ante la persecutora chilena.

Testimonios de Uzeda y Mendonça

Durante este viaje a Brasil, la fiscal Chong intentará también convencer a la Procuraduría brasileña que le permita interrogar personalmente al ex director internacional de OAS Cesar Uzeda y al publicista y experto electoral Duda Mendonça.

Ambos ya dieron testimonio ante fiscales brasileños, respondiendo a un cuestionario que había sido enviado en julio pasado por la fiscalía chilena, a través de un exhorto en el marco de la cooperación judicial, cuando aún no se descubrían muchos de los antecedentes que hoy figuran en la investigación. Además, en esos interrogatorios los fiscales brasileños no hicieron contrapreguntas ni profundizaron en los datos aportados por los dos testigos.

El primero en declarar fue el experto en marketing electoral José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, más conocido como Duda Mendonça. El publicista, un viejo conocido de Lula -estuvo a cargo de la campaña electoral que llevó al líder del PT y ex dirigente sindical a la Presidencia en 2002- y amigo de varios dirigentes del Partido de los Trabajadores, se presentó de manera voluntaria en el despacho del fiscal del estado de Bahía, Ovídio Augusto Amoedo Machado, el 18 de enero, a las 14.30 horas.

Duda no llegó solo. Lo acompañaban dos abogados defensores: Juliano Jose Breda y Djenane Lima Coutinho, quienes lo asesoraron en todo momento respecto de lo que podía decir.

El interrogatorio se dividió en dos etapas. La primera y más extensa estuvo orientada exclusivamente a la investigación que se sigue en Brasil por el financiamiento ilegal de políticos. Después, en una segunda fase, le preguntaron sobre su trabajo en Chile para la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami de 2013. Los dichos de Mendonça en este último interrogatorio quedaron resumidos apenas en una página y media tamaño carta.

Aún así, Duda Mendonça entregó un valioso antecedente para los investigadores chilenos. Admitió que antes de ser contactado por el abanderado, "personeros de OAS le habían consultado si tenía interés en realizar la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami". Según el publicista, respondió afirmativamente. Las elecciones en Chile, dijo Duda, no coincidían con el periodo de campañas electorales brasileñas.

Lo dicho por Duda confirmaba la información que ya manejaba la fiscalía chilena, en el sentido de que fue la empresa constructora brasileña, con amplias redes en el PT, la que habría apoyado a la campaña de ME-O, aportándole los servicios del experto electoral y un avión.

El mecanismo es similar, además, a la vía que usó la cúpula del PT y las grandes empresas brasileñas para incidir en las elecciones presidenciales de otros países. En el marco de las investigaciones por las esquirlas del caso Lava Jato, el ex gerente de la constructora Obredecht en Perú, Jorge Simoe Barata, hace algunos meses reconoció ante el fiscal anticorrupción limeño Hipólito Castro que la empresa Obredecht había pagado los servicios de los publicistas brasileños que se hicieron cargo de la campaña presidencial de Ollanta Humala, Luis Favres y Valdemir Garreta. El ejecutivo brasileño aseguró, además, que la instrucción la habían recibido de importantes políticos del PT. Según Barata, los dos expertos electorales cercanos al PT llegaron a Lima en un jet privado de OAS, el mismo que usó Marco Enríquez en su campaña.

Ante el fiscal brasileño, Duda Mendonça negó haber sido él quien puso el jet al servicio de la campaña de Enríquez-Ominami. "Poseo una aeronave. Pero jamás la cedí a la campaña del candidato Marco Enríquez. Puedo afirmar que mi avión jamás fue a Chile", remarcó el publicista.

Mendonça aseguró, además, que no recordaba si había facturado por su trabajo a la campaña presidencial de Enríquez-Ominami o a la empresa Cono Sur Research.

El 8 de febrero, a las 14.30 horas, fue el turno del ex director internacional de OAS Cesar Uzeda. El ejecutivo, quien viajó a Santiago el 22 de agosto de 2013 en el jet que después prestó a la campaña del líder del PRO, se presentó como testigo ante el fiscal de Sao Paulo, Vicente Mandetta.

Ante el fiscal, Uzeda reiteró que OAS le había cedido el avión a ME-O. "La constructora OAS cedió por un período, en 2013, el uso de una aeronave al señor Marco Enríquez-Ominami", y "el uso del avión en la campaña había sido determinado por el comité ejecutivo de la empresa, a demanda del director para el Cono Sur de OAS, Augusto Fonseca, quien había recibido una petición del señor Cristián Warner", precisó Uzeda.

Ingeniero y hombre de confianza de Léo Pinheiro -los dos son bahianos y trabajaron juntos por 34 años, hasta que en diciembre de 2013 Uzeda debió abandonar OAS-, el ex ejecutivo le dijo al fiscal brasileño que, aparte del avión, no tenía conocimiento de que la empresa hubiera entregado dinero en efectivo a la campaña presidencial del PRO, "por lo menos en el periodo en que trabajé para OAS", añadió.

"Sabía que había un contrato de OAS con la empresa de Warner, Cono Sur Research. Pero no tuve acceso a ese contrato, aunque sí participé en algunas reuniones de trabajo con integrantes de Cono Sur Research sobre investigaciones de mercado, posicionamiento de la empresa OAS en el mercado chileno y sobre relaciones con otras empresas locales y extranjeras", añadió Uzeda.

Pagos a Martelli

Esta semana, en su viaje a Curitiba, la fiscal Chong pretende avanzar en el esclarecimiento del rol de la empresa OAS en la donación de un avión para la campaña presidencial de Enríquez-Ominami y la incidencia de las constructoras brasileñas en las elecciones políticas chilenas, sobre todo, determinar si hubo aportes a las campañas de otros candidatos.

Las sospechas surgieron a fines del año pasado, cuando se conocieron los mensajes de texto y WhatsApp almacenados en el teléfono celular que le fue incautado a Léo Pinheiro en Brasil.

En esos mensajes figuran conversaciones sostenidas entre Pinheiro y diversos ejecutivos de OAS, a comienzos de 2014, en los que dan cuenta del interés de la empresa constructora brasileña por adjudicarse las obras de ampliación del aeropuerto internacional de Santiago. En varios de esos mensajes se mencionan a un tal "Giorgio" y a "Pedro", como contactos en Chile.

Se referían al geógrafo Giorgio Martelli, recaudador de la precampaña de Michelle Bachelet, y al abogado Pedro Yaconi.

Martelli firmó un contrato con OAS Chile en julio de 2014 por 120 millones de pesos, para realizar un mapa turístico de Chiloé. Según OAS, el mapa era parte del trabajo de responsabilidad social de la empresa y ayudaría a fomentar el turismo en esa zona, donde la empresa era parte del consorcio que construye el puente de Chacao.

Martelli alcanzó a entregar a OAS sólo seis facturas, por $ 10 millones cada una. En total cobró $ 60 millones, la mitad de lo acordado con OAS. En febrero de 2015, cuando ya había estallado en Brasil el escándalo de financiamiento ilegal de la política, más conocido como el caso Lava Jato, Martelli intentó cobrar una séptima boleta por otros $ 10 millones. La empresa OAS no la canceló y suspendió el resto del contrato con el operador político chileno.

Este miércoles 29, la fiscal Chong tiene previsto interrogar a Léo Pinheiro y Augusto Fonseca sobre sus viajes a Chile y los motivos de este contrato suscrito con Martelli, con la esperanza de que el principal ejecutivo de OAS no guarde silencio y cumpla el compromiso de decir toda la verdad, aun cuando lo que diga lo incrimine.

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