Se llama “deuda flotante” y es la que tiene el Fisco con sus proveedores. O sea, son las facturas impagas del Fisco al sector privado y de las cuales los proveedores dudan mucho antes de reclamar: pueden ser castigados por las reparticiones fiscales acusadas. Para aliviar la carga, Banco Estado tiene una línea de “confirming” de facturas impagas del Fisco en ciertos ministerios, lo que da cuenta de que el Fisco reconoce el problema, si no, ¿para qué tiene esta línea tan especial?

Y es un tema de larga data, solo que ahora se ha agudizado. Especialmente abultadas son las deudas de los ministerios de Educación, Obras Públicas y Salud, pero Codelco tampoco se ha librado del problema, con litigios al respecto y cartas a los medios. Esta “deuda flotante” se ha duplicado últimamente, y el tema -en particular del Minvu- está que arde en los medios y en el Parlamento.

Si bien hoy el tema ha salido a la luz pública (y en buena hora: ¡gracias Evelyn!), es de antigua data. Un ex director de Tesorería me contaba que en Piñera I se decidió “limpiar” la deuda flotante, para así ayudar a los acreedores. Se hizo, pero en poco tiempo los ministerios y sus dependencias volvieron a endeudarse con los proveedores al mismo nivel anterior a “la limpieza”, por lo que el gobierno prefirió que continuaran endeudados (y presionados) para limitar sus gastos. Lo malo es que los acreedores -dentro de los cuales no solo hay grandes empresas- deben endeudarse con bancos, factoring y otro tipo de financistas, en general muy renuentes a descontar facturas del Fisco, por la incertidumbre de su fecha de pago, que puede prolongarse a veces hasta por años.

Esto denota no solo una mala estimación de los ingresos fiscales (tema ya recurrente en este gobierno), sino también una subestimación de gastos y una muy baja disciplina en el cumplimiento presupuestario de los ministerios y de las instituciones a su cargo. Y como tantas otras cosas en Chile, los ministerios “pueden” gastar más de lo comprometido, y como no pasa nada después, “se hace” y con total impunidad. Pierden los proveedores y toda la cadena productiva que de ellos cuelga. Ganan los pocos bancos que se atreven, y los financistas no regulados que sí se atreven, pero a tasas espantosas.

La ley es muy clara: pago máximo 30 días, salvo consentimiento del acreedor (ojo: muchas veces eso se obtiene bajo presión indebida). Si esto rige para el sector privado, mucho más riguroso debe ser el sector público.

Y “la deuda flotante” bien medida -incluyendo municipalidades, empresas estatales y gobernaciones- cuyo monto global es aún impreciso, debe incluirse en el presupuesto presentado al Parlamento. Y si se quedan cortos en el camino, la vía no puede ser irse contra los proveedores, sino ponerse colorados, admitir los errores, y pedir autorización para emitir más deuda por el monto en que se equivocaron. Eso es un mínimo de transparencia, que los obligaría a tener protocolos de disciplina fiscal más rigurosos.

Hace bien Evelyn Matthei en levantar el punto en el minuto correcto, que es la discusión presupuestaria. Y todo el espectro político (y por qué no también Dorothy) debería plegarse a la iniciativa de “chao deuda flotante”.

Por César Barros, economista