Luego de seis semanas de escuchar las exposiciones de los acusados y testigos, el Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago dará a conocer este martes el veredicto por el juicio que dirigió la Fiscalía Regional Centro Norte por el caso Pilar del Norte, que posibilitó sacar de circulación 450 kilos de clorhidrato de cocaína colombiana.

Con esta indagatoria, el Ministerio Público impidió el establecimiento en Chile de una de las más grande redes transnacionales del comercialización de alcaloides, que pretendía instalarse en la zona central para usar a Chile como pasadizo para el envío de droga a Europa.

Dentro de los acusados por la Fiscalía Centro Norte se encuentran sujetos de máxima peligrosidad, requeridos por organismos internacionales como el Mossad israelí por delitos de tráfico de armas, joyas y droga.

EL CASO

Entre los imputados por el Ministerio Público y las respectivas penas figuran: Oren Cohen Skali, israelí, (se pide 26 años de cárcel); José Manuel Cuellar Hurtado, colombiano (15 años de cárcel); Rigoberto David Palza Vicente, peruano (14 años de cárcel); Manuel Jesús Peña González (10 años de cárcel); Guillermo Agustín Cartes Ibáñez (21 años de cárcel); Patricio Ricardo Salgado Vera (18 años de cárcel); Juan Damián Romero Zárate (15 años de cárcel); Manuel Salvador Delgado Leal, Venezolano (15 años de cárcel).

La red ingresaba la droga a Chile para luego enviarla a terceros países, a través de empresas exportadoras lícitas.

En la investigación, a cargo del fiscal Miguel Angel Orellana, se logró establecer que el grupo integrada por más de una decena de personas, entre las que se encuentran ciudadanos colombianos, israelíes, peruanos, mexicanos, venezolanos y chilenos, se encontraba  próxima al envío de un embarque de droga ya embalada y acopiada en la ciudad de Linares.

Asimismo, se estableció que la organización estaba a la espera de un nuevo cargamento proveniente de la frontera norte de nuestro país.

Dicha red era liderada desde el extranjero por un sujeto de nacionalidad mexicana,  apodado "Bolívar", quien ingresó a Chile en dos oportunidades para coordinar personalmente las operaciones de tráfico, usando para ello la identidad falsa de una persona ya fallecida.

Las instrucciones sobre la ejecución de las operaciones eran recibidas en Chile por el acusado Oren Cohen, quien tenía a su cargo la administración de los medios para gestionar los recursos humanos y materiales que permitieran asegurar la internación de droga, su guarda y la preparación para su exportación clandestina, permitiéndose la evasión de los controles policiales y de exportaciones.