El proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas representa una oportunidad crucial para abordar una crisis que trasciende las aulas. Aunque requiere ajustes, su aprobación constituye un paso necesario hacia la transformación educativa que Chile demanda.

Las cifras son elocuentes: las denuncias por convivencia escolar se duplicaron en la última década, alcanzando el 70% del total ante la Superintendencia. Un tercio de los docentes presenta desgaste emocional y el 20% abandona la profesión en sus primeros cinco años. Solo el 36% de la ciudadanía considera los colegios espacios seguros. Esta realidad exige respuestas estructurales que el proyecto intenta articular.

El fortalecimiento de los equipos de convivencia educativa, aunque criticado por financiamiento insuficiente, resulta esencial. Contar con coordinadores especializados del área psicosocial no constituye imposición burocrática, sino reconocimiento de que la convivencia requiere competencias profesionales específicas. Es imperativo que el Estado garantice recursos para su implementación efectiva, especialmente en establecimientos vulnerables y zonas donde escasean profesionales calificados.

La obligatoriedad del Consejo Escolar para todos los establecimientos democratiza la gobernanza. La evidencia demuestra que la participación estudiantil genuina –no meramente consultiva– constituye factor protector contra la violencia. Cuando las voces estudiantiles no encuentran espacios institucionales, emergen formas disruptivas que deterioran la convivencia.

El proyecto acierta al proponer un enfoque integral articulando promoción, prevención y atención intersectorial. No obstante, debe superar la mirada procedimental para abordar la dimensión pedagógico-curricular. La disociación formativa del currículum actual, donde conceptos como solidaridad e interculturalidad tienen escasa presencia en las bases curriculares, perpetúa un modelo que prioriza resultados académicos sobre formación ciudadana.

La escuela constituye el espacio de encuentro fundamental para las infancias, donde se aprende a convivir con la diferencia y se construyen repertorios valóricos que contrarrestan influencias nocivas del entorno digital o familiar. Donde el 56% considera que la violencia proviene del hogar, la escuela adquiere rol protector irremplazable.

Asimismo, el proyecto debe incorporar medidas concretas para el bienestar docente: reducción de carga administrativa, condiciones seguras y reconocimiento de su labor como eje del desarrollo integral. No podemos construir comunidades educativas saludables con profesores agotados.

Urge superar la falsa dicotomía entre calidad académica y formación socioemocional. La convivencia no es objetivo secundario sino condición para el aprendizaje significativo. El proyecto, con mejoras en financiamiento y enfoque pedagógico, puede catalizar esta transformación.

Nuestro sistema educativo enfrenta una encrucijada: persistir en un modelo que fragmenta el aprendizaje y naturaliza la violencia, o construir comunidades educativas formadoras de ciudadanos democráticos. El proyecto de ley, perfectible pero necesario, representa una apuesta por el segundo camino. Su aprobación, con recursos suficientes y voluntad política sostenida, puede marcar una nueva etapa donde bienestar y convivencia sean realidades cotidianas en cada establecimiento educacional.

Por Carmen Gloria Zúñiga, académica Facultad de Educación, UC. Investigadora del Centro de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos