En una inédita resolución, la Superintendencia de Salud formuló ayer cargos contra las isapres Banmédica, Masvida y Cruz Blanca por incumplimiento a la norma que prohibe la dualidad de funciones entre los ejecutivos de los holdings propietarios de las entidades y las respectivas prestadoras de salud. Esto de acuerdo al Título II del Compendio de Procedimientos del regulador.

La acción, que podría derivar en sanciones, es resultado de la investigación que inició la Superintendencia a fines de 2016, luego que la Contraloría le instruyera retomar los antecedentes que le fueron presentados en noviembre de 2015 por los abogados Cristóbal Osorio, Gerardo Ramírez y Daniel Contreras y que entonces desestimó. Dicha presentación acusó infracciones a la Ley de Salud en lo que respecta a la prohibición de verticalidad en la gestión entre empresas relacionadas.

Ayer Cristóbal Osorio celebró el resultado afirmando que "el Estado no debe renunciar a fiscalizar, menos a las isapres". Señaló que las denuncias y la formulación de cargos "ponen en duda los precios de las isapres y prestadores de salud. En otras actividades reguladas los organismos públicos han sido más estrictos en las operaciones entre empresas relacionadas. La ciudadanía nuevamente tiene que bregar porque el Estado ejerza sus potestades y no renuncie a fiscalizar las normas que rigen el mercado de la salud", sentenció.

En la resolución, a la que tuvo acceso La Tercera, la Superintendencia detalla el hallazgo de riesgos para la gestión contable y tributaria, conflicto de interés y manejo de información privilegiada por parte de ejecutivos que ejercen cargos en más de una empresa del mismo holding. Las isapres tienen un plazo de 10 días para plantear sus descargos para adoptar las medidas necesarias y dar cumplimiento a las instrucciones impartidas, orientadas a garantizar la independencia de cargos y funciones de los ejecutivos cuestionados.

De acuerdo al documento, el regulador revisó las actas de los directorios, contratos de servicios con prestadores y empresas relacionadas e informes financieros y realizó entrevistas a directores y ejecutivos de las distintas empresas en cada holding.

Las acusaciones

En el caso de Banmédica, la formulación cuestiona el rol de cuatro ejecutivos.

En primer lugar apunta a Anita Fuenzalida y Roxana Arias, subgerente de contabilidad y subgerente de Servicios de Cumplimiento Tributario, respectivamente, de CSC Banmédica.

Según detalla el documento, esta sociedad presta servicios de contabilidad y estados financieros a la isapre y por tanto centraliza toda la información contable de las empresas del grupo, incluidos prestadores de salud. La resolución indica que al ser además ambas ejecutivas "clave de las funciones de control" de la Isapre Banmédica y Vida Tres -en virtud del contrato entre éstas y CSC-, vulneran la norma respecto a la "incompatibilidad de cargos", dice el texto, dada la "injerencia simultánea en las subgerencias que dirige cada una de ellas tanto para las contabilidades y la determinación de los impuestos de la isapre y los prestadores". Esto, agrega, "representa un riesgo para la gestión contable y tributaria tanto para la isapre como para los prestadores relacionados, dada la falta de segregación de funciones es independencia necesaria para al confección de los estados financieros".

Además, la resolución cuestionó el ejercicio de Javier Eguiguren, gerente de finanzas de Isapre y de Empresas Banmédica, por su "injerencia en la administración de prestadores de salud, situación que podría afectar su independencia y función", dice el regulador.

Al ejercer su rol, añade, y "consolidarse en él información contable, financiera y tributaria de cada una de las empresas del grupo incluidos los prestadores de salud, Eguiguren cuenta con información privilegiada para ser utilizada en las decisiones de administración de los fondos que se destinen a prestadores de salud del grupo (...) lo que puede resultar perjudicial para los intereses de la isapre y finalmente para los usuarios", concluye.

Por último acusa "evidente conflicto de interés" en el caso del gerente general del holding Banmédica, Alejandro Danús, que es a su vez director de los diferentes prestadores del grupo. Según el regulador, su presencia en las sesiones de directorio "puede influir en las opiniones o toma de decisiones que pueden tomar los miembros del directorio de la ispare (...) afectando la transparencia, la toma de decisiones y estándares de gobierno corporativo".

En Cruz Blanca, se formularon cargos por el rol de Héctor Betancourt y Ricardo Muñoz, subgerentes de Contabilidad y de operaciones financieras, respectivamente, de Bupa Servicios Corporativos, firma que presta servicios de contabilidad, operaciones financieras y tributarias, entre otras, al grupo controlador Bupa y, por tanto, consolida información de los prestadores y la Isapre.

Además, ambos son ejecutivos clave en las funciones de control de la Isapre, en virtud del contrato entre ésta y Bupa SC, lo que representa "incompatiblidad de cargos", según la Superintendencia.

Asimismo cuestiona el ejercicio de Juan Guiresse, quien en su calidad de gerente de finanzas de Bupa Chile y director de Isapre Cruz Blanca, "cuenta con información privilegiada para ser utilizada en las decisiones de administración de los fondos que se destinen a los prestadores de salud del grupo", lo que puede perjudicar los intereses de la isapre y los usuarios, dicen.

En el caso de Masvida, los cargos formulados se refieren a Erwin Sariego, que ejerció como gerente general de la Isapre y de Empresas Masvida bajo la anterior administración. Fue además director de diversos prestadores del grupo, "situación que le permitió consolidar y hacer uso de información privilegiada", consigna el texto.

Las isapres fueron consultadas al respecto, pero sólo el director de Masvida, Aliro Volados, comentó que "el término que acuñó el ex presidente de EMV (Claudio Santander), 'la integración vertical virtuosa', parece que no era tan virtuosa".