Aguas contaminadas

"Lo que ha ocurrido en Osorno ha sido un acto demoledor", señaló el ministro Moreno, refiriéndose a la reputación de Essal, a su juicio el principal activo que debería haber resguardado esa empresa concesionaria. Efectivamente, este episodio ha resultado ser un desastre de principio a fin. Se cometieron sucesivos errores extremadamente graves. Si esto hubiese acontecido en Santiago, más todavía en su sector oriente, probablemente los ejecutivos de la empresa ya estarían despedidos y el impacto de los hechos acaecidos se habría multiplicado exponencialmente.

En cualquier caso, el estropicio generado por Essal no solo ha impactado severamente a los habitantes osorninos y a la misma empresa, de paso ha asestado un duro revés a la imagen y credibilidad de la empresa privada en general. En el mejor de los casos, la población podrá ser justamente (que no necesariamente es lo mismo que legalmente) compensada y la Compañía pagará un alto precio por sus negligencias, mentiras e inoperancias, llegando hasta una eventual pérdida de su concesión. ¿Pero, cómo se reparará el "daño colateral" sufrido por la actividad empresarial de iniciativa particular? Ella ha quedado en entredicho por el pésimo ejemplo ofrecido por Essal: fallas operacionales básicas, lentísima capacidad de reacción, falta de plan alternativo para mantener un suministro de emergencia de un bien de primera necesidad, comunicaciones falsas, tardía y casi forzada solicitud de disculpas públicas y un extenso etcétera. Deplorable realidad, a la que cabe agregar el manto de dudas que suscita la presencia en ella de directores con vinculaciones que conectan con ambos espectros del escenario político nacional.

Frente a estas aguas contaminadas el gobierno tiene la oportunidad -al tiempo que prácticamente la obligación moral- de aplicar todo el rigor de la ley, para obtener una equitativa reparación a los ciudadanos afectados y para dar una señal ejemplificadora sobre la responsabilidad (no únicamente el negocio) que implica la actividad empresarial, en especial aquella asociada a servicios básicos concesionados. Coetáneamente, es asimismo una ocasión señalada para dejar en claro que no hay intereses particulares, por poderosos que sean, ni conexiones políticas (y hasta familiares) que puedan estar por encima del bien común. Éste debe primar. Por último, las circunstancias abren la posibilidad de mostrar que la tan ansiada mano firme contra las malas prácticas que se espera de un gobierno de (centro) derecha, se aplican también -y primeramente-, cuando los irresponsable, desidiosos o malhechores poseen dosis importantes de capital, poder o influencia.

Por su parte, los gremios empresariales encuentran aquí la posibilidad de condenar con claridad y convicción -no siempre vista en el pasado- la actuación de Essal, abogando por una práctica empresarial eficiente, responsable y ética. ¡Así sea!