Avances en “fast track” carcelario
Es un hecho que el país requiere aumentar su capacidad en recintos penitenciarios, cuando los reclusos ya superan las 60 mil personas. El plan para acelerar su construcción, eximiendo de permisología, debería extenderse a otras inversiones urgentes.
El ministro de Justicia ha señalado que se logró un acuerdo vía “fast track” para la construcción de cárceles, el cual se concretaría tras las elecciones que tendrán lugar hacia fines de octubre. Y aunque no se ha entregado el detalle, en general son avances que se han logrado con la oposición para avanzar en la ampliación de recintos carcelarios y la construcción de dos nuevas prisiones.
La autoridad viene insistiendo desde hace tiempo en el diagnóstico de que nuestro sistema carcelario está al borde del colapso, lo que hace urgente adoptar medidas. Las cifras son concluyentes en cuanto a la necesidad de ampliar la actual infraestructura carcelaria. Por de pronto, el número de reclusos ha venido aumentado en forma considerable; si en 2013 había unas 43 mil personas en régimen cerrado, datos de Gendarmería a agosto de este año indican que dicha población ya supera las 60.400, un número sin precedentes.
Los más de 80 recintos penitenciarios disponen de unas 42 mil plazas, por lo que nuestro sistema está sobrepoblado, con una capacidad de uso que ya excede el 130%, existiendo zonas en hacinamiento, como es el caso de Atacama, que supera el 200%. Esta realidad ha llevado a que en varios recintos carcelarios se hayan denunciado graves condiciones de habitabilidad, constituyendo severas vulneraciones a garantías fundamentales de las personas, en tanto que es un hecho que con tal nivel de sobrepoblación el rol de control y disciplina que puede ejercer Gendarmería se ve altamente comprometido, un problema que resulta mayúsculo cuando en nuestras cárceles hay jefes o integrantes de bandas altamente peligrosas, que valiéndose de tales condiciones pueden reclutar fácilmente a otros reclusos, extorsionarlos o incluso facilitar la corrupción de los propios gendarmes.
Siendo esta la realidad, no cabe duda de que el país debe invertir en ampliar y mejorar la capacidad penitenciaria existente. Y aunque pueda haber conciencia sobre ello, en los hechos la instalación de nuevos recintos penitenciarios se ha tornado muy compleja, entre otras razones por la resistencia que provoca en las propias comunidades. El solo anuncio que hizo el gobierno para construir una nueva cárcel de alta seguridad, aprovechando las instalaciones penitenciarias que ya existen en la comuna de Santiago, ha provocado un fuerte enfrentamiento entre la autoridad, los alcaldes y los vecinos.
El proceso completo para levantar una cárcel puede tardar unos diez años, plazo incompatible con las urgencias actuales, más aún cuando el plan de desarrollo de largo plazo apunta a crear 14 mil nuevas plazas. El “fast track” que anunció el ministro de Justicia, de hecho contempla una aceleración de los proyectos basado en excluir su construcción de la “permisología”, asegurando que “no tenemos otra manera de avanzar en esto”. Se trata de un aspecto que debe llevar a una profunda reflexión al gobierno y otros actores, pues permite tomar conciencia sobre la maraña de burocracia que afecta a todo el país, y que en el caso del sector privado no cuenta con la posibilidad de estas excepciones. No está claro aún de qué trámites se podrían eximir las nuevas cárceles, y si habrá condiciones políticas para ello, pero si esa es la regla que se busca instalar debe procurar extenderse a todos los proyectos, o remover legislativamente los obstáculos que demoran otras inversiones también urgentes para el país.
