El Tribunal Constitucional de Perú (TC) declaró hoy inconstitucional una ordenanza del gobierno regional de Puno, en el sur del país, que abría la posibilidad de la legalización de los cultivos de hoja de coca en esa jurisdicción.

El presidente del TC, Carlos Mesía, explicó a la agencia oficial Andina que se concluyó que las regiones no pueden declarar patrimonio cultural a ese cultivo.

Aseguró que esa atribución solo le corresponde al Congreso de la República y recordó que existe una política nacional antidrogas que supuestamente no fue respetada por el decreto regional.

Mesía dijo que el cultivo de hoja coca ha dejado de ser una competencia de naturaleza regional para tener carácter nacional, porque está determinado por las políticas estatales de lucha contra el narcotráfico.

El presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, anunció hoy que evalúa recurrir a tribunales internacionales, entre ellos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para restablecer la ordenanza que declaraba Patrimonio Cultural a la coca en su jurisdicción.

Mesía comentó, al respecto, que considera inviable que la Corte Interamericana vaya a intervenir en un tema de ese tipo y remarcó que eso significaría la pérdida de soberanía de un Estado.

"El sistema internacional de los Derechos Humanos es para declarar la responsabilidad de un Estado en la violación de un derecho fundamental, pero la competencia de estos organismos no es para revisar decisiones normativas", aseguró.

Un estudio presentado en junio pasado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (Onudd) y la peruana Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) señaló que los cultivos de hoja de coca se incrementaron un 4,5 por ciento en el 2007 en Perú.

Se estimó en 116.800 las toneladas métricas de hoja de coca que se cultiva en Perú, y que solo 9.000 de estas se destinan al consumo tradicional, por lo que el 92 por ciento de la producción se utilizaría para la producción ilegal de pasta base y clorhidrato de cocaína.