Chile es sin duda un país privilegiado en materia de naturaleza y biodiversidad. No solamente destaca por ser un país reconocido por sus paisajes, sino por contar con espacios abiertos y contacto con la naturaleza que lo hicieron merecedor de estar dentro del ranking de los diez mejores destinos para visitar el 2024, según la Lonely Planet. Chile efectivamente está concentrado en grandes ciudades en la zona centro, pero asimismo esto genera contar con muchos espacios de densidad muy baja que permiten tener un contacto con la naturaleza y nivel de biodiversidad únicos en el planeta.

Durante la COP de biodiversidad del 2022, se declaró la aspiración de contar con el 30% de la superficie protegida al 2030, en donde Chile cuenta ya con el 21% de su superficie protegida por Conaf, lo cual aumenta a un 37% del territorio al considerar bajo alguna figura de conservación de patrimonio natural, ya sea pública o privada. Además, de contar con un 43% con protección marina, lo cual nos llena de orgullo y nos convierte en un referente mundial (dentro de los diez países con mejores índices) en esta materia.

Ahora bien, ¿qué ocurre si fuera de tener un nivel referente, la política pública termina finalmente descuidando el manejo de las áreas protegidas para priorizar esfuerzos en ampliar su influencia en zonas no protegidas? En esa línea, llama la atención la proliferación de controles y restricciones en áreas no protegidas de la implementación de la ley SBAP (la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), cuando al mismo tiempo el 98% de la superficie protegida no cuenta con planes de manejo ni presupuesto adecuado para preservar el valioso y masivo capital natural existente.

La vulnerabilidad ante el cambio climático y riesgo de incendios genera una amenaza real que es subponderada en relación con la voluntad de avanzar en nuevas exigencias y obligaciones en zonas urbanas, industriales o agrícolas no protegidas que sí ponen en peligro el desarrollo del país en un momento de alto desempleo y bajo surgimiento de inversión y oportunidades.

El tema de preservación de nuestro capital natural y armonización ambiental con desarrollo y mejora de calidad de vida de las personas se torna crítico al momento de que la propuesta de reglamentación de la ley SBAP establece estrictas prohibiciones a todo tipo de intervención, remoción, extracción de flora y fauna de todo tipo. Si existe el precedente de la Corte Suprema, que revocó la declaración de nuevos parques nacionales por no seguir un procedimiento adecuado, necesariamente el proceso de validación de parques y eventual creación de nuevas áreas debe ser fruto de un proceso que considere los factores sociales, económicos y ambientales tal cual lo recoge el espíritu del artículo 68 de la ley base de medio ambiente. La decisión de una nueva área de protección es un tema institucional de largo plazo que no puede ni apurarse ni quedar sujeto a un voluntarismo circunstancial contra el tiempo, sino que sea desarrollado como nuestro activo, siempre sujeto al bien superior de Chile.

Así como existe un alto consenso y transversalidad al momento de culpar a la permisología por sus implicancias en ralentizar y detener la inversión, existe aprehensión sobre las consecuencias de la forma en como finalmente termine redactada la implementación SBAP. Dependiendo de cómo concluya, en vez de proteger a nuestro capital natural y consolidar un ambiente con niveles altos de sostenibilidad de biodiversidad protegida, puede no solamente terminar descuidándolo sino agravando un agónico proceso permisológico en las áreas de vocación productiva, en un momento que necesitamos urgentemente de inversión y crecimiento para salir adelante.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa