Un polémico e inédito cobro a las empresas de plataformas que ofrecen servicios de transporte privado -como Uber y Cabify- definió el gobierno en el proyecto de ley, ingresado este martes a la Cámara de Diputados, para regular al sector. Según la iniciativa, las firmas deberán pagar al Estado por kilómetro recorrido en determinados horarios y zonas de las ciudades.

El anuncio encendió las alarmas de las compañías, en especial Cabify, la que calificó la medida como un "impuesto". De acuerdo a la iniciativa, un panel de expertos fijará el precio por tramo recorrido -tal como lo hace con el valor del pasaje del Transantiago-, el horario en que se aplicará y los sectores donde regirá.

Los especialistas también tendrán la facultad de limitar la cantidad de kilómetros disponibles para las empresas en el caso de que haya congestión o bien alta contaminación ambiental.

El texto establece que uno de sus objetivos es "controlar" la oferta de estos servicios, debido a que han crecido en popularidad entre los usuarios, lo que genera rechazo entre los taxistas. Por ello, la futura norma sube los requerimientos: habrá un registro nacional de plataformas y los conductores deberán contar con licencia profesional. Se indica, además, que estas empresas podrán trabajar con taxis y vehículos privados indistintamente.

El ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, sostuvo que el panel de expertos determinará "una tarificación por kilómetro a estos vehículos para minimizar la congestión. Por ejemplo, en la noche será "cero" y en hora punta se podría pagar más".

Además, el secretario de Estado dijo que tampoco se permitirá el pago con dinero en efectivo en los automóviles, por la seguridad de los pasajeros. "Hoy, incluso se puede pagar el taxi con tarjetas y no solo se usa el taxímetro", afirmó.

Multas

Los viajes en estos automóviles deberán ser informados en detalle al Ministerio de Transportes, con el fin de tener un registro para el futuro cobro y eventuales sanciones por no cumplir con las exigencias. Así, la autoridad podrá "bajar" estas aplicaciones si no cumplen con los pagos correspondientes. Por esta falta se les podría multar con hasta 10.000 Unidades Tributarias Mensuales ($ 459 millones). También habrá penas para los choferes: si han sido condenados por delitos mayores o bien por conducción bajo la influencia del alcohol, su licencia será suspendida por un año.

"Este es un impuesto. Hay que ver cuánto van a cobrar por kilómetro, porque la idea es que los pasajeros no paguen más por usar estas aplicaciones", dijo Agustín Guillisasti, gerente general de Cabify.

Louis de Grange, director de la Escuela de Ingeniería de la UDP, criticó que un grupo de especialistas fije el cobro: "Si es el mismo panel que ve la tarifa Transantiago, hay que decir que no han apuntado a que sea la correcta de acuerdo al valor real de los insumos". El académico agregó que las sanciones establecidas "no las pagará nadie, porque son ridículas".

Algunos parlamentarios ya anunciaron su rechazo al proyecto. El diputado y miembro de la Comisión de Transportes Leopoldo Pérez (RN) dijo que "esta iniciativa no alude a los impuestos que deben pagar estas plataformas. Tienen muchos menos requerimientos que los que se hacen a los microempresarios. Es discriminador". Además, sostuvo que no regirán las mismas reglas que existen para los taxis, pues no se congelará la flota de los vehículos de plataformas, como sucede con ese transporte.