El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó hoy la demanda presentada por unos 250 iraquíes contra empresas privadas subcontratadas en Irak cuyos empleados estuvieron presuntamente involucrados en las torturas en la prisión de Abu Ghraib.

En una decisión sin comentarios el Supremo ratificó el rechazo de la demanda contra las firmas CACI International y Titan Corporation, cuyos empleados trabajaron como interrogadores o intérpretes en Irak.

Los abusos cometidos en Abu Ghraib saltaron a la luz pública mundial en 2004 cuando se divulgaron fotografías que documentaban la humillación de los detenidos y la participación de soldados estadounidenses.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Pentágono llegaron a la conclusión de que los atropellos ocurrieron hacia finales de 2003, cuando trabajaban en Abu Ghraib interrogadores facilitados por CACI Internacional e intérpretes provistos por la firma L-3 Communications, una subsidiaria de Titan Corporation.

Asimismo, los mandos militares estadounidenses decidieron que los abusos fueron responsabilidad de algunos soldados y oficiales, y que no respondieron a una política deliberada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La demanda se había iniciado en 2004 a nombre de iraquíes que afirmaron que ellos mismos o sus familiares habían sufrido torturas o mal trato durante su cautiverio en Abu Ghraib, una vieja prisión convertida en cárcel militar por las fuerzas invasoras de EE.UU.

Los magistrados del Supremo decidieron hoy que no atenderán la apelación a un fallo de un tribunal federal que, dividido, desechó la demanda con el argumento de que las empresas tenían inmunidad, como contratistas del gobierno estadounidense.

Los abogados demandantes sostuvieron que los contratistas no estaban amparados por inmunidad alguna ya que las supuestas torturas en la prisión estaban fuera de los términos del trabajo para el cual habían sido contratados.

En su apelación ante el Tribunal Supremo esos abogados dijeron que las víctimas pueden llevar adelante las causas legales contra empresas e individuos privados por su responsabilidad en la tortura bajo la ley internacional.

El gobierno del Presidente Barack Obama se puso del lado de las empresas en este caso y argumentó que debía denegarse la apelación.