Una inédita controversia sobre las atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo se plasmará a partir del 15 de diciembre en el Parlamento, cuando el ministro José Antonio Viera-Gallo ingrese el veto presidencial que decidió aplicar a la ley orgánica del Congreso Nacional. El escenario no es auspicioso para el gobierno, ya que parlamentarios de todos los sectores adelantan que no aprobarán las modificaciones que propone Michelle Bachelet.

Más allá de correcciones formales, el Ejecutivo apuesta a modificar dos artículos de la ley: la ampliación en el plazo de las urgencias que establece el gobierno de turno para la tramitación de los proyectos; y el plazo perentorio de 30 días que le concede el Congreso para pronunciarse sobre el patrocinio de un proyecto de ley declarado inadmisible en alguna de las dos Cámaras.

Ayer, Viera-Gallo notificó de la impugnación al presidente del Senado, Jovino Novoa, quien advirtió que no será posible alcanzar un acuerdo con el gobierno en los puntos antes descritos. Y a esta posición se sumaron voces de la Concertación, quienes anunciaron que rechazarán la propuesta gubernamental, con lo que podría alcanzarse el quorum de 2/3 requeridos para bloquear el veto.

"Yo he sido parte del Ejecutivo, conozco del poder que tiene en el ámbito legislativo, y siento que requiere de cierto equilibrio. Y la ley apunta en ese sentido tanto en el patrocinio como en las urgencias, donde muchas veces se hace un manejo inadecuado que dificulta nuestro trabajo", sostuvo el presidente del PRSD, José Antonio Gómez.

La senadora DC Soledad Alvear apuntó en el mismo sentido. "Los dos temas que se mencionan no significan una merma en las atribuciones del Ejecutivo, sino sólo regular un plazo para respuestas y un mejor uso de las urgencias", señaló.

Para el jefe de bancada del PS, Marcelo Díaz, la ley corrige un "desequilibrio profundo" entre el Ejecutivo y Legislativo. "El Ejecutivo tiene que acostumbrarse a que no es un poder omnipresente, esos son resabios de la Constitución del 80", sentenció.