SEÑOR DIRECTOR

No sorprende a ningún ciudadano común, que los diputados destinen su tiempo a cosas distintas de aquellas para las cuales fueron electos. Su labor esencial consiste en la elaboración de leyes cuyo destino es ordenar la vida en común y diseñar políticas públicas dirigidas al mismo objetivo. Pero, en estos tiempos apremiantes, con cesantía, una crisis sanitaria angustiante, rebrotes de violencia urbana y un plebiscito encima, diputados de oposición se divierten con acusaciones constitucionales contra el ex ministro de Salud y el ministro del Interior.

En estos años, la oposición se ha encargado de desprestigiar la acusación constitucional, transformándola en una herramienta de mero reproche político. Jueces, ministros, ex ministros y hasta un Intendente han sido sometidos a estos procesos constitucionales, todos ellos inútiles. El problema es que ocasionan pérdidas de tiempo y tensiones, efectos que no tienen ningún alcance ni empatía con las preocupaciones de los ciudadanos. Más bien al contrario, a la gran mayoría de ellos no les interesan estos ejercicios y por eso, su apreciación respecto del Congreso Nacional es tan penosamente bajo.

Es necesario revisar la existencia de la acusación constitucional o al menos y si es que no se cambia nuestro régimen político, sus efectos. Si es que esta institución está mutando hacia un ejercicio de responsabilidad política de los ministros de Estado frente al Congreso, se deben eliminar las consecuencias de su aprobación, es decir, con la pena civil que impide al funcionario sancionado optar a cargos de elección popular por el plazo de 5 años. De no ser así, habrá que buscar a los ministros mediante avisos en los diarios pues nadie, razonablemente, querrá verse expuesto a imputaciones muchas veces injustas y, además, a la pérdida de sus derechos civiles y políticos por tanto tiempo.

Las 9 acusaciones constitucionales habidas en este mandato presidencial justifican pensar en serio el cambio de régimen político. El presidencialismo no convive de modo alguno con un Congreso mayoritariamente opositor ni menos, con uno obstruccionista. Gane el apruebo o el rechazo en el próximo plebiscito, hay que mutar nuestro régimen político hacia uno presidencial parlamentarizado. Una de las consecuencias felices y esperables de ese sistema es que los congresales destinarán su tiempo -que nos cuesta caro a todos- a legislar y no a perderlo con acusaciones inútiles.

Eugenio Evans

Convergencia Liberal