Un potencial foco de conflicto entre los trabajadores de BancoEstado y el Ministerio de Hacienda podría desencadenarse en los próximos meses. El 4 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador organizado en la entidad estatal, el presidente del sindicato del banco, Marco Beas, afirmó que desde la cartera estarían "presionando" a la administración de la institución para restringir las alternativas de reajuste de los trabajadores en la próxima negociación colectiva que se realizará en octubre.

En particular, dijo Beas, el objetivo de Hacienda sería incluir a los trabajadores en los lineamientos fijados por la circular N°17, actualizada por última vez en 2014, y que regula la negociación colectiva en aquellas empresas donde el Estado, sus instituciones o empresas tengan un aporte de capital igual o superior al 50%. Dicho documento, que incluye cerca de 30 empresas entre las que hasta ahora no está BancoEstado, establece que "los costos totales del nuevo contrato colectivo producto de la negociación que se lleve a cabo no podrán exceder de un 1% real promedio anual respecto del contrato colectivo vigente proyectado del estamento que negocia".

Según Beas, "en conversaciones informales la administración del Banco nos ha dicho que Hacienda tiene intenciones de implementar esa circular, que los están presionando con eso (...) BancoEstado no es parte de las empresas a las que se les aplica esta circular. Somos trabajadores públicos cuando a (Rodrigo) Valdés le conviene, pero a nosotros nos exigen estándares de privados cuando se trata de productividad".

Consultados por el tema, desde la cartera señalaron que "el Ministerio entrega a las empresas públicas marcos para los procesos de negociación con sus trabajadores, procesos que son encabezadas en forma autónoma por los directorios de estas empresas. Por tanto, el Ministerio no se refiere a casos específicos".

Polémico antecedente

En 2015 se realizó la última negociación colectiva de BancoEstado, marcada por el polémico acuerdo al que llegó la administración de la entidad estatal -encabezada entonces por Guillermo Larraín- y el sindicato de trabajadores para la entrega de un bono de término de conflicto de $ 6,3 millones a cerca de 9.300 empleados, lo cual fue criticado en su oportunidad por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. "No tenían la luz verde de mi lado para el acuerdo que proponían", criticó Valdés. Una vez finalizado el proceso de negociación, Larraín renunció a la presidencia del banco.

Este año, la mesa directiva del sindicato ya comenzó a estudiar la definición de los servicios mínimos. Por ello, el 12 de abril los trabajadores se reunieron con el titular de la Dirección del Trabajo, Christian Melis, para abordar el tema.

Según declaró Beas, entre mayo y junio se reunirán con la empresa formalmente para comenzar a definir los servicios mínimos en caso de huelga.