El general (R) director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acaba de participar del encuentro de seguridad “Alianza” que organizaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Justicia de Brasil. Tras su retorno, uno de los asuntos obligados a analizar fueron los anuncios que realizó el Presidente José Antonio Kast para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Como director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la AChM, Yáñez destina parte importante de su tiempo al estudio de las políticas públicas que se implementan pues, a su juicio, tanto Chile como el resto de América Latina -y también el Caribe- atraviesan “la mayor crisis de seguridad de la historia reciente”.

La clave, insiste, es que los países enfrenten la problemática de manera conjunta, aunque en esa senda, el exgeneral director de la policía uniformada califica como “una luz de esperanza” lo anunciado por el Mandatario el pasado 5 de agosto en cadena nacional.

“El reciente mensaje presidencial y los anuncios en materia de seguridad apuntan en la dirección correcta. Aunque se le catalogue coloquialmente como una ‘megarreforma de seguridad’, estas propuestas vienen a complementar decididamente las medidas previas destinadas a fortalecer a nuestras policías, Fuerzas Armadas (FF.AA.), Gendarmería, seguridad privada y municipal”, asegura Yáñez al abordar los anuncios en conversación con La Tercera.

Uno de los primeros puntos que releva, es que el Estado no puede exigir más a las instituciones de orden y seguridad, ni a las FF.AA., si el propio entramado institucional no los protege de manera efectiva

Por ello, considera que los anuncios “constituyen una excelente señal que el Congreso debe discutir con la seriedad y oportunidad que la ciudadanía demanda. De lo contrario, superaremos un punto de no retorno. Como he sostenido en reiteradas oportunidades, el Estado no puede prescindir de ninguna de sus capacidades y medios para asegurar a la población. Es imperativo entender que la seguridad no representa un costo, sino una inversión prioritaria que, aunque llega tarde, finalmente se está materializando”.

“Sin orden no hay paz, sin paz no hay desarrollo, y sin este último nos estancamos en el ámbito económico, social e intelectual. Esta reforma genera esperanza en miles de funcionarios públicos —integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las FF.AA.— que después de muchas décadas sienten una sintonía real con la dura cotidianidad que enfrentan”, sostuvo.

A juicio de Yáñez, la agenda presentada por Kast considera asuntos estructurales. Como indica, definir la obligación del Estado de entregar seguridad “no es un eslogan, es un deber constitucional que exige articular todos sus componentes de manera real y efectiva”. Para eso, advierte, tiene que haber una conducción clara y que las labores de cada entidad estén delimitadas.

“En ese sentido, resulta indispensable blindar a nuestras fuerzas con una legítima defensa que les permita enfrentar al crimen organizado sin dudas ni inhibiciones. El sistema debe operar bajo el principio de garantía de que el personal actúa profesionalmente, de buena fe y ajustado a derecho, respetando los derechos humanos de todos los habitantes, sin distinciones odiosas ni polarizadas. El aumento del plazo de la flagrancia es una herramienta técnica muy positiva. El estándar de la prueba en el sistema procesal penal es cada vez más alto y los investigadores requieren de mayor tiempo para incorporar las evidencias científicas necesarias antes de poner a los infractores a disposición de los tribunales”, apunta.

Si bien la creación de un nuevo estado de excepción ha generado amplio debate, y voces como la del exministro de Seguridad Luis Cordero han advertido que podría ser riesgoso e innecesario que militares se desplieguen en sectores críticos, para Yáñez podría ser más que provechoso.

“Evaluar el uso de las FF.AA. bajo un estado excepcional distinto y bajo la conducción de la autoridad policial es un camino correcto. Quienes conocen, analizan y tienen la experiencia directa en el control del orden público y el combate delictual son las policías. Por lo tanto, la conducción estratégica y operativa para el apoyo colaborativo de las FF.AA. en barrios críticos debe recaer estrictamente en un cuadro policial”, dice.

Consultado respecto de que la reforma incluya habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades, el uniformado en retiro sostuvo que serán los expertos en derecho constitucional los llamados a trabajar junto a los parlamentarios para buscar la mejor regulación. Eso sí, postula que, en base a su experiencia en la materia, es un camino que hay que evaluar.

“Cuando el delito tiene costo cero para los delincuentes, se hace atractivo y rentable. Entendiendo que las probabilidades de ser detenido son bajas, quedar en prisión preventiva también, ser condenado aún más y que finalmente cumpla la condena casi imposible, hace sentido aplicar otras medidas que realmente impacten y que así al menos quienes cometan delitos, tengan plena conciencia que esto los afectará en la pérdida de beneficios, porque así estos serán asignados a quienes realmente quieren vivir respetando las normas que regulan nuestra convivencia. Es una discusión que debe darse para cambiar el escenario, porque seguir haciendo más de lo mismo no cambiará nada y el país ya se cansó”, comenta.

Aunque el general (R) estima que habrá sectores que considerarán insuficientes las propuestas, recalca “que el plan por sí solo no es el trabajo final, este proyecto no asegura de forma automática el cumplimiento de los procesos ni la generación de resultados”.

Por lo mismo, subraya que “corresponderá a todos los sectores técnicos y políticos ejecutarlo con rigor, evaluarlo constantemente y medir su verdadero impacto en pos del objetivo supremo: devolver la paz y la tranquilidad a nuestra patria”.