La demagogia punitiva está de moda en Chile. Y es una demagogia elitista y selectiva.

Cuando afecta a Moya, la ley debe ser implacable, draconiana. Cuando le toca a uno de los “nuestros”, en cambio, empiezan las contorsiones y los matices.

Si un NN es investigado, se le considera culpable por defecto. Si el fiscal no lo acusa, es un diletante; si el juez no lo encarcela, es, horror de horrores, un “garantista”. La presunción de inocencia es un obstáculo y los derechos humanos son una chiva. Vivan los allanamientos por si acaso, los “copamientos” de barrios enteros, los controles de identidad arbitrarios, las medidas intrusivas a la chuña, las prisiones preventivas a granel. Total, “el que nada hace, nada teme”.

Pero, ¡ay si el investigado es amigo, primo o correligionario! No se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Los fiscales que acusan son perros de presa fuera de control; los jueces que encarcelan son oscuros operadores políticos. Entonces, vamos lanzando sentidos comunicados sobre la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. ¿Abrir cuentas bancarias? ¿Incautar teléfonos? ¡Cómo se les ocurre! El “garantismo” deja de ser una palabra sucia y las garantías de los investigados se vuelven sacrosantas.

Para qué seguir, ustedes conocen de memoria el libreto de la hipocresía. Que también aplica al siempre popular asunto de los test de drogas.

Cada año, en discusiones como la Ley de Presupuesto o el reajuste a los empleados públicos, entra de contrabando la indicación para hacer controles de drogas. La lideran habitualmente UDI y republicanos. A fines de 2025 se sumaron, con súbito interés, los socialistas; claro, ahora esos exámenes no les tocarían a ellos, sino al gobierno de Kast.

El actual gobierno usó con maestría los test como arma de campaña para instalar la duda sobre los adversarios. Nada más popular que salir en la tele cortándose un mechón de pelo y apuntando a todos con el dedo.

Cualquiera que no se haga el test, o que pida debatir con seriedad el asunto, o es drogadicto o es narco. O ambos. Claro: el que nada consume, nada teme. ¿No?

Hasta que uno de los “nuestros” da positivo. Y ahí todo cambia.

Senda licitó los test al laboratorio Corthorn Health, que los ejecutó de acuerdo a los protocolos legales. El entonces subsecretario de Hacienda, Juan Carlos Rodríguez, dio positivo, y se negó a someterse a la contramuestra legal. En cambio, encargó exámenes privados, con otros estándares de los reglamentarios.

Y eso basta para decir “aquí no ha pasado nada”.

El presidente de la UDI exigió que Rodríguez fuera reincorporado al gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que lo hecho con él es “cruel”. Y el presidente del Partido Republicano fue más allá y exigió la renuncia del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y de “toda la gente inmoral” que no lo defendió.

Es para quedar atónitos. Los mismos que obligan a estos test de drogas se dan vuelta la camisa en un segundo si el cuestionado –de acuerdo al procedimiento que ellos mismos exigieron y aprobaron– es uno de los suyos.

Pensemos en el absurdo por un segundo. Con esta lógica, cualquier conductor que haya arrojado alcoholemia positiva en el SML podría llegar con sus propios exámenes ante el juez y quedar libre de castigo.

O un deportista pillado en un control antidoping podría encargar sus propios estudios y exigir que le devolvieran sus medallas (si en el gobierno tienen dudas al respecto, pueden preguntarle a la ministra del Deporte, que tiene experiencia en esta materia).

¿A qué se debe esta defensa corporativa? Obviamente, a que Rodríguez es uno de los “nuestros”. Según un perfil de La Segunda, es “mano derecha” de uno de los empresarios más poderosos de la derecha económica, Gonzalo Bofill. Y tiene lazos personales y políticos con las cúpulas de la UDI y Republicanos.

Ex-Ante zanjó el problema con su titular: “Examen definitivo de la UC pone en jaque al laboratorio que hizo examen de drogas”. ¿Por qué un examen particular es “definitivo”, por sobre el ordenado por la ley? Misterios de cierto periodismo. El mensaje para el “cuestionado laboratorio”, según lo llama Ex-Ante, es clarísimo: no se metan en problemas.

En paralelo, el seremi de Cultura de Los Lagos, Eduardo Leiva, protagonizó un caso idéntico: dio positivo, se negó a la contramuestra y se hizo un examen privado que, según asegura, dio negativo. Pero como Leiva no es parte de esa élite, a nadie le importó.

Rodríguez está en todo su derecho de defender su imagen y pedir exámenes privados. Él acusa ser víctima de un falso positivo, lo que es posible. Esos falsos positivos existen, y por eso se hace la contramuestra a la que él se negó.

También es posible que un consumo ocasional fuera detectado en el examen oficial pero no en el particular, que cubre fechas distintas, usa otra técnica y tiene niveles más bajos para marcar positivo (500 nanogramos contra 300).

No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, al negarse a cumplir el proceso regular, Rodríguez incumplió el estándar fijado por el gobierno para ocupar un cargo público.

También sabemos que el aprovechamiento político es insólito. El diputado DC Héctor Barría se llevó la medalla de oro a la declaración más absurda, diciendo que la “adicción” del exsubsecretario “vicia completamente la megarreforma, en fondo y forma”, y que “habría que hacer borrón y cuenta nueva y comenzar todo de cero”.

La guinda del postre la puso el gobierno al reaccionar con una reforma constitucional para que cualquier autoridad que dé positivo a un test, incluyendo al presidente de la República, sea destituida de su cargo.

Imaginemos que esta reforma se aprueba y mañana ocurre esta misma tragicomedia, pero ya no con un subsecretario, sino con el mismísimo presidente de la República. Debería ser destituido ipso facto.

Es una locura: ¡le estamos dando a un laboratorio el poder para destituir al presidente de la República!

¿Y si es un falso positivo? ¿Y si el presidente se atrinchera en La Moneda enarbolando exámenes privados con otro resultado?

Estamos definiendo que un test de pelo puede reemplazar a la soberanía popular, y que la estabilidad de la República depende del análisis de un mechón.

¿Alguien piensa por un minuto antes de proponer estas barbaridades?

Los hechos de estas semanas han sido, en ese sentido, un test ilustrativo. Porque han demostrado lo vacuos que son estos discursos y lo torpes que son estos proyectos. Basta que el apuntado con el dedo sea uno de los “nuestros” para que toda esta prédica indignada se convierta en justificaciones para saltarse la norma que ellos mismos inventaron.

Porque escupir al cielo sale gratis… hasta que la gravedad hace lo suyo.